Una bebé de apenas horas de nacida fue abandonada en un pastizal en Quiindy, departamento de Paraguarí. Desde el centro asistencial donde está internada confirmaron que está bien de salud, pero que necesita ropas, pañales y leche. La pequeña permanecerá en el hospital por siete días, porque está recibiendo tratamiento.

Según el reporte policial, el hallazgo de la menor se registró ayer miércoles, por una odontóloga que iba a su lugar de trabajo. La pequeña, a pesar de estar envuelta en una manta blanca al costado de un camino vecinal, estaba al borde de la hipotermia cuando fue encontrada por esta persona.

La mujer la llevó hasta la Unidad de Salud Familia (USF), donde fue asistida por una pediatra, que luego ordenó su traslado hasta el Hospital Regional de Paraguarí. Los profesionales indicaron que la recién nacida llevaba horas de nacida y que goza de buena salud, pero deberá permanecer internada por unos días para estabilizarla.

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Actualmente la beba requiere de ayuda de la ciudadanía que puedan acercar leche, pañales, ropas, medias, entre otros, para que pueda sobrellevar sus primeros días sola. Las personas interesas en coordinar entrega pueden llamar al (0994) 204-919 , con el oficial Enciso de la comisaría local.

El caso fue comunicado a la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, que ya iniciaron la investigaciones para dar con el paradero de la madre. Se presume que fue abandonada por personas ajenas a la localidad, pero en la zona no se cuenta con cámaras de circuitos cerrados para determinar quienes la dejaron.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una mujer se presentó ante el Ministerio Público para reportar el caso de un niño de 7 años que estaría exhibiendo sus genitales a sus compañeras de la escuela. La misma dijo que su hija le informó del hecho y ya habría sucedido en varias ocasiones, por las cuales denunció ante los directivos de la institución. La escuela afectada es pública y es una de las más grandes en el Este.

El fiscal Osvaldo Zaracho es quien investigará el hecho y para el efecto, comunicó al Ministerio de la Niñez y a la Defensoría Pública de la Niñez, aclarando que el niño es inimputable, según manifestó a La Nación/Nación Media. Habría que ver qué está pasando en la casa del pequeño, por lo cual adquiere esa conducta. Esta es una de las posibilidades si se confirma lo denunciado, agregó el fiscal.

No descartó que el acceso a celulares y materiales audiovisuales sean causas que motiven este tipo de conducta, pero remarcó que se requerirá muchos otros datos para avanzar en la investigación, sobre lo que parece ser una conducta exhibicionista de un niño entre sus compañeras.

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El agente Zaracho solicitó informes a la institución educativa para saber qué protocolo aplicaron ante la denuncia inicial de la madre de la alumna y qué medidas fueron adoptadas, así también desean sabe si conversaron con los padres del niño, cuya conducta fue cuestionada.

Las diligencias están aún incipientes, se trata de saber qué está pasando, qué acciones fueron tomadas en la instancia educativa, así como la responsabilidad de los padres, según el agente fiscal.

Mencionó que no convocó aún a los padres del menor de edad, porque espera contar primero con los informes solicitados para luego hacerlo. Remarcó que se trata de un tema delicado porque son niños los afectados, tanto desde el lado de la denuncia como del denunciado y se requiere ver bien lo que está pasando y si existe una violación del deber de cuidado.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

• Bogotá, Colombia. AFP.

El adolescente de 15 años sospechoso de balear a un aspirante presidencial en Colombia se declaró ayer martes inocente del delito de homicidio en grado de tentativa del que se lo acusa, informó a la AFP una fuente de la fiscalía. También imputado por porte y fabricación de armas, el joven fue capturado el sábado luego de presuntamente herir con tres disparos al senador de derecha Miguel Uribe durante una reunión con decenas de personas en un parque de Bogotá.

El dirigente del partido Centro Democrático, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, está en cuidados intensivos y su condición es estable pero crítica, según el último parte médico. Frente a la clínica, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, dijo a periodistas que su marido “sigue luchando por su vida”. Aún se desconocen las razones y los autores intelectuales del atentado.

El presunto pistolero intentó huir, pero escoltas de Uribe le dispararon en una pierna y lo detuvieron. En un video de ese momento dice estar dispuesto a colaborar con las autoridades. Pasó por el quirófano y sigue hospitalizado bajo fuerte custodia, indicó la fiscalía. Si es hallado culpable puede pasar ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad, señaló la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el adolescente recibió dinero a cambio de disparar a Uribe, pero no precisó el monto. La directora del organismo estatal de protección de menores (IBCF), Astrid Cáceres, informó que el adolescente vive con una tía, pues el padre está fuera del país. La madre murió, según medios locales.

Sobre la medianoche del lunes, Petro informó en la red social X que el menor participó en un programa social de su gobierno dirigido a jóvenes vulnerables, en el que “demostró una personalidad completamente conflictiva”. Le costaba “establecer vínculos intersociales”, sostuvo el presidente.

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Petro apuntó contra la “mafia con asiento internacional” como posible responsable del atentado. Hay “indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición” y el oficialismo, afirmó el mandatario.

El presidente pidió reforzar la seguridad de altos dirigentes de la derecha, como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático.

El influyente exgobernante denunció el lunes que la “inteligencia internacional” le informó de un supuesto plan para atentar en su contra. El Centro Democrático afirma que supuestamente se están ofreciendo ocho millones de dólares para asesinar a sus dirigentes.

Si la mafia está detrás del crimen, posiblemente se debe a que el gobierno ha “golpeado durísimo” al narcotráfico, aseguró Petro.

Cuando fue capturado, el joven gritaba que recibía órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los lugares de expendio de drogas. El presidente denunció que, el día del ataque, la custodia de Miguel Uribe fue reducida “extrañamente” de siete a tres escoltas.

En día previos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó otras líneas de investigación para determinar las razones del atentado.

Una es que se trató de un mensaje contra el Centro Democrático, partido que busca recuperar el poder en las elecciones presidenciales de 2026.

Otra es que se trata de un intento de “desestabilizar” al gobierno de Petro, a quien sectores de la derecha acusan de incitar el odio contra la oposición.

La fiscal general explicó que el pistolero posiblemente no conoce verdaderamente quién ordenó el crimen y simplemente fue contratado por una “red sicarial”. Desde el Cartel de Medellín de Pablo Escobar, que sembró terror en los años 1980 y 1990, las mafias usan a menores de edad para que comentan estos crímenes. Por lo general provienen de familias pobres, viven en barrios marginales o están alejados de sus padres.