Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

• La Paz, Bolivia. AFP.

El gobierno boliviano acusó a Evo Morales de haber armado un “teatro” con el presunto atentado en su contra y señaló que el incidente de los dis­paros se produjo cuando el expresidente intentó evadir un control antidroga de la policía en la región cocalera del Chapare.

El domingo el exmandatario de 65 años denunció en un video un ataque a tiros contra el vehículo en el que viajaba. Morales, quien salió ileso del presunto atentado en el que resultó herido su chofer, insistió en culpar a agentes del gobierno de su exministro y actual presidente, Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de la izquierda oficialista para 2025.

Mientras todo esto se da seguidores de Evo Mora­les se manifiestan y piden la renuncia inmediata de del presidente Luis Arce. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judi­cial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato.

El expresidente boliviano Evo Morales exigió este lunes la destitución de los ministros de Gobierno y de Defensa por el atentado contra su vida que, según él, perpetró un grupo militar y policial. El domingo el exmandatario de 65 años denunció en un video un ataque a tiros contra el vehículo en que se movilizaba en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Morales -quien salió ileso del atentado en el que resultó herido su chofer- insistió en culpar al gobierno de su exministro Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de la izquierda oficialista para 2025. “Si Luis Arce no dio las órdenes de matarnos debe destituir y procesar de inmediato a sus ministros de Defensa y de Gobierno, Edmundo Novillo y Eduardo Del Castillo”, señaló el exmandatario en la red social X.

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De acuerdo siempre con su denuncia, su vehículo recibió 14 disparos. El gobierno de Arce prometió “una inmediata y minuciosa investigación” para esclarecer la denuncia de Morales “de un presunto atentado contra su vida”. El incidente elevó la tensión social y política en Bolivia.

Desde hace dos semanas seguidores del expresidente -el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019- realizan bloqueos de carreteras en el centro del país en protesta contra la probable detención de Morales por orden de la Fiscalía.

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El exmandatario está siendo investigado por el presunto abuso de una menor cuando ejercía el poder. Morales rechaza la acusación como una “mentira más” orquestada por el gobierno de Arce para sacarlo de la carrera presidencial. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, no descartó que haya sido un “autoatentado”.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) negó que esté implicada en el supuesto atentado que denunció Morales y llamó a sus seguidores a la “calma”, luego de que estos amenazaran con tomar los cuarteles.

Fuente: AFP