Por intermediación del senador Orlando Penner, quien preside de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, en la fecha se concretó una respuesta positiva al reclamo de la comunidad indígena de Río Verde, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, que solicitaba la instalación de un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) en su zona.

La respuesta positiva se concretó en la reunión del Senado luego de la movilización que hiciera la comunidad indígena que cerró una ruta para hacer su reclamo de solicitar la instalación del cajero automático en la comunidad, ya que una buena parte de la población cuenta con las tarjetas para el cobro de los beneficios que reciben del Estado. Sin embargo, actualmente para cobrar 300 mil guaraníes, tienen que viajar 700 kilómetros para llegar al cajero mas cercano.

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Al respecto, el senador Penner señaló que en la fecha recibieron a una comitiva de hombres y mujeres chaqueños; luego del primer encuentro que ya habían tenido el viernes pasado al costado de la ruta donde se manifestaban. En la ocasión, reclamaron la larga espera que llevan para la instalación de un cajero automático en su comunidad.

“Hoy tuvimos un logro importantísimo, con la gente que intervino en la reunión de la comisión, ya que en agosto iniciará la construcción de la caseta para el cajero, que se espera concluya entre 3 y 5 semanas, para que luego sea instalado el cajero automático del BNF”, precisó.

Mencionó que en la reunión asistieron el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ramón Benegas, representantes y ténicos del BNF, así como el intendente de Villa Hayes, que en la fecha confirmó que cuenta con los recursos para la construcción de la caseta.

A su turno, el titular del Indi, Ramón Benegas resaltó que el hecho se logra gracias a la intervención del titular de la comisión de Pueblos Indígenas, quien había mantenido una reunión previa con la comunidad de Río Verde. No obstante, señaló que el proyecto ya estaba encaminado desde hace un tiempo, y solo faltaban concretar algunos detalles.

Mencionó que aprovechando este tipo de reuniones, igualmente se presentaron otros pedidos como solicitud de ampliación de viviendas, o construcción de viviendas para aquellas familias nativas que aún no están contando con casa propia. Precisó que este pedido ya está siendo encaminado desde el INDI con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

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El doctor Carlos Palacios señaló que, más allá del tra­bajo que realizan los aseso­res, cuyo objetivo es brindar el mayor blindaje posible a las sociedades para ocultar al beneficiario final, la Fisca­lía y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) cuentan con las herramientas necesarias para iniciar esa investiga­ción mediante la coopera­ción con grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que, justamente, la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris y dejar de ser conside­rada un paraíso fiscal, forma parte desde hace algunos años del Grupo Egmont, el organismo internacional que permite la cooperación y el intercambio de inteli­gencia entre las unidades de inteligencia financiera de varios países, incluido Paraguay.

“Esta información no es pública; la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficia­rios finales de las empresas constituidas en esa juris­dicción solo puede ser acce­dida a través de estos meca­nismos oficiales. Por eso, la responsabilidad recae, creo yo, en la Seprelad y, fundamentalmente, en el Ministerio Público”, insis­tió Palacios.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contraloría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

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Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecución”, señaló.

La investigación surge tras la publicación de un informe que vincula a Abdo Benítez con movimientos financieros realizados durante su mandato, presuntamente vinculados a cuentas y activos en el extranjero. El exjefe de Estado y su esposa, Silvana López Moreira, tendrían depositados en Seychelles la suma de USD 21 millones.

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