La filtración de un documento que fuera redactado y enviado por el exembajador de EE. UU. en Paraguay Marc Ostfield va sacando a luz la trama entreguista, antipatriota y profundamente anticolorada tejida por Mario Abdo Benítez.
Estos hechos que están siendo investigados se produjeron en abierta connivencia con el diplomático, políticos opositores, disidentes, altos funcionarios, activistas en redes sociales y varios comunicadores en representación de sus respectivos medios.
La operación en contra de Horacio Cartes y sus empresas fue concebida, ejecutada y “aceitada” por actores locales entre los que sobresalen claramente políticos, funcionarios del Estado, medios de comunicación con sus referentes, activistas de redes sociales, al que se sumaron diplomáticos tanto compatriotas como representantes de gobiernos extranjeros. El objetivo era claro, destruir su poder económico y político y erosionar la credibilidad de la ANR. Para llevar a cabo toda esta representación, que no mantuvo discreción, se aprovechó la abierta injerencia diplomática del entonces embajador de EE. UU. Marc Ostfield, quien incluso habría asumido las decisiones que eran única competencia del Poder Ejecutivo e incluso de otros poderes del Estado paraguayo.
El colaboracionismo y entreguismo con el que actuaron estos representantes, la mayoría de ellos elegidos y mantenidos por el pueblo paraguayo, raya lo vergonzoso y se convierte en un hecho grosero y hasta si se quiere criminal, pues si bien estas actuaciones apuntaban a dejar fuera de camino a un rival político como Horacio Cartes, el odio que los movía terminó perjudicando a cientos de compatriotas que perdieron sus fuentes de ingreso, entre empleos, producción y emprendimientos.
Sigilosamente habrían derrochado ingentes cantidades de dinero del erario público, realizando viajes y pagando a operadores políticos en otros países, haciendo lobby para ir cerrando el círculo. En este contexto se puede agregar también la complicidad entre los altos funcionarios de la Cancillería Nacional y del propio titular del organismo de Inteligencia, Esteban Aquino, quien estuvo ligado a la trama del “avión iraní”, un caso que generó repercusiones mediáticas para finalmente ser descartado hace pocas semanas tras las investigaciones del Ministerio Público.
Está fresca en la memoria el viaje tanto de Lilian Samaniego como de Arnaldo Giuzzio a los Estados Unidos, una para reunirse con el exsenador de ese país Bob Menéndez, hoy condenado por hechos de corrupción por la Justicia de ese país. Por su parte, Arnaldo Giuzzio, con una gran cantidad de biblioratos bajo el brazo, se paseaba por Washington, dando a entender que llevaba documentos que avalarían lo denunciado contra el expresidente. No se puede soslayar que hoy el ministro de Senad y del Interior de Abdo Benítez está imputado y procesado por el fuerte vínculo con uno de los narcotraficantes más importantes del Brasil, Marcos Vinicius Espindola, a su vez perteneciente al clan que comandaba Lindomar Furtado Reges.
Giuzzio fue parte del “equipo” de fiscales elegidos por Abdo para armar el operativo contra Cartes, algo que fue confirmado por Eduardo Petta, uno de estos fiscales y quien fuera ministro de Educación de Abdo.
Arnaldo Giuzzio, ministro de Senad e Interior; Carlos Arregui, leal a Desirée Masi y ministro de Seprelad; Emilio Fuster, “zar” anticontrabando; René Fernández, ministro anticorrupción, y el propio Eduardo Petta, conformaban el racimo de fiscales que fueron colocados por Abdo (o por Desirée Masi) al frente de instituciones de control para ir armando una probable causa.
Todas estas decisiones administrativas del gobierno de Abdo en realidad eran más bien movimientos políticos del tablero en una partida que buscada destruir a Cartes y eran celebradas por el fuerte respaldo de medios de comunicación que se beneficiaban económicamente del gobierno de ese entonces. Los desfiles de Arregui junto a René Fernández por la redacción del diario de Zuccolillo era algo frecuente y era parte del esquema entreguista que se gestaba en diversos lugares.
El esquema montado para filtrar datos sensibles desde instituciones de control del Estado (como Seprelad, Senad o Senac) a medios aliados hoy es parte de un proceso judicial que ya tiene a imputados a la mayoría de quienes participaron para llevar a cabo estas acciones ilegales.
Todas estas acciones fueron coordinadas por la “asesora de comunicación fantasma” de la Presidencia de la República, la venezolana Verioska Velasco, muy cercana a la pareja presidencial y con acceso irrestricto a todas las instituciones del Estado, confirmando otro caso de entreguismo de las anteriores autoridades nacionales.
El caso de las filtraciones de Seprelad ya tiene a varios de los componentes del “equipo de fiscales” y colaboradores de Abdo acusados y comprometidos en la causa.
Desde el Congreso, una Cámara de Senadores manejada por el minoritario Partido Democrático Progresista (PDP) elucubraba a sus anchas junto a varios “traidores” al Partido Colorado y a sus propios electores, mientras fungía de tarima para que Ostfield diera cátedras de algún tema o para que Giuzzio hiciera el ridículo con presentaciones desesperadas y sin fondo.
Los activistas en redes sociales hacían su trabajo, sin dudas bien motivados por la financiación que corría sin control desde organismos nacionales y extranjeros. Ni hablar de comunicadores, quienes auguraban una situación de tragedia en caso que no se cumpliesen las órdenes emanadas; no desde una embajada, sino desde un embajador cómplice y quien a pesar del gran currículum que avalaba su trayectoria en política exterior terminó siendo pieza importante en este engranaje, donde incumplió hasta acuerdos internacionales y donde el entreguismo local fue el factor común entre todos los participantes.
La idea de forzar una posible alternancia política en el Paraguay era parte del esquema montado y donde Ostfield hacía de vocero no solo en los medios de comunicación afines, de los cuales era asiduo participante, sino que los propios candidatos del Partido Colorado, como lo ha denunciado el actual vicepresidente Pedro Alliana. Por algo, la primera acción del secretario de Estado, Marco Rubio, fue removerlo a Marc Osftield de su cargo en Paraguay, para así reparar en parte el daño creado por su funcionario, en abierta y comprobada connivencia con políticos opositores y disidentes paraguayos, medios de comunicación interesados y activistas sociales monetariamente bien aditivados.
La actual negativa de algunos senadores a votar en contra del desafuero de Abdo Benítez, tal como Celeste Amarilla, Lilian Samaniego o Rafael Fillizola, consorte de la exsenadora Desirée Masi, y cofundador del PDP, es una muestra clara de la necesidad que tiene este grupo de blindar al expresidente, quien operó junto al exembajador para concretar el plan. El rechazo a dejar sin fueros a Abdo parece la puesta en marcha de la expresión “si cae uno, caemos todos”.