El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de resolución “que prorroga el tiempo de duración de la CBI para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos”, que en principio debía funcionar por solo 60 días. La propuesta fue presentada por el senador y presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre hechos punibles de lavado de dinero y delitos conexos, Jorge Querey, y fue aprobado por el pleno de la Cámara Alta.
“El proyecto de resolución es acogiéndonos a la posibilidad constitucional para el trabajo de la Comisión Bicameral de Investigación. Estimo que en dos o cuatro semanas podemos concluir este trabajo. Sin mayores detalles, creo que se justifica en sí mismo el trabajo, de tal manera que el esfuerzo sea lo más estructurado, lo más racional y lo más recomendado posible”, expuso el senador ante el pleno.
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Por su parte, el senador Enrique Riera refirió que está de acuerdo con la prórroga del trabajo de la comisión, pero que otros sectores y representantes de bancos deben ser convocados por la CBI. “Me parece muy razonable el pedido del colega, solo me gustaría que se incorpore en estas semanas lo que se pretende prorrogar. Hay otras personas que deben ser convocadas, a mi criterio, para ser escuchadas también”, mencionó.
Mientras tanto, el senador Juan Carlos Galaverna también solicitó que sea convocado por la comisión bicameral el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, involucrado en un esquema de lavado de dinero. “Desconozco el trabajo de la comisión, asumo que conozco solamente lo que se publica. Que se investigue al banco Atlas, el banco de una familia de destacada sinvergüencería”, sentenció Galaverna.
De la misma manera, la Cámara de Diputados también ya aprobó en la sesión de ayer miércoles la prórroga de 30 días más para el seguimiento del trabajo de investigación. En este caso, el proponente fue el diputado Jorge Ávalos Mariño. Con la aprobación de ambas cámaras del Congreso, se habilita a seguir con los trabajos de investigación por un mes más.
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Senadores prevén aprobación de reforma del transporte público en próxima sesión
Senadores de las comisiones de Obras Públicas y de Legislación confirmaron que el proyecto de ley de Reforma del Transporte Público del Poder Ejecutivo se encamina a su aprobación la próxima semana. El Senado abordará la iniciativa el próximo miércoles 3 de setiembre, fecha fijada al establecer su tratamiento de código para su estudio.
En conversación con La Nación/Nación Medial, el titular de la comisión de Obras Públicas, y líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, indicó que ya existe una postura firme de bancada de acompañar la aprobación del proyecto que tiene como objetivo principal transformar el sistema actual, considerado ineficiente, caro y desbordando, por un servicio moderno, seguro, accesible y sostenible.
El proyecto también busca reafirmar la rectoría sobre el transporte terrestre (pasajeros, cargas, vehículos especiales, ferroviario) en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Así como regular el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, a los efectos de garantizar una provisión con calidad y acorde a la dignidad de las personas usuarias.
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“No se prevén muchas modificaciones al proyecto, sí hay muchos aspectos estudiados y analizados, pero las principales modificaciones serán más de estilo que de fondo. Creo que en la Comisión de Obras ya hemos analizado bien, y esperamos tener dictamen este martes que viene y creo que todas las otras comisiones estarán presentando dictamen para la sesión del miércoles”, precisó Chase.
Fortalecer la clase media
Por su parte, el titular de la comisión de Legislación, Derlis Maidana, destacó que, junto con el programa de viviendas y Hambre Cero, la reforma del transporte traerá una verdadera transformación al país, ya que son verdaderos hitos que el Gobierno busca alcanzar para fortalecer la clase media.
“El transporte es un problema que afecta directamente a las personas, especialmente a la clase trabajadora de nuestro país, es una deuda histórica con la ciudadanía no podemos seguir con este sistema que no funciona y es obsoleto”, cuestionó.
Maidana señaló que el transporte público es un tema urgente y necesario si hablamos de fortalecer el crecimiento económico, además por una cuestión de compromiso con el pueblo debemos con urgencia reformar el sistema de transporte público.
Principales aspectos
El senador Maidana brindó detalles sobre los principales aspectos que contempla la propuesta normativa, señalando que regula el servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. “El servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se declara servicio público imprescindible, garantizándose, como tal, su prestación continua y regular”, remarcó.
También señaló que se prevé la posibilidad de declarar nuevas áreas metropolitanas, sobre la base de indicadores objetivos, con ratificación por decreto del Poder Ejecutivo. Comentó que se establecen principios rectores, destacándose el de planificación metropolitana que enfatiza lo necesario para comprender el fenómeno de la integralidad de los desplazamientos entre municipios.
Asimismo, se ratifica que el servicio de transporte metropolitano es un servicio regulado por el Estado, pero prestado por privados mediante concesiones. No obstante, aclaró que establece con claridad que podría ser prestado por el mismo Estado cuando así lo exija el interés público.
Manifestó que el proyecto también detalla las competencias del Viceministerio de Transporte, como órgano desconcentrado del MOPC en la regulación del servicio metropolitano y define los términos de la armonización de competencias con las municipalidades de las áreas metropolitanas; previéndose acuerdos de largo plazo con ellas, de no menos de 15 años (coincidente con el plazo máximo de concesión), para actividades de implementación de la ley.
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Canciller entrega informe sobre lavado de la CBI a Estados Unidos
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, entregó el informe elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al encargado de Negocios de la embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, así se informó desde Cancillería en la tarde de este jueves.
“Se entregaron dos ejemplares del informe elaborado por la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio del Congreso Nacional. Este informe aborda hechos punibles relacionados con lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”, informaron desde la cartera diplomática.
Asimismo, indicaron que la entrega de estos documentos se realizó a solicitud de la propia comisión, la cual requirió la colaboración de la embajada norteamericana para que este informe llegue al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia de dicho país.
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El informe de la Comisión fue presentado el pasado 14 de julio ante el Congreso, días más tarde, el contenido fue remitido al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Contraloría. El presidente de dicha comisión, el senador Dionisio Amarilla ya había adelantado que el objetivo es que dicho informe llegue a Estados Unidos.
El trabajo de la comisión concluyó en un informe compuesto por nueve tomos y cuenta con el respaldo de 231 biblioratos de documentación, fruto de más de seis meses de trabajo parlamentario. Entre las líneas investigativas principales, la CBI identificó tres núcleos de presuntas irregularidades:
- Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
- Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
- Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
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Decisión final del TSJE será la compra o alquiler de las máquinas de votación, afirma Bachi Núñez
El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso y de la Cámara Alta, ratificó su confianza en los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quienes son los que resolverán con total independencia si continúa o no con la compra, o bien, el alquiler de las máquinas de votación.
El parlamentario conversó con los medios de prensa respecto al proyecto de declaración del Senado, que se aprobó este miércoles, por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de las máquinas de votación y recurrir a un llamado de licitación por vía de la excepción para el alquiler de las mismas.
Esta propuesta surgió teniendo en cuenta que actualmente el proceso de compra está atrasado debido a una serie de protestas y reclamos presentados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Al respecto, el titular del Legislativo aclaró que lo expresado por el Senado es una propuesta que insta a optar por el alquiler de las máquinas, para garantizar el proceso electoral con miras a las Municipales 2026, pero enfatizó que la decisión final es del TSJE lo que crea más conveniente.
“A mi parecer, se tiene que hacer lo que digan los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Mi confianza como presidente del Congreso está depositado en los tres ministros”, enfatizó.
Decisión del TSJE
Por otra parte, indicó que desconoce a qué grupo empresarial se le podría estar beneficiando en el tema de la compra de las máquinas de votación. Recordó que, en el ámbito de la Justicia Electoral, el oficialismo actualmente es minoría, en las decisiones que toma este órgano extra poder.
Indicó que si bien, el actual presidente del TSJE es Jaime Bestard que representa al Partido Colorado, los otros dos miembros, son del Partido Liberal, y del tercer espacio, respectivamente.
Asimismo, remarcó que el proyecto de declaración finalmente no es vinculante para nada, y que la decisión está en la voluntad que puedan tener los miembros del Tribunal Superior.
“Para nada hay presión, ya que incluso en las mesas estamos siempre en minoría. Lo que sí queremos es contar con todas las garantías. Yo creo que este proyecto de declaración solo está instando, pero la decisión final estará en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, acotó.
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Senado insta al TSJE a suspender compra de máquinas de votación y optar por el arrendamiento
La Cámara de Senadores aprobó en mayoría un proyecto de declaración por el cual insta a la Justicia Electoral a suspender la compra de máquinas de votación y recurrir al alquiler de las mismas, debido a excesivos trámites burocráticos que están imprimiendo el proceso.
La moción fue planteada sobre tablas por el senador liberal Dionisio Amarilla, y acompañada por la mayoría, debido a la indefinición del llamado a licitación de compra de máquinas de votación. Señaló que el actual proceso de licitación pública para la adquisición de máquinas de votación ha generado una serie de controversias políticas.
Indicó que el planteamiento surge a fin de precautelar la credibilidad de la institución y de los futuros procesos electorales. Aclaró que el planteamiento incluso fue consultado con el presidente de la comisión permanente de Asuntos Electorales del Senado, sobre la necesidad de buscar otros mecanismos que garanticen el buen proceso electoral con miras a las Municipales 2026.
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No obstante, el senador Amarilla destacó que desde la Cámara Alta reconoce la trayectoria, imparcialidad y compromiso institucional del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la conducción de los asuntos electorales, manifestando su confianza en su integridad y desempeño.
“Creemos que ya en esta época del año, es plausible analizar la posibilidad de recurrir al arrendamiento de las máquinas de votación y no insistir en las compras”, expresó.
Por vía de la excepción
De acuerdo al documento aprobado se recomienda al TSJE que, en uso de las facultades conferidas por la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, proceda a la apertura de un nuevo llamado por la vía de la excepción, destinado al arrendamiento de máquinas de votación, a fin de garantizar la disponibilidad de tecnología electoral en los plazos requeridos para la organización de los comicios.
Igualmente, insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a agilizar los procesos en el marco del procedimiento de exención para asegurar la provisión de máquinas de votación para las próximas elecciones municipales.
Apoyo
A su turno, el senador Arnaldo Samaniego, como miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, confirmó su apoyo a la propuesta preocupado por todo lo que refiere a la adquisición de las máquinas de votación.
Explicó que atendiendo a la premura del tiempo que tal vez ya no alcance para la compra de las máquinas, y teniendo en cuenta que existen aún protestas no resueltas en la DNCP, dentro de la comisión han convocado a técnicos y a las autoridades del TSJE para evacuar las dudas ante la situación.
“Creemos conveniente que el llamado a licitaciones para la adquisición de las máquinas debe interrumpirse y debe necesariamente proseguir el proceso que garantice nuestra democracia en la realización de elecciones y sean sustituidos este mecanismo de llamado por el de arrendamiento o alquiler de las máquinas. Esto, con la absoluta certeza de que desde nuestra comisión seguirá de cerca este proceso", acotó.
En tanto, algunos legisladores de la oposición, plantearon la postergación por una semana para un mejor análisis de la propuesta declaratoria; sin embargo, la misma no logró contar con la mayoría necesaria.