El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encon­trar méritos a la denuncia for­mulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresi­dente, y para esto utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entida­des extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque rea­liza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en con­tra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

El abogado señaló que esta causa tuvo como único obje­tivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entor­pecer la candidatura de San­tiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se ini­ciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros partici­paron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fue­ron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Sepre­lad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. en abril de 2022, pidiendo que la juris­dicción norteamericana inter­viniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fis­cales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para pos­teriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauri­cio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriqueci­miento ilícito, contrabando, evasión y actividades finan­cieras irregulares.

El pedido del 6 de junio de la Fiscalía para desestimar la denuncia del exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmandatario Horacio Cartes tiene consonancia con la acusación que el Ministerio Público presentó en marzo pasado, en que Giuzzio está incluido por la filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines de persecución política, ocurrido en el 2022.

“Giuzzio está acusado para ir a juicio oral y público por las filtraciones y manipulaciones que utilizó”, comentó el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, en una entrevista a la 650 AM. “Fue una trama montada inicialmente en febrero del 2022 por Arnaldo Giuzzio en el Congreso Nacional en la Comisión Permanente que luego deriva en una denuncia de Seprelad en estos informes”, puntualizó.

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En aquel marco, el extitular del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, aprovechó una sesión sin cuórum y convocada para dar explicaciones sobre hechos de inseguridad ciudadana, para lanzar acusaciones contra Cartes, denuncia que presentó ante la Seprelad, y no al Ministerio Público, que, al citarlo para aportar pruebas, solo recibió una recusación contra los fiscales asignados para la investigación.

“Trato de mantener mucha cordura en los análisis para caer en el fanatismo por mi posición de abogado defensor, pero verdaderamente esto sobrepasó cualquier límite”, expresó Ovelar. “Es indignante y muy bajo hasta donde han caído y llama la atención en cómo se llenan la boca en cuestiones de democracia”.

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Pese a la falta de cooperación del principal denunciante, el equipo fiscal desplegó una serie de 26 diligencias con consultas a múltiples instituciones que pudieran sostener los posibles hechos punibles contra el exmandatario. Sin embargo, los fiscales no encontraron pruebas e incluso Brasil ratificó que ni Tabesa ni Cartes estaban investigados por contrabando, como una de las líneas que señaló Giuzzio en su exposición oral.

Al respecto, el representante legal del expresidente de la República dijo: “La verdad es que nunca existió lo que ellos afirmaron que si existió. Es un relato carente de elementos facticos en busca perjudicar a un líder. El objetivo de ellos era el poder para enriquecerse. Más tarde que temprano esto va a salir a la luz. El daño económico y moral es irreparable. Realmente ellos tienen que pagar y rendir a la Justicia con lo que hicieron.

El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresidente de la República Horacio Car­tes, sostuvo que la desesti­mación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denun­cia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las ins­tituciones fueron instrumen­talizadas para la persecu­ción política y el terrorismo de Estado hacia sus adversa­rios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a engro­sar los elementos probato­rios en contra de los acusa­dos de persecución política contra Cartes. Todos los ele­mentos probatorios y el aná­lisis realizados por la Fisca­lía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestima­ción de la falsa denuncia impul­sada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eva­sión de impuestos y contra­bando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encon­traron sustento para los argu­mentos lanzados por el exmi­nistro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un con­cierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que deses­timó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referen­cia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carác­ter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativa­mente, la acusación se pro­dujo en medio de las recientes elecciones internas colora­das del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Car­tes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Aso­ciación Nacional Republi­cana (ANR) y contaban con sus respectivos precandi­datos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

El 31 de julio de 2023, Car­tes había denunciado que fue víctima de una perse­cución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fue­ron acusados los exfuncio­narios abdistas Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de trata­miento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mau­ricio Espínola, actual dipu­tado. Pese a que el exmanda­tario alegó públicamente que se sometería a la Justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finali­dad de paralizar y entorpecer la acción de la Justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de Justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanis­mos procesales, así termina­ron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal”, refirió Ovelar.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.

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