El abogado Eduardo González criticó que el juicio político que pretende la oposición contra la Fiscal General de Estado es impulsado en alianza con un legislador oficialista que presuntamente estaría vinculado a una operación de la Senad. Foto: Archivo/Nadia Monges.
Cuestionan firma en libelo acusatorio de legislador investigado por hechos de narcotráfico
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El apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, crítico el doble discurso dentro de la concertación opositora al indicar luchar contra el crimen organizado y otros flagelos planteando el juicio político a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, pero contando con el respaldo de un parlamentario del movimiento Fuerza Republicana presuntamente vinculado al narcotráfico.
Al respecto, el abogado apuntó directamente contra el diputado Éver Noguera, perteneciente al primer anillo del segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario Hugo Velázquez, y hoy principal firmante del enjuiciamiento a la Fiscal General del Estado (FGE).
“Con el sesgo que tienen de la oposición se puede esperar cualquier cosa. La gente se tiene que dar cuenta, nosotros estamos hablando sobre la existencia de grabaciones mediante una orden judicial respecto a un diputado que está siendo investigado por hechos de narcotráfico, Éver Noguera, quién hoy es precandidato por Fuerza Republicana para gobernador del Guairá. Él firmó el libelo acusatorio con la gente de la oposición, entonces de qué pueden hablar”, indicó mediante una entrevista con el canal América Paraguay.
En el marco de la investigación denominada Belia sobre tráfico internacional de drogas peligrosas, la Secretaría Nacional Antidrogras (Senad) interceptó presuntas llamadas telefónicas entre el diputado oficialista y Hugo Antonio Meza Huespe, procesado por tráfico de cocaína.
El diputado Éver Noguera junto al Vicepresidente y aspirante al cargo de mandatario Hugo Velázquez. Foto: Gentileza.
Según las pesquisas, el diputado aparentemente brindaba protección política al supuesto narco y, en ocasiones, participaba supuestamente del esquema de lavado con su empresa Itapoty SA, además de cometer a la vez tráfico de influencias, según la investigación. De acuerdo al informe de la Senad, en un momento dado, Hugo Meza llegó a pedir su ayuda política para interceder en la designación de una magistrada que formaba parte de una terna en el Poder Judicial.
Meza Huespe sería un miembro de la banda liderada por el jefe narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo criminal estuvo involucrado en el tráfico de sustancias ilícitas al continente europeo en bolsas de carbón vegetal embarcadas en contenedores y llevadas a los principales puertos fluviales para su ingreso al mercado europeo.
Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
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LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
Arnaldo Giuzzio, ministro y cercano al entorno del expresidente Abdo, fue vinculado a un narcotraficante brasileño. Foto: Archivo
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
Pedro Ovelar indicó que los exfuncionarios sabían que su cliente "era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo mediática y socialmente". Foto: Archivo
“El final de la historia está absolutamente demostrado”
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“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
El senador Gustavo Liete cuestionó el "moralismo" de los colaboradores de Abdo Benítez, que permitieron el auge del narcotráfico en el país con el gobierno anterior. Foto: Archivo
“Tienen que explicar el auge del narco”, afirma senador sobre excolaboradores de Abdo
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El senador Gustavo Leite respondió las declaraciones de la exministra de Justicia y cercana colaboradora del gobierno de Mario Abdo Benítez, Cecilia Pérez. La misma hizo referencia sobre una supuesta mutación de las mafias y las acciones del actual gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El legislador sostuvo que, son ellos, colaboradores e incluso el expresidente Abdo, los que deben responder sobre el auge del narcotráfico y los vínculos con narcotraficantes, en ese gobierno.
“Desviar la atención, es la marca registrada de Mario Abdo Benítez y su gavilla. Tienen que explicar el auge del narco y sus vínculos con su propio ministro de Senad y luego ministro del Interior. Típico, se les viene la noche. Que les cuenten sus mentiras a los fiscales y jueces”, cuestionó el senador Leite para La Nación/Nación Media.
Así también, afirmó que es el momento que los integrantes del gobierno anterior, empezando por Mario Abdo, den explicaciones sobre los vínculos que se mantuvo en esa época con personas apuntadas como narcotraficantes, como es el caso del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, que precisamente está enfrentando un proceso judicial.
“Usa la victimización tiene límites en los medios amigos y en la gente, llegó la hora de demostrar porque liberaron las fronteras para que campee el narco tráfico en la era Marito y porque el ministro del Interior del gobierno anterior (Arnaldo Giuzzio), se fue de vacaciones en el auto proveído por una persona sindicada como capo narco espero que le hayan aclarado a la OEA (Organización de los Estados Americanos) esos temas”, apuntó el senador para LN.
Finalmente, criticó que ninguno de los que formaron parte del gobierno anterior no tienen autoridad moral para dar ese tipo de manifestaciones o apuntar a un gobierno sobre las acciones en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
“Ninguno de los denunciantes, ni abogados, ni mandantes tiene un ápice de autoridad moral o de credibilidad ciudadana deben enfrentarse a la justicia. Sus mandantes deben enfrentarse a la justicia”, sentenció.
El exsenador Sixto Pereira indicó que la situación de la oposición debe ser analizada y se debe establecer los puntos sobre los cuales se van a trabajar de forma conjunta entre los diversos partidos. Foto: Gentileza
La oposición en el Congreso “deja mucho que desear”, cuestiona exsenador
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El exsenador Sixto Pereira habló respecto a cómo ve a la oposición en el Congreso actualmente. “Es un cambalache”, manifestó, y señaló que para futuros procesos electorales se deben establecer los acuerdos por los cuales se van a trabajar, no obstante, primeramente el Frente Guasu, necesita articularse internamente.
“Es un cambalache como decía esa canción argentina, deja mucho que desear, se prostituyó la política en ese sentido. Hay gente que no merece estar, a pesar de las diferencias, no tienen capacidades, hay que redefinir esta situación”, cuestionó el exparlamentario en conversación con La Nación/Nación Media.
Para Pereira, la situación de la oposición debe ser analizada y se deben establecer los puntos sobre los cuales se van a trabajar de forma conjunta entre los diversos partidos. Sin embargo, señaló que el Frente Guasu en primer lugar necesita volver a definir sobre qué acuerdos van a trabajar de modo a lograr la unidad.
“No se puede renunciar a la unidad, es una cuestión estratégica, pero deben recomponerse los acuerdos políticos porque las últimas elecciones fueron una vidriera de las diferencias que había, esa es una situación real que hay que abordar. Hay que ver porque si no se logra un acuerdo estratégico, por lo menos tiene que haber acuerdos tácticos, eso se tiene que debatir”, explicó.
Para el exsenador un modelo que debe volver a replicar la oposición es el de la “Alianza Patriótica para el Cambio”, figura bajo la cual llegó a la presidencia Fernando Lugo. Además de esto, hay que definir a qué política social se va a apuntar, que rol se busca para el Estado, una política para la agricultura, entre otros elementos que puedan hacer sólido nuevamente a este bloque.
Sobre el liderazgo del Frente Guasu, Pereira indicó que si bien existen varias figuras, aún no se ha determinado quién encabezará la agrupación política. “En el campo de la izquierda también se necesita tener una figura creíble y luego buscar acuerdos sobre los programas, figuras y espacios, hay que buscar acordar en todo no solo para el Ejecutivo, sino también para el Legislativo”, expresó.