La diputada Rocío Vallejo sostuvo que llama la atención y preocupa la paralización de la licitación que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para la adquisición de las máquinas de votación por una medida cautelar del Tribunal de Cuentas. La legisladora indicó que se pone en riesgo la realización de las elecciones municipales programadas para el 2026.

“Esto nunca ocurrió, se da una medida cautelar y, ¿cuánto va durar hasta que resuelva el fondo el Tribunal de Cuentas?, sabemos que por su celeridad no se caracteriza. Esto paraliza el proceso, y ya que venimos retrasados, con el retraso que teníamos la expectativa era adjudicar, para que la empresa adjudicada empiece a fabricar las máquinas y tengamos las primeras máquinas a fin de año”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que también existe la posibilidad, si no se cuenta con las máquinas de votación, volver a las papeletas, lo que será inaplicable con las listas desbloqueadas. “Realmente preocupados por este proceso, a que se paralice, a que tengamos que volver a las papeletas. Con listas bloqueadas ya luego era difícil y con listas desbloqueadas, contar de 800 listas uno a uno, es algo impracticable”, cuestionó.

Otras de las probabilidades que mencionó la diputada es que se unifiquen las elecciones municipales con las generales, lo que calificó como un gran riesgo. “Puede afectar directamente a las municipales o unificar todas las elecciones. Llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo y puede tener efecto directo en nuestra democracia cercana”, mencionó.

Por otra parte, también se refirió a la posibilidad de una elección en los municipios que se encuentran en proceso de intervención, como Asunción y Ciudad del Este, en el caso de la renuncia o destitución de los intendentes.

“Esa podría ser la elección más próxima porque si es destituido si o si, aunque falten dos meses para que termine el mandato se tiene que llamar a elecciones, no hay máquinas, ¿va salir una ley que diga que vamos a usar devuelta las papeletas?, ese es el peligro”, puntualizó.

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Diez candidatos disputarán la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de agosto próximo, informó este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una lista de los que está ausente el expresidente Evo Morales.

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Morales, de 65 años, no pudo registrar su candidatura para el partido “Pan-bol”, porque el TSE anuló con anterioridad la personería jurídica de esta agrupación por incumplir la ley.

El exmandatario persistía en su candidatura, desconociendo un fallo de la justicia que impide más de una reelección presidencial. Morales gobernó tres veces entre 2006 y 2019.

El dirigente izquierdista apoya los bloqueos de caminos que se están llevando a cabo en todo el país desde el lunes como forma de protesta.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, explicó que el organismo no demostró la situación de Morales, por no tener partido. “El Tribunal Supremo Electoral decidió adoptar una decisión cancelando la personalidad jurídica de este partido” (Pan-bol), señaló.

En la lista de candidatos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien rompió vínculos tanto con Morales, su mentor político, como con el actual mandatario Luis Arce, enfrentado a Morales, de quien fue ministro de Economía.

Rodríguez es el principal aspirante presidencial de un bloque de candidatos de izquierda que completan el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo (del Movimiento al Socialismo), y la alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa (del partido Morena).

Del Castillo reemplaza como candidato a Luis Arce, que declinó ir por la reelección, atosigado por protestas sociales a causa de una aguda crisis económica.

El bloque de la oposición de derecha está encabezado por el empresario Samuel Doria Medina (Unidad), el expresidente Jorge Quiroga (Libre) y el alcalde de la ciudad de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia).

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Una encuesta de principios de mes de la empresa Ipsos CIESMORI, difundida por el canal privado Unitel, descubrió que Doria Medina es primera con 19,1% de la intención de voto, seguida por Quiroga (18,4%), Rodríguez (14,2%) y Reyes Villa (7,9%).

Los cómicios se llevarán a cabo el 17 de agosto.

Fuente: AFP

El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.