El diputado colorado Walter Harms sostuvo que la propuesta presentada por su colega Hugo Ramírez para establecer por ley la obligatoriedad del pase sanitario o presentación de certificado de vacunación para el ingreso a eventos masivos es inconstitucional. Indicó que la Carta Magna es muy clara en establecer garantías sobre la libre circulación y la igualdad.
En comunicación con La Nación, el diputado de Itapúa sostuvo que no se puede discriminar a nadie por una cuestión sanitaria, lo que ni siquiera está recomendado por el Ministerio de Salud Pública. “Esto va a generar ciudadanos de primera y de segunda, si es que cada uno debemos andar con el certificado en mano, como si fuera un permiso de circulación y de portación de libertad. Se estaría atropellando derechos constitucionales”, advirtió.
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Por otra parte, Harms señaló que el proyecto presentado por su colega Ramírez habla de las personas que ingresan al país; sin embargo, los protocolos sanitarios para el ingreso al país ya están establecidos por las normativas del Ministerio de Salud, que piden el PCR negativo o antígeno negativo.
Al respecto, indicó que debería ser el Ministerio de Salud Pública el que en todo caso establezca las normas y no por ley. “Cualquier norma o recomendación siempre deben ajustarse a las garantías que nos otorga la Constitución y ninguna ley puede colisionar ni estar por encima de la Constitución y los derechos que nos da la Carta Maga. Entonces, yo creo que constitucionalmente no tiene ninguna posibilidad de que esto se pueda plantear”, concluyó.
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Diputados archiva proyecto de derribo de aviones
En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados archivó el proyecto de ley “que establece mecanismos y procedimientos para la fase III del derribo de aviones”. De acuerdo al análisis de los legisladores, esta modificación a la ley n.° 6.980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno", de hecho recomendó el rechazo de la iniciativa.
“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operaciones para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efectos de neutralizar la amenaza inminente si fuere necesario, sin comprometer la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.
El legislador mencionó una serie de motivos por los cuales consideraron que la aplicación de la propuesta legislativa no era viable. En esta línea, indicaron que la recomendación de rechazar el proyecto se debe a una conclusión remitida por el propio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tratados internacionales y convenios a los que se encuentra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.
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“Cualquier derribo de aviones que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vinculada a la potencialidad de las aeronaves ante una posible acción hostil que constituya una amenaza a los intereses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comisión de delito”, explicó.
El Ministerio de Defensa alegó que consideran los principios y garantías constitucionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aeronaves civiles en vuelo.
Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territorial en el espacio aéreo nacional. “Por lo tanto, es innecesaria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.
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Derribo de aviones no es compatible con la Constitución, afirma Latorre
El proyecto de ley de derribo de aeronaves irregulares se encuentra nuevamente en debate en la Cámara de Diputados, el mismo planteamiento que ya se había discutido en periodos anteriores. El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que su postura y de varios de sus colegas de la bancada colorada es de no acompañar esta iniciativa legislativa.
El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los diputados. La normativa se reimpulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros aviones Super Tucano desde Brasil para reforzar la defensa aérea.
“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nuestros principios constitucionales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio contra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Agregó que “el planteamiento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.
El diputado explicó que bajo estas argumentaciones no está de acuerdo con modificar la ley ya existente, que data del 2022, para autorizar el derribo de aeronaves. Indicó que esta normativa ya prevé una reacción de la Fuerza Aérea en caso de amenazas o peligro inminente para terceros.
“Ese es uno de los principales argumentos por el cual yo estoy a favor de mantener la ley vigente y de evitar modificaciones. La ley vigente permite el derribo, permite el ejercicio de la legítima defensa si existe un verdadero riesgo físico, tanto para los representantes de la Fuerza Aérea, en le caso que estén pilotando los cazas, los Super Tucano, como para terceros. Ante un riesgo físico se puede ejercer la legítima defensa, pero no está autorizada una ejecución sumarial a los pilotos o a los pasajeros de una aeronave civil que no haya sido juzgada”, argumentó.
Avanzar en el fortalecimiento de la defensa
Latorre manifestó que el Estado debe ir fortaleciendo cada vez más su capacidad de defensa, en este caso, del espacio aéreo, lo que ya se está llevando adelante por el Gobierno con la adquisición de los aviones Super Tucano, que ya arribaron las primeros cuatro de seis aeronaves desde Brasil, y los radares que complementarán la protección territorial en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Yo soy un convencido de la necesidad de seguir fortaleciendo nuestras capacidades para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, en ese sentido, con la adquisición del sistema de radares, la llegada de los Super Tucano, es un gran avance, es tener la oportunidad finalmente de realizar el ejercicio de nuestra soberanía, del control de nuestro espacio aéreo, además del fortalecimiento de nuestras capacidades”, finalizó.
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Presidente de Diputados respalda marco legal vigente para proteger el espacio aéreo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció sobre debate en torno al proyecto de ley que propone habilitar el derribo de aeronaves sospechosas en el espacio aéreo paraguayo. La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubin, reactivó esta discusión sobre la cual ya se pronunció el Ministerio de Defensa.
“La protección de nuestro espacio aéreo debe estar basada en los principios consagrados en nuestra Constitución y en los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, expresó Latorre a través de X.
El titular de Diputados reafirmó, además, “la posición firme en defensa del ordenamiento jurídico vigente” y destacó el avance que representa la adquisición del sistema de radares y los aviones Súper Tucano en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La ley como está
Cabe mencionar que el ministro de Defensa, Óscar González, dejó en claro que no es necesaria una ley que permita el derribo de aeronaves. “No necesitamos de la facultad de derribar aeronaves, necesitamos la ley así como está, porque nos garantiza que vamos a poder proceder con toda la eficacia que corresponde”, sostuvo este lunes ante varios medios de prensa.
Según González, el hecho de no contar con autorización para derribar un avión no significa que la aeronave vaya a escapar del control del Estado. “De ninguna manera. Vamos a hostigarle hasta que aterrice, con armas, el piloto está facultado a hacer tiros disuasivos”, explicó. Además, enfatizó que se trata de una estrategia conjunta que involucra a distintas agencias nacionales y que cuenta con respaldo internacional.
“La protección del espacio aéreo es una cuestión regional”, resaltó el ministro, al recordar que existen convenios de cooperación e intercambio de información con las Fuerzas Aéreas de Brasil, Argentina y Bolivia. Desde el Ejecutivo y del oficialismo, sostienen que los actuales marcos normativos ya otorgan herramientas suficientes para la defensa del espacio aéreo sin necesidad de autorizar medidas extremas.
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Diputados analizarán proyecto que crea Registro Nacional de Pagarés
La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.
La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.
De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.
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Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes. El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.
El registro podrá ser utilizado por entidades financieras reguladas, cooperativas autorizadas, casas de bolsa, escribanos públicos y emisoras de valores, todas previa autorización del Banco Central del Paraguay. La propuesta también contempla penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas que podrían alcanzar hasta el triple del monto defraudado, para quienes falsifiquen documentos o ingresen datos incorrectos en el sistema.
Los jueces que ejecuten títulos no registrados también serán pasibles de sanciones. Para su implementación, el proyecto introduce modificaciones al Código Procesal Civil, la Ley General de Bancos y el Código Civil. Actualmente, se encuentra en su primer trámite constitucional.
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