La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que amplía las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial y permite un aumento salarial. La propuesta es que perciban un salario mensual equivalente al 75% del salario correspondiente a los jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones.
De esta forma se busca compensar la ampliación de funciones y responsabilidades del sector, que ya había sido resuelto por ley. La normativa permitirá llegar a 804 actuarios judiciales; en la actualidad, un actuario percibe una remuneración de G. 6.500.000 más una bonificación de G. 1.500.000. Vale puntualizar que el pedido del 60% no prosperó, quedando aprobado el texto original que los actuarios judiciales impulsaron (75%).
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El diputado Raúl Latorre mencionó que la lucha del gremio es conocida, además de las responsabilidades que tienen. “En nombre de la Comisión de Justicia, damos el acompañamiento a este justo proyecto que no hace otra cosa que honrar compromisos que venían de la mano con el aumento de atribuciones y responsabilidades, en la esperanza de que este gesto, más allá de la justa reivindicación, redunde en el mejoramiento de los procesos judiciales”, manifestó.
El titular de la Comisión de Presupuesto, legislador Tadeo Rojas, puntualizó sobre la importancia de actualizar salarios ante la Ley 4992, que se ha ampliado y especificado con las funciones, responsabilidades y tareas de los actuarios. Explicó el dictamen en cuanto al porcentaje de aumento, en el que recomendaron determinar un aumento al 60% de lo que establece el proyecto.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Analizan proyecto que incorpora test de drogas en controles viales
El proyecto de ley “que amplía y modifica el artículo 113 de la Ley Nº 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, modificado por la Ley Nº 6842/2021, incorpora en los procedimientos de control vial en todo el país, el test de drogas, y que habilita a las autoridades competentes a realizar este test, similar al sistema conocido como el alcotest.
Esta iniciativa fue debatida hoy en la Comisión contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos, Graves y de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados, representantes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), a través de inspectores de la Patrulla Caminera.
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El debate se centró principalmente en la incorporación de este sistema y la atribución del test de drogas, como también los procedimientos para la toma de muestras. Un procedimiento que deberá permitir analizar rápidamente y en el lugar si un conductor está manejando bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, de acuerdo con el informe de la comisión asesora presidida por el diputado Carlos Godoy.
En la ampliación del artículo 133 de la Ley de tránsito, se incluye el inciso ñ, el cual refiere que; “conducir cualquier vehículo motorizado en estado de intoxicación por drogas, entendiéndose como tal, la presencia en el organismo de sustancias psicoactivas que afecten las capacidades físicas y mentales del conductor”. Además, se incluyen 9 artículos de tal forma a reglamentar dicho inciso.
Mientras tanto, los representantes de la Senad, comunicaron que el informe técnico que se había solicitado ya se encuentra en etapa final y será remitido en breve. Así también, desde la institución aclararon que la legislación vigente ya sanciona la conducción bajo efectos de sustancias, aunque aún resta reglamentar los procedimientos de control.
Finalmente, “se acordó convocar una próxima reunión con la participación de todas las autoridades invitadas, incluida la ministra del MOPC (Claudia Centurión), a fin de avanzar en aspectos técnicos y presupuestarios del proyecto”, informaron desde la Cámara Baja.
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Destacan labor del Gobierno en asistencia a compatriotas afectados por el agua
En la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria de la fecha, el diputado Miguel Del Puerto destacó el gran trabajo interinstitucional ordenado por el presidente de la República Santiago Peña, en la asistencia a las familias afectadas por las lluvias en el Chaco paraguayo, trabajo que se inició desde el pasado 9 de marzo y continúa a la fecha.
“Evidentemente siguen las necesidades, la situación que están atravesando muchísimas familias paraguayas es caótica en la zona, pero es importante recalcar que el Gobierno nacional, el presidente Santiago Peña ha tomado una directiva clara y fuerte en cuanto a acompañar a estos compatriotas, asistiéndole de forma permanente”, indicó el legislador.
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Destacó además el trabajo que están realizando las instituciones del Estado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de los gobiernos departamentales y locales para asistir a estas familias.
“Reconocer el trabajo que viene haciendo el Gobierno del presidente Santiago Peña a través de las instituciones y darle la mayor fuerza, la mayor fortaleza para seguir asistiendo con sensibilidad, con mucho amor a estas familias que están sufriendo en el Chaco paraguayo”, resaltó.
También, sostuvo que desde el Legislativo seguirán a disposición del Gobierno y las instituciones para seguir con la asistencia. “Nosotros desde este cuerpo legislativo nos ponemos a disposición también de seguir acompañando, la decisión política que hemos asumido incluso en la sesión pasada, donde hemos destinado más de G. 15 mil millones para inversión de compra de alimentos o de ayuda a estas familias”, apuntó.
Igualmente, el diputado Arturo Urbieta, expresó su postura de apoyo en la asistencia a las comunidades afectadas en el departamento de Concepción, donde fueron afectados fuertemente los distritos de Itacúa, San Lázaro y San Carlos del Apa.
“Una actividad que aplaudo y nos fortalece en el departamento de Concepción, la rápida respuesta del Gobierno ante la difícil situación por la gran cantidad de lluvia que tuvimos en el Paraguay y en este caso me quiero referir lo que ha pasado en mi departamento, Concepción”, sentenció.
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Yacyretá celebra el aumento de tarifa a USD 28 por MWh, decretado por Argentina
El titular paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, celebró la decisión del gobierno del mandatario argentino, Javier Milei, de aprobar vía decreto el aumento de la tarifa de USD 17 a USD 28 por megavatio-hora (MWh). Esta decisión permitirá a la margen derecha zanjar su crisis financiera y, al vecino país, regularizar sus deudas.
“Para nosotros es un día muy feliz, hace dos años estamos con muchas dificultados económicas que hemos heredado, hace meses estamos trabajando con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande) para llegar a un acuerdo y, de esta forma, se estableció una tarifa de USD 28 MWh", dijo Benítez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El director de Yacyretá detalló que esta decisión permitirá “una previsibilidad en la ejecución de nuestro presupuesto, la continuidad de programas sociales que tenemos, ir pagando a los proveedores y la reactivación de la obra Aña Cuá. Esto es un acuerdo muy importante, antes era imposible tener una estimación cierta sobre el costo de la tarifa”.
El aumento de la tarifa de la entidad se dio luego de la primera visita oficial que realizó Milei al Paraguay, el pasado 9 de abril. Durante la ocasión, se reunió con el jefe de Estado, Santiago Peña, y abordaron justamente sobre la necesidad de fijar una nueva tarifa para la EBY, así como destrabar la paralización de las obras civiles para la maquinización del brazo de Aña Cuá.
El aumento de la tarifa permitirá generar un 10 % más de energía y un ingreso de USD 80 millones para ambas márgenes. Actualmente ya se invirtió un total de USD 200 millones y se requiere aproximadamente de USD 400 millones.
La finalización del proyecto es una prioridad para el Gobierno local, teniendo en cuenta la creciente demanda energética del Paraguay y la Argentina, como por la necesidad de generar ingresos en dólares. “En Argentina asumió un gobierno con muchos problemas financieros, no era fácil llegar a un acuerdo. Este es un acuerdo histórico, que terminará acomodando las cosas. Se prevé un presupuesto anual para su reactivación“, refirió Benítez, indicando que la obra generará un total de 1.000 fuentes de empleo.
Por otra parte, Benítez refirió que Argentina se encuentra al día con el pago a Paraguay por cesión de energía, tras saldar una deuda de USD 130 millones. “Creemos que mediante este acuerdo se establecerá un solo presupuesto donde se prevé el pago de una deuda bancaria de USD 78 millones”, puntualizó.
Agregó que en los próximos días se prevé la firma de un acuerdo entre la Cammesa, la Ande, la Secretaría de Energía del vecino país y la EBY, para concretar el cierre del aumento de la tarifa. Una vez definido este paso, la Secretaría de Energía tendrá un plazo de 15 días para emitir una resolución que establece la nueva tarifa de USD 28 por megavatio-hora (MWh).