“La seguridad social es algo tan sensible como el salario, se harán las reuniones que corresponda para escuchar a todos”, dijo el líder de la bancada del movimiento Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase tras referirse sobre la propuesta ejecutiva que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social.

El proyecto de ley remitido este último miércoles por el gobierno del jefe de Estado, Santiago Peña al Poder Legislativo pretende elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses) con el fin de resguardar las finanzas de la previsional.

“Normalmente los asegurados figuran con un sueldo menor durante los 25 años de aporte y luego en los últimos 3 años se ajustan el sueldo de modo a tener una jubilación mayor, esto es una avivada”, comentó a los medios de comunicación.

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Asimismo, el legislador sostuvo que teniendo en cuenta esta práctica habitual con la anuencia de los empleadores “correspondería” la aprobación del documento.

No obstante, aclaró que se interiorizará aún más sobre la propuesta teniendo en cuenta su reciente ingreso al circuito del Congreso Nacional, ya que deberá pasar previamente por las comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

“Es un proyecto de ley que requiere la participación de todos los sectores porque es un tema muy sensible”, dijo el legislador al ser consultado sobre el punto.

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El senador del movimiento Yo Creo, José Oviedo se refirió sobre la media sanción otorgada por la Cámara Alta a la iniciativa de reforma la carrera del servicio civil impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña que tiene como fin iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público, principalmente en el ámbito del Poder Ejecutivo.

“Se trabajó bastante con el frente sindical, con varias organizaciones. Lo que se percibe es que hay un mayor consenso sobre este proyecto con relación a otras iniciativas importantes. Ayer aprobamos casi por unanimidad, solamente una senadora votó en contra”, manifestó a la 1020 AM.

El proyecto aprobado por los senadores y remitido a Diputados para su estudio establece el concurso público como el único mecanismo de ingreso a la función pública, con excepciones para los cargos electivos y de confianza. También contempla un período de prueba de seis meses para la evaluación y posterior estabilidad laboral.

“Una ley no va a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos en la función pública, pero es un gran avance. Esta es una iniciativa necesaria, ya que debemos tener una ley que rija a la función pública y que establezca la estructura de una carrera civil”, comentó Oviedo.

En cuanto a los empleados contratados, se prevé un régimen especial que garantiza la estabilidad laboral tras diez años de servicio ininterrumpido y derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y acceso a la seguridad social, conforme al presupuesto vigente.

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Para los directivos públicos, el proyecto establece que sean seleccionados mediante concurso público, con un periodo de tres años y un límite de nueve años de permanencia. Los actuales directivos que ocupan puestos sin carácter de confianza podrán continuar en sus cargos hasta que se realicen los concursos necesarios para su cobertura.

Sobre las pasantías, el proyecto aclara que estas no crean vínculo laboral, ni permiten cubrir vacantes o reemplazar personal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será responsable de diseñar las políticas de remuneración para el servicio civil, teniendo en cuenta el impacto fiscal y la eficiencia del gasto.

“No creo que surjan muchas modificaciones en Diputados”, dijo el parlamentario con relación a su próximo estudio en la cámara revisora. A la vez abogó por la inmediata sanción y promulgación de la iniciativa.

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Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.

El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.

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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.

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El senador Eduardo Nakayama sostuvo que urge el cambio de las leyes para los casos de los que conducen en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes. La postura del senador se dio tras el trágico accidente de tránsito que se registró en San Bernardino, donde fallecieron cuatro personas.

En este caso, el conductor que ocasionó el siniestro dio positivo a la prueba de alcoholemia, y en este punto, el senador sostuvo que es el momento de trabajar en una legislación para aumentar la pena, incluso a 15 años de pena privativa en los casos en que se registren muertes en accidentes de tránsito y los conductores estén sobre el efecto del alcohol o estupefacientes.

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“Es un homicidio culposo definitivamente, porque lo que modifica o cambia de la culpa al dolo es la intencionalidad, es decir, difícilmente uno quiera salir a matar, eso creo que queda claro, pero la culpa también tiene sus graduaciones”, lamentó Nakayama.

Mencionó que además del alcohol, se suma la gran velocidad y la imprudencia al conducir, son elementos que componen una falta gravísima en el tránsito. “En esos casos nosotros tenemos que aumentar las penas, porque no es posible que la expectativa hoy sea solo dos años por manejar ebrio, y hasta ocho años, en los casos que es el agravante del homicidio culposo por manejar bajo los efectos del alcohol”, expresó.

El legislador habló de aumentar el máximo de pena a 15 años, en los casos en que los accidentes de tránsito ocurran por la ingesta de alcohol o estupefacientes, y se registren víctimas fatales. “En esos casos se tiene que aumentar la expectativa de pena, por lo menos al doble, a quince años, porque es una cuestión que no podemos seguir tolerando, permitiendo, vemos que la principal causa de muerte en el Paraguay son los accidentes de tránsito, y en gran medida, el alcohol tiene un componente fuerte dentro de estos accidentes”, apuntó.

Así mismo, agregó que no se puede permitir que siga existiendo la impunidad en estos casos. “No podemos seguir lamentando que queden con este tipo de impunidad, de accidentes tan horribles, como el que ocurrió en la víspera en San Bernardino y que se repite a lo largo y ancho de todo el país”, sentenció.

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