• LA CAJA NEGRA

Los abogados presen­taron hasta la fecha una docena de inci­dentes ante la Justicia, dise­ñadas meramente para dila­tar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas manio­bras impiden que avance el caso que investiga las filtraciones de datos confidenciales.

El expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus cola­boradores están procesados por la filtración de informes confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) entre 2021 y 2022. Durante ese período, según la Fisca­lía, estos informes se habrían utilizado para afectar políti­camente a rivales internos del Partido Colorado, específica­mente a figuras como Horacio Cartes y Santiago Peña. Entre los cargos se encuentran reve­lación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación cri­minal, entre otros delitos.

Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener el avance de la causa, señalando que se trataba de una persecución política y cuestionando la validez de las pruebas, pero sin sustentar estas declaraciones.

Entre las medidas adoptadas están las solicitudes de nuli­dad de imputación, recursos ante tribunales superiores, exclusión de varias pruebas, y recusaciones contra los inter­vinientes, que lograron pospo­ner las diligencias judiciales en varias ocasiones.

Ni bien se presentó la impu­tación del Ministerio Público, comenzó el concurso de los abogados chicaneros con estrategias legales para ralen­tizar y obstaculizar el proceso judicial. El 28 de octubre de 2024, el abogado Emilio Fus­ter, defensor del exministro Arnaldo Giuzzio, recusó a la jueza Cynthia Lovera por haber admitido la imputación formulada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes luego fueron aparta­dos de la investigación.

Le siguieron las defensas de los otros procesados con más chicanas. Los abogados Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna, quien ejerce la defensa de Carmen Pereira y Francisco Pereira Cohene; y Enrique Kro­naweter, defensor de Daniel Alberto Farías, plantearon una reposición y apelación en sub­sidio contra la determinación adoptada por la jueza Lovera. Misma acción efectuaron los letrados Felino Amarilla y Emi­lio Fúster.

Otro incidente planteado por la gavilla de Abdo Benítez guarda relación con el cuadernillo de extracción de datos de la Sepre­lad. Al respecto, los involucra­dos solicitaron que esta prueba no sea aceptada en la causa.

Así también el abogado Kro­naweter apeló la resolución de la jueza de turno Clara Ruiz Díaz, quien había hecho lugar en el mes de enero a la autoriza­ción judicial para la extracción de datos como acto investiga­tivo, mediante la cual la Fiscalía tuvo elementos de convicción para sostener su imputación. Con esta medida, la defensa busca obtener la nulidad del acta de imputación.

El 1 de abril, el abogado Felino Amarilla, en representación del extitular de Seprelad Car­los Arregui, presentó una recusación contra los cama­ristas que debían confirmar a la jueza recusada inicialmente por Fuster, elevando la causa a la Sala Penal de la Corte. El 21 de agosto, la Cámara de Apela­ción, integrada por los cama­ristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Fleitas y Gus­tavo Aguade, confirmó la com­petencia de la magistrada Cyn­thia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal. Sin embargo, el 2 de setiem­bre, el abogado Emilio Fúster, defensor de Arnaldo Giuzzio, volvió a paralizar el proceso, al presentar una apelación gene­ral contra la resolución del Tri­bunal de Apelación que con­firmó a la jueza Lovera.

El 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la apelación y confirmó la com­petencia de la jueza en el pro­ceso penal. No obstante, para evitar que el proceso pueda seguir su curso, la defensa del imputado Daniel Alberto Farías solicitó la nulidad de la resolu­ción del Tribunal de Apelación que hizo lugar al pedido de pró­rroga de la Fiscalía para que pueda investigar hasta el 11 de marzo de 2025. Ahora los inte­grantes de la máxima instancia judicial tendrán que resolver la nueva chicana para que luego pueda bajar el expediente judi­cial al Juzgado Penal de Garan­tías, que deberá fijar la fecha de audiencia de imposición de medidas y a su vez estudiar la decena de chicanas que siguen pendientes de resolución.

A ocho meses de haberse iniciado el proceso penal contra el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez y varios de sus principa­les colaboradores, la Justicia ya rechazó tres chicanas pre­sentadas por la defensa de los imputados por la filtración y producción de información falsa en la Seprelad.

Asimismo, aún sigue pen­diente de estudio en la sala penal de la Corte dos ape­laciones más que presen­taron los abogados Emilio Fuster en representación de Arnaldo Giuzzio y Alfredo Enrique Kroanawetter en representación de Daniel Farías. Ambos apelaron la resolución del tribunal de alzada que otorgó seis meses más de tiempo al Ministerio Público para que presente su acusación contra Abdo y el resto de los imputados.

Los ministros de la máxima instancia judicial que deben destrabar el proceso penal de Mario Abdo Benítez y sus exministros son Manuel Ramírez Candia, César Die­sel y Gustavo Santander.

Las chicanas que ya fueron rechazadas por la Justicia son la recusación contra los integrantes del Tribu­nal de Apelación que en su momento debían estudiar la recusación que pesaba sobre la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

Igualmente, al ser confir­mada la cámara de apela­ción, la misma rechazó la recusación que presentó el abogado Emilio Fuster, defensor de Giuzzio contra la magistrada Cynthia Lovera. No contento con la resolución contundente del tribunal de alzada, Fuster presentó una nueva apelación ante la sala penal de la Corte tratando de separar a la jueza Lovera. En efecto, la sala penal de la máxima instancia judicial declaró inadmisible la ape­lación y por ende confirmó la competencia de la magis­trada Cynthia Lovera.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espí­nola, por varios hechos puni­bles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de ata­car políticamente al exman­datario Horacio Cartes y el entonces candidato presiden­cial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

El Tribunal de Apelación otorgó 6 meses más de tiempo a la Fiscalía para que investigue al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y los demás impu­tados, acusados por varios delitos en el caso conocido como filtración de infor­mación de Seprelad. Con la presente resolución, el 11 de marzo de 2025 el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo, que podría ser la acusación y el pedido de juicio oral para Abdo Benítez y leales, o bien una salida procesal.

El 31 de julio de 2023, el presi­dente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exman­datario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denun­cia formal ante el Ministerio Público por persecución polí­tica desde el 2018 a la fecha. El 30 de agosto y 30 de octu­bre del mismo año amplió la denuncia agregando filtra­ciones de información con­fidencial.

Este jueves fue publicado el informe oficial de la prueba de nitrito y nitrato en el caso del fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrido durante el allanamiento en su domicilio el 19 de agosto pasado en el marco del operativo Pavo Real II. El resultado de la prueba dio negativo.

Tras darse a conocer el documento el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que la postura tanto de la institución a su cargo como de la Policía Nacional es aguardar la conclusión de la Fiscalía con todo el conjunto de pruebas recabadas en el marco de este hecho. Afirmó que el informe “no es concluyente”.

“Lo más prudente y la posición oficial del Ministerio y de la Policía es, esperemos con paciencia y con fe a que la Fiscalía, con el conjunto de las pruebas hagan la valoración y tomen su propia conclusión”, expresó el secretario de Estado al programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El ministro ratificó la versión inicial de la Policía, de que el arma que pertenecía a Gomes se disparó, y que la prueba de parafina no es el único elemento con que se cuenta en este proceso de investigación. “Hay otras formas en las que se prueban estos hechos. La Policía sostiene que además de la extracción de parafina se hace también el hisopado y el hisopado habría dado positivo, y también hay un montón de elementos que van a conformar y confirmar la versión que se tuvo desde el día uno”, apuntó.

Indicó que todo el procedimiento y cómo se dieron los hechos está escrito y publicado, y en este caso, aguardan los resultados finales de la investigación de la Fiscalía General del Estado con todos los elementos. Afirmó que este informe no es concluyente a la investigación.

“Sí es (de la Fiscalía), pero no es concluyente. No siempre la falta de muestra de parafina, de nitritos en la mano del tirador es definitiva y no es la única tampoco, porque hay algunas preguntas que la Fiscalía va quitar a la luz de otros hechos probatorios. ¿Quién disparó la pistola? Y si la pistola está disparada ya tiene que explicarse por lo menos quién disparó”, sentenció.

El informe técnico balístico del Ministerio Público cita todos los elementos que fueron recolectados de la escena del hecho, como muestras ambas manos, puños de ambas manos, antebrazos y heridas, entre otros. Los estudios realizados son de investigación de plomo, investigación de bario, investigación de nitrito.

La conclusión de estos estudios técnicos señala que “no se detecta la presencia de nitritos, plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego”. Así también indica que “en la muestra M1 (rotulada como emitorax lado izquierdo) se detecta la presencia de plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego, en la muestra M1 no se detecta la detecta la presencia de nitrato”.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.

El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.

“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.

Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.

“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.

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