Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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Un equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por el ministro Carlos Fernández Valdovinos, presentó los principales lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo - Paraguay 2050 (PND 2050) durante una reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, liderada por el presidente Raúl Latorre.

Desde la Cámara Baja informaron que este plan representa uno de los hitos institucionales más relevantes tras la fusión del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de Planificación.

Destacaron que esta reestructuración fortalece la capacidad del Estado para articular una visión estratégica unificada, alineando la planificación del desarrollo con la gestión fiscal, según argumentaciones.

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Este plan que se extiende hasta el año 2050 teniendo en cuenta que el PND ofrece un marco integral de políticas públicas que orienta la acción estatal en el corto, mediano y largo plazo, trascendiendo periodos de gobierno y promoviendo la continuidad de las estrategias nacionales.

Según el informe del ministro Fernández Valdovinos, se destaca el carácter integrador y el enfoque participativo de esta iniciativa, lo que resulta en un proceso que incluye aportes de autoridades y expertos nacionales e internacionales, así como representantes de diversos sectores y la ciudadanía en general.

El viceministro de Economía, Felipe González Soley, a su turno, fue el encargado de presentar la estructura y el proceso de elaboración del PND 2050.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Meza, valoró la presentación y dijo que se trata de una herramienta estratégica para el futuro del país.

“Es importante entender que este plan tiene una visión que trasciende los gobiernos y busca proyectar nuestra economía y desarrollo hacia las verdaderas necesidades de la gente. Es un plan que nos une a todos los paraguayos”, expresó.

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La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó a primera hora del miércoles pasado un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo ciertas condiciones, tras un extenso y vehemente debate de la norma que ahora pasa a discusión a una comisión del Senado. Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.

El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados. Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.

Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos. “Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.

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Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales.

“Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.

De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.

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Entre los opositores al proyecto denominado “Muerte Digna”, el diputado del centroderechista Partido Nacional Andrés Grezzi consideró que se instala que “las personas morirían de forma indigna” sin la ley, cuando “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte”.

Los cuidados paleativos están reglamentados en Uruguay, pero el código penal uruguayo sanciona con prisión a quién ayude a cometer suicidio. En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62 % de los uruguayos está a favor y apenas un 24 % en contra.

Fuente: AFP.

El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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