El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que quería que la guerra en su país termine en 2025 por “medios diplomáticos”, en una entrevista difundida el sábado, aunque estimó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no busca la paz.

El mandatario ucraniano también habló de la situación “realmente complicada” en el frente este, donde el ejército ruso avanza rápidamente ante las tropas de Kiev, menos numerosas y peor armadas. “De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos”, declaró en una entrevista a una radio ucraniana.

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Preguntado por las condiciones necesarias para un inicio de las negociaciones, Zelenski estimó que sólo sería posible si “Ucrania no está sola con Rusia”. “Si sólo hablamos con Putin, sólo con un asesino, y nos encontramos en las condiciones actuales, no reforzadas por varios elementos importantes, pienso que Ucrania empieza perdiendo en estas negociaciones”, dijo.

En su opinión, esto no llevaría a “un final justo” de la guerra, desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022. Ucrania teme perder el apoyo de Estados Unidos, esencial para sus tropas en apuros en el frente, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

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Este último ha criticado en repetidas ocasiones la ayuda prestada por su país a Kiev y ha afirmado poder resolver el conflicto en “24 horas”, sin decir cómo. Vladimir Putin dijo el viernes al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, que un acuerdo de paz con Ucrania debería tener en cuenta las “nuevas realidades territoriales”, según el Kremlin.

En su entrevista del sábado, Zelenski consideró que Putin sólo buscaba salir de su “aislamiento político” hablando con los dirigentes, pero que “no quiere en absoluto la paz”, añadió.

Fuente: AFP

Rusia reivindicó este jueves la toma de un pueblo cerca de Kurajove, en el este de Ucrania, uno de los sectores del frente donde sus tropas están avanzando desde hace meses frente a las fuerzas ucranianas.

Las fuerzas rusas “han continuado con su avance en profundidad entre las defensas del enemigo, y liberado la localidad de Voznesenka”, en la región oriental de Donetsk, indicó el ministerio ruso de Defensa en su parte diario.

Voznesenka está a menos de 10 km al norte de Kurajove, una ciudad que contaba con unos 18.000 habitantes antes del conflicto, y que se encuentra cerca de un importante yacimiento de litio. El ejército ruso se encuentra actualmente a las puertas de la periferia de esta ciudad.

Fuente: AFP

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En medio de la campaña de represión sin precedentes contra la disidencia rusa, un profesor de arte crítico con la ofensiva contra Ucrania se enfrenta a dos décadas de cárcel por garabatear unos cuernos en fotos de autoridades publicadas en una revista. Hasta el invierno de 2023, Daniil Kliuka vivía apaciblemente en Dankov, un municipio 300 kilómetros al sur de Moscú. Pero en febrero de ese año fue arrestado por el servicio de seguridad FSB.

Inicialmente lo acusaron de enviar una donación de 20.000 rublos (190 dólares al cambio actual) a la brigada ultranacionalista ucraniana Azov, catalogada de “terrorista” en Rusia, un cargo que él niega. El profesor de 28 años y su entorno sospechan que lo arrestaron después de que alguien en su escuela lo delatara. Una ola de denuncias ha recorrido el país desde marzo de 2022, cuando el presidente Vladimir Putin anunció una caza de “traidores” y pidió a la sociedad rusa que “se autolimpiara” después de iniciar la invasión de Ucrania.

Grupos de activistas afines al Kremlin recogieron el encargo y han denunciado a cientos de personas a la fiscalía. Algunos han delatado a conocidos y vecinos, según medios independientes rusos, ya sea por ideología, codicia, envidia, ambición o para eliminar a un adversario. Kliuka asegura que fue denunciado por garabatear “cuernos” y “barbas” en las fotografías de autoridades rusas que aparecían en un diario pro-Kremlin que debía leer en su trabajo. “A veces escribía ‘demonio’ en sus frentes”, explicó en una carta.

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Kliuka cree que la directora de la escuela lo denunció al FSB, que lo arrestó, lo torturó “en una celda”, registró su casa y le confiscó el teléfono. Contactada por redes sociales, la directora del centro, Irina Kuzicheva, no contestó a las solicitudes de AFP. Los agentes de seguridad encontraron transferencias de dinero en el teléfono de Kliuka que consideraron sospechosas.

El profesor asegura que reconoció bajo tortura haber donado dinero al ejército ucraniano, pero que en realidad había enviado dinero a un primo ucraniano que huyó de la invasión y que nunca luchó en la brigada Azov. AFP no pudo verificar estas afirmaciones del prisionero porque el caso está clasificado como secreto por el FSB y sus abogados se arriesgan a ir a la cárcel si filtran detalles.

En agosto de 2023, Antonina Polishchuk, una activista rusa contraria a la guerra que vive en Italia, respondió a una petición en línea para que la gente escribiera a los prisioneros políticos de su país y decidió mantener correspondencia con Kliuka. A través de sus cartas descubrió que Kliuka estaba procesado por “traición” y “financiación de una organización terrorista”, cargos empleados a menudo en Rusia contra la disidencia, ya sean reales o inventados.

Después de seis meses de intercambios, Polishchuk se dio cuenta que Kliuka no tenía un verdadero representante legal, solo un abogado designado por el Estado que “en realidad trabajaba para el gobierno”. Su familia debería haber contratado a un abogado o haber pedido ayuda a una organización de defensa de derechos, asegura la activista. Pero “estaban muy intimidados, el FSB asusta a todo el mundo”.

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Finalmente, la organización Memorial, coganadora del Premio Nobel de la Paz, financió los costes de un abogado. Serguéi Davidis, jefe del programa de apoyo a presos políticos de Memorial, dijo que es habitual que estos juicios se desarrollen en secreto porque así es más fácil silenciar al acusado y esconder la magnitud de la represión.

Sin acceso a los documentos del caso, Memorial no puede incorporar a Daniil Kliuka en su lista oficial de presos políticos. Esta ya incluye 700 nombres que, según reconoce la misma oenegé, son solo la punta del iceberg. De hecho, Memorial estima que los casos de al menos 10.000 detenidos en Rusia tienen al menos algún tipo de motivación “política”.

Un buen número son civiles ucranianos encarcelados en Rusia, alrededor de 7.000, según la organización de Kiev también premiada con el Nobel de la Paz, Centro por las Libertades Civiles. Uno de ellos era la periodista ucraniana Victoria Roshchina, que falleció entre rejas en septiembre.

La organización rusa OVD-Info, que supervisa el sistema judicial y las detenciones en el país, afirma que actualmente hay 1.300 personas encarceladas por acusaciones políticas. Pero además hay cientos o incluso miles de casos vinculados a traición, sabotaje o negativa a luchar en Ucrania. En una carta enviada a Kliuka, Polishchuk incluyó algunas preguntas de la AFP que evitaban detalles de su caso para sortear la censura. Una semana después recibió una respuesta desde la cárcel Matroskaya Tishchina de Moscú.

El día después de que llegara la carta de Kliuka, el profesor perdió su recurso y quedó sentenciado a 20 años de prisión en “régimen estricto” que le impide recibir más de una visita y un paquete por año. Al final de sus respuestas a AFP, Kliuka asegura que los rusos como él que se atreven a hablar son “perseguidos y odiados”, mientras que “la mayoría de la gente un día cierra los ojos y no los vuelve a abrir jamás”. “Si el mundo escucha este mensaje, le pido que no cierre sus ojos”.

Fuente: AFP.

• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.