• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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El gobierno de Santiago Peña transcurrió por más de la mitad de su periodo, dejando en el camino puntos destacados y logros; sin embargo, quedan otros dos años en los cuales debe capitalizar lo sembrado a lo largo del tiempo, de manera a acrecentar su legado, sobre todo con la oportunidad de instaurar reformas estructurales.

“Los tres primeros años fueron de estabilización; los próximos dos tienen que ser de traducción: convertir credibilidad y financiamiento barato en servicios y productividad”, expresó Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, en diálogo con La Nación/Nación Media.

El profesional ordenó las prioridades que deben ser abordadas en cuatro frentes, principalmente. El primero hace referencia a la cuestión fiscal, específicamente la Caja Fiscal, sobre la cual indicó que, además de la reforma del presente ejercicio, se deben aplicar otros cambios complementarios. También citó la deuda con proveedores y la necesidad de establecer un cronograma de pagos y, adicionalmente, “depurar el gasto tributario y ensanchar la base del IRP, no subir tasas”.

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Posteriormente, habló del desarrollo social y de “pasar de contener a emancipar”. Sobre el punto amplió su visión explicando que “todavía hay unas 146.000 personas con menos de G. 13.000 diarios para alimentarse. Faltan un pilar previsional no contributivo y semicontributivo para informales —hoy solo 2 de cada 10 trabajadores aporta a una jubilación—, una reforma de formalización que combine simplificación con incentivos a la contratación del primer empleo joven”.

También citó el programa Hambre Cero y dijo que solucionó la cuestión de la alimentación en las instituciones educativas, pero “falta formación técnica dual atada a la demanda industrial”.

El desarrollo de infraestructura es otro ámbito que se debe atacar y en ese sentido Correa fue claro al plantear que “las alianzas público-privadas dejan de ser una opción y son la única vía de escala”. Las prioridades citadas son el corredor Bioceánico y puente del Chaco, hidrovía y dragado, transmisión eléctrica, “el cuello de botella hoy no es generar energía sino transportarla” y transporte público metropolitano.

Finalmente, sobre los servicios básicos afirmó que es la “brecha más incómoda”, al considerar que “la reforma faltante es institucional antes que presupuestaria: ordenar la rectoría hoy fragmentada entre Essap, Senasa, juntas de saneamiento y regulador, tarifas sostenibles con subsidio focalizado, y un plan nacional de saneamiento con financiamiento multilateral largo, que es exactamente lo que el grado de inversión abarata”.

También habló acerca de dos sectores puntuales, pero no menos importantes, como salud y vivienda; sobre el primero recomendó “cerrar los atrasos con farmacéuticas” y con relación al segundo “escalar y evaluar Che Róga Porã por déficit habitacional, no por unidades entregadas”.

Repasó además cifras y hechos de gran relevancia obtenidos hasta el momento. “Paraguay hizo lo más difícil, que es sostener reglas cuando no dan rédito inmediato, y el resultado se ve: inflación de 3 %, deuda de 40 % del PIB, dos grados de inversión y 213.000 personas que salieron de la pobreza en un año”, recordó. Amplió afirmando que “el grado de inversión no es una meta, es una llave: sirve para financiarse más barato y más largo, y lo que se haga con ese financiamiento define si el país converge al desarrollo o se acomoda como economía estable de renta primaria”.

“La política que más rendimiento tendrá no es la que atraiga un dólar más de inversión, sino la que conecte al 60 % informal con el crecimiento que ya está ocurriendo”, reflexionó sobre lo referido anteriormente.

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“Yo creo que la principal fortaleza es que se sigue apostando a la estabilidad macroeconómica, esa es una señal que venimos dando permanentemente”, indicó el economista Manuel Alarcón al realizar un balance sobre el rumbo de la economía paraguaya al cumplirse los tres años de gestión del presidente de la República, Santiago Peña.

No obstante, Alarcón mencionó que en el segundo tiempo del mandato de Peña es necesario se refleje en el bolsillo, el consumo y la calidad de vida de de las personas. “La principal debilidad es tratar de que el bienestar se traduzca en un mejoramiento real de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, podemos decir que se ha avanzado, pero probablemente hay un gran déficit es el grado de desigualdad”, expresó en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

A pesar de los sólidos indicadores macroeconómicos y el mantenimiento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 5 %, Alarcón manifestó que el gobierno también deberá trabajar en la focalización del gasto social.

“Hay mucho por hacer y ese es el gran desafío que tendrá este y probablemente los siguientes gobiernos y para esto se requiere de políticas mucho más serias, direccionadas porque de otra manera se toman decisiones que son generalistas y lastimosamente yo creo que las medidas que se vuelven ya casi populistas no tienen la eficacia que uno desearía”, remarcó.

Señaló que “acá uno de los grandes problemas que vamos a tener de aquí a poco es cómo seguimos financiando el gasto social, entonces hay que empezar a focalizar. Si yo no empiezo a racionalizar y optimizar mi gasto público, porque mis recursos son escasos, se termina ajustando en las inversiones públicas y en un país con déficit en infraestructura importante, yo creo que eso no es la mejor decisión. Hay que empezar a cambiar el modelo”.

Agregó que la administración de Peña debe continuar trabajando en la concreción de cambios estructurales. “Estamos en el tercer año y ya no se quiere hablar de reformas porque ya estamos en un periodo político, pero no. El que está en el ejercicio, hasta el último día tiene que realizar reformas”, puntualizó.

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Las declaraciones de Alarcón referente a la necesidad de que el bienestar macroeconómico impacte de forma directa y constante en la microeconomía fueron respaldadas por Martha Coronel, economista senior y analista de la consultora Mentu.

“Efectivamente tenemos un país que crece, un país que avanza en cuanto a la producción, pero con desafíos en hacer llegar ese crecimiento a las personas. No digo que no se ha incluido a la gente, se va incluyendo, pero más lentamente de lo que la economía crece”, dijo.

Coronel también hizo un llamado a la racionalización del gasto público con el fin de equilibrar los ingresos y los egresos. “Necesitamos ahorrar como Estado, necesitamos ahorrar como país. ¿Hoy que está ocurriendo? Estamos gastando más de lo que recaudamos. Nos hemos embarcado en un proceso de seguir aumentando los gastos rígidos. Al asumir más deuda también estamos aumentando intereses”, mencionó.

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“El gobierno del presidente Santiago Peña ha asumido con determinación el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas de la Nación, convencido de un principio rector: sin seguridad no hay desarrollo”, indicó el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, al realizar un balance de gestión de los 3 años de la administración presidencial.

En una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el alto funcionario de Estado acotó: “La inversión en defensa no constituye un gasto aislado, sino una condición indispensable para garantizar la soberanía, proteger la integridad territorial, combatir las amenazas del crimen organizado transnacional y brindar al país la estabilidad que requiere para crecer”.

González detalló que bajo la gestión de Peña se potenció el fortalecimiento de la defensa nacional con la donación de helicópteros por parte de Taiwán en agosto del 2025. Se trata de cuatro helicópteros multipropósito Bell UH-1H, puestos oficialmente a disposición de la Fuerza Aérea.

Agregó que los mismos fueron sometidos a rigurosos procesos de mantenimiento y modernización previos a su entrega, refuerzan significativamente la capacidad operativa de la FAP. Las nuevas aeronaves se suman a las unidades ya disponibles, permitiendo cumplir misiones de: evacuación aeromédica, de búsqueda y rescate, operaciones de transporte y despliegue rápido de personal, combate a incendios forestales y apoyo en desastres naturales, vigilancia, control fronterizo y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Esta contribución expresa la sólida cooperación entre ambas naciones y se traduce en mayor capacidad de respuesta del Estado en beneficio de la población”, refirió.

El alto funcionario de Estado también resaltó la adquisición de aviones A-29 Super Tucano concretado en junio del 2025. “Se concretó un hito histórico, se trata de la primera renovación de aeronaves de combate en 38 años, y marca el inicio de una nueva etapa en la vigilancia y control del espacio aéreo nacional”, comentó González al referirse sobre la incorporación de los primeros cuatro de seis aviones A-29 Súper Tucano adquiridos a la empresa Embraer de Brasil.

Señaló que las mismas fueron adquiridas un monto de aproximadamente USD 100 millones, incluye soporte logístico, simuladores y formación de tripulantes y personal de mantenimiento. Estas aeronaves permiten: vigilancia efectiva de fronteras y espacio aéreo, interdicción de vuelos ilícitos y apoyo a operaciones contra el crimen organizado y mayor presencia y disuasión en zonas de difícil acceso.

“El conjunto de medidas impulsadas por el Presidente Santiago Peña demuestra una política de Estado clara y decidida: fortalecer las capacidades de defensa es fortalecer al Paraguay. Todas las adquisiciones y aportes representan una inversión en la seguridad de las familias paraguayas, en la protección de nuestras riquezas naturales y en la garantía de que el crimen organizado encontrará en las Fuerzas Armadas una barrera firme y constante”, puntualizó González.

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El ministro mencionó también que la defensa nacional fue reforzada con la compra de radares de vigilancia aérea. Se trata del sistema de radar AN/TPS-78 de Northrop Grumman, mediante el Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) del gobierno de los Estados Unidos, por un monto de USD 45,7 millones. Esta operación calificada como histórica permite al Paraguay recuperar la soberanía plena de su espacio aéreo, tras décadas sin capacidad de vigilancia radar propia.

Añadió que el sistema, con alcance superior a 400 kilómetros, incluye además centro de mando y control, infraestructura, capacitación de personal y garantía de soporte técnico. Constituye la base del programa “Cielo Guaraní Soberano”, orientado al cierre efectivo de las fronteras aéreas y a la detección temprana de movimientos ilícitos.

Añadió que también se recibió la donación de ocho lanchas patrulleras interceptoras de alta velocidad, con compromiso de entregar unidades adicionales, en el marco del Acuerdo SOFA.

La entrega de las mismas fue concretada en abril del presente año. La cooperación total en el marco del Acuerdo SOFA supera los USD 32 millones, e incluye además armamento, repuestos, capacitación y ejercicios conjuntos.

Estas embarcaciones, que operan a velocidades superiores a los 45 nudos y con autonomía de más de 250 millas náuticas, fortalecen la vigilancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná, corredor por donde transita cerca del 80 % del comercio exterior nacional.

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González también comentó que la alianza estratégica entre Paraguay y el Estado de Massachusetts, a través del Programa de Asociación Estatal, completó 25 años de cooperación ininterrumpida, intensificándose notablemente en este período de Gobierno.

Detalló que entre las contribuciones más destacadas se encuentran: tres carros hidrantes totalmente equipados y más de 1.000 equipos de protección personal para combate contra incendios forestales, entregados en sucesivas donaciones entre 2023 y 2025, además del fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas ante emergencias y desastres naturales.

Equipos especializados de intervención química, trajes de protección, herramientas de rescate y materiales de apoyo enviados con el propósito de mejorar la protección de la vida de los efectivos y de la población.

Intercambios de capacitación, formación de personal médico y de especialistas, así como visitas de alto nivel que consolidan una relación basada en la confianza mutua y el fortalecimiento de capacidades.

El ministro también se refirió a la asistencia brindada por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), que profundizó su respaldo al Paraguay con contribuciones concretas que elevan significativamente las capacidades operativas de élite.

Una inversión proyectada de aproximadamente USD 11 millones en un quinquenio, orientada al fortalecimiento de las Fuerzas Especiales paraguayas y al combate conjunto contra organizaciones criminales transnacionales.

Entrega de equipamiento militar valorado en más de USD 700.000, consistente en 50 fusiles, 100 pistolas y 100 dispositivos de visión nocturna, puestos a disposición del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales. Programa de instrucción intensiva de seis meses de duración, a cargo del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que eleva los estándares de adiestramiento de nuestras tropas a niveles de excelencia internacional.

Visitas de alto nivel y coordinación estratégica permanente, reflejadas en los encuentros sostenidos entre el Presidente Santiago Peña y el Comandante del Comando Sur, Gral Donovan, fortaleciendo una alianza que hoy constituye uno de los pilares de la política de defensa nacional.

“Un Paraguay protegido, vigilado y preparado, respaldado por alianzas sólidas y fructíferas cooperaciones internacionales, es un Paraguay que puede proyectarse con confianza hacia el futuro, atraer inversiones, generar empleo y garantizar a cada habitante el derecho a vivir en paz, con libertad y con la certeza de que la soberanía nacional está en buenas manos”, comentó González.