El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió ayer miércoles contra la justicia por pedir su desafuero para que sea juzgado por corrupción, lo que elevó la tensión política de cara a las elecciones de febrero en este país de reconocida trayectoria democrática. Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa -mayoritariamente de oposición- y el Tribunal Electoral.

Pero el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía. “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”. Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

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El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.

Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.

“Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)” porque “este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”, agregó.

Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.

Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.

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Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.

Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.

“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.

Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.

Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.

Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.

No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado. El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.

Fuente: AFP.

El presidente de la República, Santiago Peña, cumplió el mandato constitucional de presentar un balance de su gestión ante el Congreso. Opositores como Rafael Filizzola o Celeste Amarilla criticaron el discurso del mandatario con una serie de incongruencia, imprecisiones o absurdo.

Algunas de las incongruencias que mencionó el senador de País Soli­dario se referían a que, por ejemplo, el programa Hambre Cero lo recibie­ron 375.000 alumnos y no los más de 1 millón que sos­tiene el Gobierno. Hay que recordarle al legislador que ese dato corresponde a la encuesta de 2024, tiempo en que el programa estuvo vigente de agosto a noviem­bre, en 90 distritos.

Según los datos oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarro­llo Social, desde febrero de este año 2025, Hambre Cero está presente en los 263 distritos del país de forma diaria, alimentando a 1.050.000 de niños.

Filizzola también hizo alu­sión a que la pobreza se redujo porque se incluyó Hambre Cero como un ingreso de las familias. Pero este punto no es una ocurrencia del INE, sino que responde a una reco­mendación internacional que siguen todos los países, cuando se trata de programas de alimentación como este que impulsa el Gobierno son estables y medibles.

También intentó depreciar el informe cuando el legislador señaló que el Programa Ali­mentario Nutricional Inte­gral (PANI) no se está ejecu­tando. Peña se refería a que la leche que se comprada este año es 22 % menos al precio de referencia, generando un ahorro de más de G. 47 mil millones. Finalmente, en referencia al desempleo, cifra que dista de la creencia nega­tiva que tiene la oposición, fue de 5.6 % de la población, cifra que nunca se tuvo para un primer trimestre desde que el INE hace encuestas trimestrales desde 2017.

Por otra parte, la senadora libera Celeste Amarilla tam­bién habló acerca del informe del presidente, señalando a modo de reproche que las “heladeras están vacías”. Sobre esto, el discurso pre­sidencial hizo énfasis en aspectos económicos rele­vantes como que el PIB creció 5.9 % en el primer trimestre del año; el consumo privado (de las familias) creció 4.9 % y la inversión fue del 12.7 %. Asimismo, el consumo pri­vado aumentó por la diná­mica positiva de los servi­cios, el consumo de alimentos y bebidas, las prendas de ves­tir y calzados; y, la venta de vehículos, electrodomésticos y muebles.

La legisladora omite que de 7 sectores, 6 crecieron: el comercio, los servicios, la manufactura, la construc­ción, o la ganadería, mues­tran una fuerte expansión; mientras que las ventas aumentaron 6.5 % en prome­dio durante el primer cuatri­mestre del año.

Otro dato relevante que mata definitivamente el relato opositor es que se registra­ron 85.000 nuevos cotizan­tes en IPS llegando a cerca de 800.000 trabajadores for­malizados, cifra nunca antes registrado en nuestro país.

Pedro Alliana sostuvo que desde el Poder Ejecutivo seguirá trabajando para satisfacer las necesi­dades de la ciudadanía.

“Sabemos que no es suficiente, que falta todavía mucho, vamos a seguir trabajando más allá de las críticas de unos pocos. Nues­tro objetivo es llenar las satisfacciones de la ciudadanía”, expresó Alliana.

Así también, sobre la gestión y el trabajo de los miembros del Gabinete, apuntó: “Conforme, el presidente de la República le da el apoyo y, por supuesto, nosotros vamos a acompañarle, vamos a darle todo el apoyo y en lo que podamos colaborar desde la vicepresidencia como nexo con el Legislativo, estamos ahí para acompañar”.

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), encabezado por Tadeo Rojas, está llevando el crucial trabajo para llevar adelante la política social del gobierno del presidente Santiago Peña.

El secretario de Estado se refirió a todos los programas sociales que se están ejecu­tando a poco menos de dos años de gestión.

“Antes de asumir el 15 de agosto del 2023, el presi­dente Santiago Peña nos convocó a un taller de capa­citación, de orientación, de discusión sobre sus planes de Gobierno, trabajamos casi un día, y en ese momento fue claro y contundente de que una de las banderas más fuertes de su gobierno iba a ser lo social”, detalló Rojas al programa “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que este compro­miso social fue asumido públicamente por Peña al iniciar su mandato, estable­ciendo como meta la foca­lización de los programas sociales como factor deter­minante para cambiar la vida de lo paraguayos que se encuentran en situación vul­nerable.

“A partir de allí empeza­mos a trabajar y fuimos gra­dualmente. Primero hemos trabajado, antes de cum­plir los 100 días, lanzamos el plan nacional de reduc­ción de la pobreza en una reunión gigante. Hemos tomado la decisión, tam­bién en los primeros 100 días, por el aumento de Tekoporã, denominado a partir de ahí Tekoporã Mbarete con un 25 % de aumento en las transfe­rencias monetarias”, indicó el ministro.

El presidente de la República, Santiago Peña está demostrando una gestión con resultados y proyecciones que revolucionan los nuevos modelos de gobierno.

Así afirmó la diputada colorada, María Cristina Villalba, quien se refirió sobre el informe de gestión del jefe de Estado presentado ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En efecto, la parlamentaria resaltó al diario La Nación/Nación Media que a casi dos años de gestión gubernamental, lo ve al mandatario con una figura muy sólida.

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La legisladora afirmó que la presentación del informe presidencial en general le ha parecido “maravilloso y de mucho respeto al partido de Gobierno”. Recordó que Peña fue electo como miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, y fue el miembro más votado.

A partir de ahí, dijo que junto a los correligionarios lo acompañaron para que hoy ocupe el sillón presidencial en el Palacio de los López, al servicio de todos los paraguayos.

“Sus programas sociales, de políticas públicas son ejes de los principios doctrinarios del Partido Colorado”, sostuvo.

Agregó que el jefe de Estado siente y se preocupa por la familia, y de cada uno de sus integrantes, por ello, ha puesto un gran esfuerzo en llevar adelante con mucho éxito el Programa Hambre Cero en las Escuelas.

Al respecto, destacó que este beneficio está alcanzando solo en su departamento de Canindeyú a más de 42.286 alumnos, de los más de un millón de estudiantes a nivel país.

“Valoramos el gran esfuerzo del gobierno en brindar ⁠viviendas dignas y seguras a las familias, sacándoles del alquiler a aquellos paraguayos que salen tempranito de casa a trabajar y sueña por casa propia, gracias al programa Che Róga Porã, que lleva adelante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat“, comentó.

La parlamentaria valoró las inversiones en el ámbito de la salud pública, recordando que en agosto próximo estará comenzando la construcción del Gran Hospital General de Canindeyú, con el apoyo de la Itaipú Binacional y el Ministerio de Salud Pública.

Finalmente, destacó que el 15 de agosto, se cumplirá su segundo año de mandato, y en este corto tiempo de gobierno ya es considerado como uno de los jefes de Estado más destacados a nivel internacional.

“Nuestro presidente está posicionando al Paraguay en el mundo e impulsando a la industria y sobre todo inversionistas extranjeros a invertir en el país. Por ello, celebramos de forma muy grata la noticia de los 150 millones de dólares logrados en la India para Canindeyú”, concluyó.

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La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.

Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual senadora de la nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.

La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.

Amarilla, cuando ocupaba el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.