El megaoperativo A ultranza Py, iniciado el martes pasado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, con el apoyo de organismos internacionales, contra el lavado de dinero y el narcotráfico, se destaca por ser el de mayor incautación de bienes de lujo y allanamientos realizado.
Así lo confirmó hoy domingo el director de la Asesoría Jurídica de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Gonzalo García, quien comentó que se encuentran sobrepasados de trabajo al igual que la Fiscalía en el marco de esa operación.
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“En lujos sí es la mayor (…), creo que es la causa que más allanamientos está teniendo, de los que nosotros administramos”, indicó el funcionario al momento de aclarar que no puede decir lo mismo sobre los montos de lo comisado hasta ahora en comparación a otras causas. Pero sí sobre los lujos observados y específicamente se refirió a los 3 autos de la marca Lamborghini que forman parte de un lote de 24 vehículos, varios de ellos de alta gama, decomisados. También fueron incautadas costosas aeronaves, yates, camiones, autobuses, tractores, mansiones y estancias agrícolas ganaderas y empresas.
“Tenemos números, exactos no. Económicamente aún no lo hicimos. Nosotros hacemos las valoraciones con tasadores matriculados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez que recibimos todos los bienes contratamos tasadores y ellos nos dan el precio real de mercado”, indicó.
Inventario y medidas de urgencia
Explicó que en estos momentos se encuentran aún abocados en la tarea de recepción, conservación y protección de los bienes incautados para tratar de evitar que se produzcan pérdidas y ver las medidas de administración de urgencia, como en el caso de los establecimientos ganaderos para disponer de la venta de los animales a través de órdenes judiciales, así como el pago de salarios a empleados de las empresas afectadas y que no guardarían vinculación directa con la estructura delictiva investigada.
“Una vez que se allana un inmueble y ya está asegurado, nos avisan y nosotros tenemos un equipo de trabajo que va y hace el inventario. Y ahí pedimos, en caso de que sea necesario, apoyo de la Policía Nacional o del ejército para la cobertura temporal hasta que veamos cuál va a ser la mejor medida de administración”, remarcó.
Comentó, además, que el inventario y todo ese trabajo lo hacen funcionarios de la Senabico, que son pocos, pero que tienen la posibilidad de tercerizar las tareas como en el caso de los establecimientos rurales donde cuentan con empresas que se encargan del apoyo logístico y técnico para el cuidado tanto de los bienes como de los animales.
Asistencia a los afectados
También están abocados a la tarea de asistir a los empleados de las empresas afectadas. “La idea es en algún momento organizar una mesa de trabajo con el Ministerio Público en relación con ese punto y ver que nos entreguen la administración de las empresas para hacerlas productivas nuevamente si es que comercialmente lo eran. En estas tipologías existen empresas que en los papeles dicen una cosa, pero que en realidad son otra cosa. Pero en el caso de que sean empresas productivas se van a mantener los puestos de trabajo si es que no son personas vinculadas a la estructura”, puntualizó García en declaraciones a la radio 1020 AM.
En sintonía, la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, dijo que se deben sentar a conversar cómo harán para fortalecer la institución a su cargo, atendiendo a la gran cantidad de allanamientos y entrega de bienes que se seguirán realizando.
“Somos 30 funcionarios y estamos recurriendo al auxilio de las fuerzas públicas, de la Policía, de las fuerzas militares, FTC (Fuerza de Tarea Conjunta), de la Senad para la custodia de estos bienes. Mientras tanto nosotros estamos viendo la mejor decisión sobre cómo vamos a administrar estos inmuebles”, dijo Rojas en declaraciones a Abc TV.
Bienes comisados
El Operativo A ultranza Py suma más de treinta allanamientos en los que fueron incautados una gran cantidad de bienes. La investigación se inició a finales del 2019 y ya lleva 27 meses de trabajo entre la Senad en coordinación incluso con la DEA de Estados Unidos, la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía uruguaya.
Además, hay siete personas detenidas, entre ellas, Alberto Koube, Fátima Koube Ayala, Job von Zastrow Masi, Luis Fernando Sebriani González, Liz Fabiola Taboada Gamarra, María Noelia Colmán Alarcón y Conrado Ramón Insfrán.
Fueron incautadas también 9 aeronaves, 30 camiones tipo Scania, 12 carretas de remolque, 16 tractores, 24 vehículos (algunos de alta gama como los 3 Lamborghini comisados), 2 motocicletas, 3 embarcaciones, 9 máquinas agrícolas, más de cuatro mil cabezas de ganado, 3 pistolas, 1 rifle y 1 revólver, así como varios establecimientos ganaderos y documentos. Desde la Senad también confirmaron que hay unas 17 personas imputadas con orden de detención y todas plenamente identificadas por las autoridades.
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