La mesa directiva, integrada por los líderes y vicelíderes de bancadas de la Cámara de Senadores, encabezados por su titular, el senador colorado Basilio Núñez, recibió este lunes al presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, quien brindó detalles sobre el avance en el proceso de compra de combustible de una empresa qatarí.

Al término de la reunión, el presidente de Petropar explicó que el acuerdo firmado con la empresa qatarí establece un precio fijo por metro cúbico de USD 507, cifra que calificó como “imbatible” en comparación con los precios actuales del mercado.

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Explicó que este contrato forma parte de una estrategia de compra que busca obtener productos al menor precio posible y, con ello, beneficiar directamente a la ciudadanía.

“Ninguna otra compra ha podido igualar ese precio. El contrato fue firmado hace nueve meses y aún no se concretó la entrega por problemas logísticos y burocráticos. Incluso ya teníamos el nombre del buque que iba a cargar; pero en ese proceso de búsqueda de cómo hacer llegar el producto hasta acá, hay varios temas burocráticos que se están solucionando”, explicó Jara al Senado.

El titular de la petrolera estatal afirmó que el contrato no está en riesgo, aunque sí se han producido demoras atribuibles principalmente a trabas bancarias y logísticas en el país proveedor, además de la inexperiencia del proveedor en los procesos de entrega hacia Paraguay.

A pesar del incumplimiento en los plazos, el presidente de Petropar aseguró que el país no se encuentra en riesgo de desabastecimiento gracias a la diversificación de compras entre licitaciones y operaciones de oportunidad.

“Nunca hubo riesgo, ni lo habrá, porque manejamos estratégicamente nuestras políticas comerciales. El 30 % del combustible es proveído por Petropar, mientras que el 70 % restante corresponde al sector privado, que hoy ya está subiendo sus precios en promedio 700 guaraníes”, añadió Eddie Jara.

Consultado sobre la posibilidad de ejecutar la póliza en caso de no recibir el producto, el titular de la petrolera estatal respondió que están en comunicación diaria con el proveedor y que esperan una respuesta definitiva en el transcurso de esta semana.

“Estamos evaluando. No estamos entusiasmados en extender el contrato, pero por los precios actuales creemos que la ciudadanía merece que se analice. La empresa representa a un país serio, uno de los principales exportadores de gas del mundo. El retraso no compromete nuestra capacidad operativa ni la disponibilidad de combustible”, remarcó.

También aclaró que, en el mercado de combustibles, el origen del producto no siempre coincide con el país de origen de la empresa proveedora, debido a la dinámica internacional del comercio energético.

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La jueza penal de Liquidación y Sentencia de la Capital, Lourdes Peña Villalba, ordenó informar a la Cámara Alta respecto a dos querellas por difamación promovida contra la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla.

Las querellas fueron impulsadas por la diputada Cristina Villalba y el exdiputado Nazario Rojas. Ambas providencias ordenan: “Póngase a conocimiento de la Honorable Cámara de Senadores la presente querella autónoma en contra de Celeste Josefina Amarilla de Boccia, actual Senadora de la Nación, debiendo acompañarse las copias para traslado correspondientes”.

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La información fue compartida por el abogado de ambos dirigentes colorados, Óscar Tuma. Los oficios fueron remitidos al presidente del Congreso Nacional y del Senado, Basilio Núñez, para los fines de rigor institucional.

Amarilla, cuando ocupada el cargo de diputada, sin presentar pruebas ni denuncias formales había argumentado que ambos políticos poseen vínculos con el narcotráfico. Las querellas fueron presentadas de manera individual y acusan a la senadora de haber afectado su honor y reputación. Mediante este paso, si la causa judicial avanza podría derivar en el desafuero de la dirigente liberal.

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El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

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“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

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El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, refirió que aguarda que en Diputados sea modificado el proyecto de ley que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves, que ayer miércoles obtuvo media sanción del Senado.

“Este es un tema bastante polémico, pero que tiene que ser tratado de forma muy detenida, con pinzas, por cuestiones que deben cumplir con el propósito de la legislación penal, en este caso la justicia juvenil restaurativa. Si la ciudadanía espera que esto solucione el problema, no lo hará“, indicó el secretario de Estado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez, en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

“Acá se necesita otro tipo de abordajes, seguir trabajando con más fuerza en la política pública y prevención, pero evidentemente existe una necesidad que se realice justicia ante casos tan extremos. Nosotros no estamos en contra de que se realice un ajuste, pero planteamos hacer un incremento más leve, detallar que se vea para cada caso en particular cuál fue el nivel de reprochabilidad, es decir qué capacidad tiene el joven para dimensionar la antijuridicidad de su conducta, no todos los casos son iguales”, comentó.

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Asimismo, Gutiérrez afirmó que “abrir la brecha y que para todos los casos sea el aumento duplicado o más de penas, no debería ser la regla, sino una cuestión excepcional”.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

“Nuestro equipo había planteado que se pueda formar una mesa técnica que permita manejar con un poco más de tiempo y detenimiento este tipo de situaciones debido a que tenemos elementos internacionales suscritos hace años. En todos los países del mundo, el espíritu de la justicia penal adolescente no tiene una expectativa punitiva. Vamos a ver la participación que se le da al Ejecutivo en Diputados”, dijo.

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