Los senadores estudiaron en comisiones la nueva ley de contrataciones públicas, que tiene como eje principal modernizar las compras del Estado para que sean efectivas. La actual Ley de Contrataciones Públicas data del año 2003, y con este nuevo proyecto se pretende realizar una actualización completa de dicha legislación.
El pleno del Senado espera tratarlo esta semana para lograr su aprobación y enviarlo a Diputados. La modificación de la ley representaría un ahorro equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB), recursos que pretenden ser invertidos en otras áreas. Actualmente, las compras públicas llegan a G. 3.000 millones.
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El senador Juan Darío Monges, presidente de la Comisión de Hacienda, sostuvo que en un encuentro entre las comisiones de Legislación, y Cuentas y Control se logró avanzar en el estudio. En esta nueva normativa se modificaron 16 artículos que fueron abordados por las tres comisiones.
El encuentro representa un avance para tratarlo ante el plenario. El debate de la propuesta legislativa contó con la presencia del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación (STP); Pablo Seitz, director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); Vicente Bataglia, presidente del Consejo de Administración del IPS.
Las principales innovaciones que se introducen a la legislación son: valor por dinero, economía de escala, dinamización de sectores estratégicos, registro de proveedores y compradores, sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, participación ciudadana y transparencia.
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Santiago Peña objetó ley del agente penitenciario
El presidente Santiago Peña objetó totalmente el proyecto de ley N° 7.318 “del agente penitenciario”, siendo devuelto al Congreso. La propuesta legislativa había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
“Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”, se expresa en parte del decreto.
Desde el Ejecutivo, remarcaron también que diversos aspectos normativos del proyecto supondrían un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos competentes.
“Se han dictado normas como la ley N° 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado, la cual prevé que antes de dictarse una ley que cree, modifique o regule nuevas estructuras administrativas, se cuente con un parecer técnico sobre su necesidad por parte del Ministerio de Economía”, se expresó, lo cual no se aplicó con el referido proyecto.
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El plan legislativo
De acuerdo al Ejecutivo, el impacto presupuestario del plan legislativo sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año. Esto abarcaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de los trabajadores tendrían cargo de directores.
“La iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, se subrayó desde Presidencia.
El proyecto de ley vetado busca definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados, pretendiendo humanizar la carrera, en respeto a la institucionalidad. Desde el Ejecutivo se coincidió en su relevancia, pero atendiendo las consideraciones planteadas.
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“Solicitar transparencia no es ningún tipo de garrote”, sostienen desde el Banco de Alimentos
El presidente del Banco de Alimentos, Guillermo Fanego, manifestó estar de acuerdo con la iniciativa legislativa que apunta a un mayor control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y señaló que no debería haber una oposición ante la intención de solicitar mayor transparencia a estas asociaciones.
“Solicitar transparencia no es ningún tipo de garrote, sino es simplemente pedir ser más transparentes para la sociedad. Nosotros formamos parte de las fundaciones que prácticamente no recibimos donaciones de parte del Estado, pero estamos a favor de eso”, sostuvo en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.
No obstante indicó que más allá de establecer controles, el Estado también debería empezar a premiar o incentivar a aquellas organizaciones civiles que sí cumplen con las normativas y que cumplen un rol trascendental en las áreas o sectores donde las instituciones estatales no están pudiendo llegar.
“Hay una famosa frase que dice ‘mayor sociedad le hace mejor al Estado’, entonces está bien que nos controlen y que haya transparencia, pero es importante que a través de esa evaluación puedan determinar quiénes son las que trabajan bien y entonces apoyarles”, afirmó el titular del Banco de Alimentos.
Fanego reafirmó que como organización están totalmente a favor de la transparencia y que no ven a esta iniciativa que se plantea desde el Congreso como un problema. Indicó que el Banco de Alimentos recibe muchas donaciones pero no de parte del Estado, no obstante, cuentan con asambleas y balances al día sobre los gastos y el destino de los recursos.
“De por sí ya existen las instituciones que nos están controlando y creo que esta ley viene a reforzar más en una cuestión de transparencia. Nosotros estamos a favor de eso, no tenemos ningún problema en ese sentido. Lo que sí podemos decir es que está bien que el Estado controle, pero tiene que premiar también a las instituciones que sí cumplen”, ratificó.
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Diputados aprobó con modificaciones propuesta de control, transparencia y rendición de oenegés
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley para el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG). El plenario acompañó en mayoría las propuestas de modificación planteadas por el Poder Ejecutivo.
El documento, que ya contaba con media sanción del Senado, ahora vuelve a la cámara de origen para el estudio y consideración de las modificaciones planteadas. De ser aceptada por la Cámara Alta, la normativa ya quedará sancionada.
Luego de un largo debate de casi dos horas, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre puso a consideración de sus colegas el proyecto, y llevó adelante la votación nominal, en la que 47 diputados votaron a favor, 13 en contra, mientras que 2 se abstuvieron y 18 ausencias se registraron al momento de la votación.
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Al respecto, la representante de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, señaló las modificaciones planteadas a la propuesta que establecen un régimen de control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que desarrollan actividades públicas de interés social y cultural.
Señaló que de ahora en más se entienden como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o prividados nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.
Señaló que la legislación expresa claramente que quedarán excluidos de la normativa tratada aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
Indicó que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a la facultades que le correspondan a la Contraloría General de la República y otras entidades estatales.
Mencionó además que se establece crear un registro de las OSFL dependiente del Ministerio de Economía y será de carácter público y accesible a la ciudadanía mediante medios electrónicos. También deberán registrarse aquellas OSFL de origen extranjero que realicen actividades en el Paraguay de manera directa o indirecta.
La diputada de la Comisión de Equidad, Rocío Abed, señaló que el dictamen de la mesa asesora fue idéntico al del presupuesto, por lo que acompañan su aprobación con modificaciones, aclarando que tuvieron dos meses y 20 días para analizar y formular sus propios criterios para plantear las modificaciones.
“Esta ley está preservando algunos principios fundamentales como son la transparencia, el control y la rendición de cuentas, en un país en el que las organizaciones y las personas físicas y jurídicas tienen la obligación de estar en igualdad de condiciones y justamente ahí se introduce el principio de equidad”, comentó.
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Control de ONG: excluirán a iglesias, sindicatos y gremios campesinos, anunció Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anticipó este martes que se incluirán varias modificaciones en el proyecto de ley para el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas, la exclusión de iglesias, sindicatos y organizaciones campesinas. La iniciativa legislativa tiene media sanción del Senado, figura en el primer punto del orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes.
“Cuando venía el proyecto del Senado, el primer compromiso que asumimos era de no tratarlo a tambor batiente, que ese proyecto pueda pasar por un amplio debate, escuchando a las diferentes partes afectadas y buscando construir una propuesta legislativa que sostenga el eje fundamental de ese proyecto que es la trasparencia”, comentó Latorre a los medios de prensa antes del inicio de la sesión.
“Se realizó un trabajo conjunto, con actores, con parlamentarios de la Cámara de Diputados, hemos trabajado también con representantes del Poder Ejecutivo, y también formó parte de este trabajo el asesor jurídico de la Cámara de Senadores que fue la cámara de origen, en este caso el abogado Sergio Godoy, el mismo vicepresidente de la República”, expresó el titular de la Cámara Baja.
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El titular legislativo indicó que se llegó a una propuesta que ha sido planteada en las diferentes comisiones, que trataron este proyecto antes de llegar al pleno, sosteniendo la propuesta con el eje fundamental que es la trasparencia. “Es el compromiso que hemos hecho, pero buscó ser más específicas con respecto a quienes iban a ser los sujetos controlados y, en ese sentido, fueron excluidos, las iglesias, las organizaciones campesinas, fueron excluidos los sindicatos, los organismos internacionales, multilaterales, entre otros actores”, explicó.
Latorre señaló que el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “se ajustó también otros de los aspectos que generaban preocupación, que tiene que ver con las sanciones, excluyendo de manera completa las multas y también reduciendo los de sanciones con respecto a la inhabilidad ante el incumplimiento de la ley, ante la inhabilidad de los ejercicios de los cargos públicos”.
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