El presidente de la República, Santiago Peña, indicó que no se visualiza cuestionamientos desde el punto de vista del ámbito legal entorno al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fundamentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

En el transcurso de la mañana de este martes el Congreso Nacional remitió la iniciativa al Ejecutivo para su promulgación o veto. “No estoy a favor de la persecución, de la discriminación, de cercenar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, pero entiendo que el control y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería aplicar”, mencionó.

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La iniciativa sancionada por el Congreso Nacional el pasado 9 de octubre en base a las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo refiere que las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales.

De la misma manera también se encontrarán excluidas las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.

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Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.

El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.

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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.

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El analista político y económico Víctor Pavón alertó sobre la campaña desplegada por sectores sociales y empresariales que buscan dañar la imagen del Paraguay con el único fin de impedir la promulgación del proyecto que establece el control y transparencia sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).

“Esta gente tiene como objetivo amilanar o torcer la voluntad del presidente de la República, Santiago Peña. Yo espero que el presidente de la República promulgue este proyecto de ley que es necesario para la transparencia y rendición de cuentas, esta es la única condición para que Paraguay se autodetermine como cualquier otro país. Ese documento fue tratado y deliberado, se hicieron las consultas correspondientes y garantizará igualdad ante la ley. Debemos terminar con la sociedad del privilegio”, manifestó.

Pavón afirmó en el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que “si una organización utiliza dinero proveniente del extranjero o del sector privado que afectará los intereses del Paraguay, la lógica es que tengan la obligación de decirle al pueblo de dónde salió el dinero y en qué área de la actividad gubernamental afectará, porque están en juego los intereses de nuestro país, eso se llama patriotismo”.

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El también dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sustento sus afirmaciones colocando como ejemplo la reciente decisión de la calificadora internacional Fitch Ratings en no otorgar al Paraguay el grado de inversión.

“Acá hubo lobby de ciertos grupos que están interesados en afectar la imagen país. Son los agoreros del pasado, tienen un complejo de envidia y resentimiento hacia un gobierno votado por el pueblo y que está haciendo muchas cosas. Esta gente inventa y seduce, son encantadores de serpientes, su objetivo es tratar de empañar la situación”, manifestó Pavón.

Acotó: “Estos sectores dicen que si se lleva a cabo la promulgación del proyecto de control a las oenegés por parte del presidente Peña perderíamos el grado de inversión. Este es el sentimiento antipatriota que tiene mucha gente que desea que el Paraguay no siga avanzando, poniendo como condición que no se promulgue esta propuesta. Los que hacen este lobby con las calificadoras saben que este proyecto de ley no tiene nada que ver precisamente con el grado de inversión”.

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El senador Gustavo Leite aseguró que la reciente aprobación del proyecto de ley que transparente los fondos que reciben las organizaciones sin fines de lucro no se basa solo en la cuestión económica, sino que también en una lucha cultural para la defensa de los valores del país. En una entrevista con un programa argentino, destacó que Paraguay podría ser ejemplo para otros países que hacen frente al avance del globalismo.

En conversación con el programa argentino “Pilares de Mi Ciudad”, el senador paraguayo Gustavo Leite, exministro de Industria y Comercio y una figura clave en la política del país, abordó temas de relevancia tanto para Paraguay como para la región, destacando entre ellos el avance de un proyecto de ley que busca transparentar los fondos recibidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en sectores claves del país. Esta iniciativa, que ya ha sido aprobada en el Senado, surge en medio de una creciente preocupación sobre la influencia de ciertas ONG en la política interna y la cultura paraguaya.

Leite habló sobre el propósito central de esta legislación, que es regular y hacer transparentes los fondos que reciben las ONG que trabajan en áreas tradicionalmente manejadas por el Estado, como la educación, los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Según explicó el senador, el objetivo principal es que estas organizaciones, que muchas veces son financiadas por capital extranjero, rindan cuentas de manera clara sobre el origen y destino de sus fondos. Esto responde a una preocupación que ha crecido en el seno de la política paraguaya respecto a la posible injerencia de agendas externas a través de estas entidades.

Leite señaló que, aunque las ONG tienen un papel importante en la sociedad, existe la sospecha de que algunas operan con una agenda oculta que va más allá de sus fines declarados. Estas organizaciones, dijo, pueden llegar a tener una influencia considerable en la toma de decisiones políticas y en la gobernanza del Estado sin tener la responsabilidad o el escrutinio que tienen los actores políticos tradicionales.

“Lo que hace esta ley es transparentar a dónde va la plata. En general, las ONG solamente gastan en sueldos de ellos mismos. Y bueno, que la gente, el pueblo paraguayo, juzgue. Porque en realidad, las ONG son un quinto poder que no paga impuestos, que quiere ingerir en políticas públicas y que quiere ser parte de la gobernanza. Pero todo lo que sale mal es responsabilidad de los gobernantes y no debería ser así”, expresó Leite en la entrevista, dejando claro que su postura no es anti-ONG, sino a favor de un mayor control y transparencia en su funcionamiento.

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El senador fue enfático al señalar que el fondo de esta legislación va más allá de lo económico. Para él, la ley es también una herramienta para proteger la cultura y los valores paraguayos ante lo que denominó una “infiltración” de ideologías extranjeras a través de estas organizaciones. En particular, destacó la influencia de la llamada “ideología de género”, que considera que se ha promovido a través de ciertas ONG en las escuelas y otras instituciones educativas.

Leite sostuvo que Paraguay está enfrentando una “batalla cultural”, similar a la que se vive en otros países, en la que las ideologías progresistas intentan imponer valores que no son compartidos por la mayoría de los paraguayos. Según él, la resistencia a estas ideas no es un rechazo a la diversidad, sino una defensa de las tradiciones y la libertad que caracterizan al país.

“Nosotros celebramos la libertad, creemos en la tolerancia, pero no creemos que una minoría nos tenga que imponer valores culturales que no son nuestros”, afirmó el senador, en referencia a las posturas de género que se debaten a nivel global. Leite cree que las ONG han sido el vehículo para la entrada de estas ideas, y la nueva legislación busca limitar ese tipo de injerencia, sin coartar la libertad de asociación o la capacidad de estas entidades para operar dentro de la ley.

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Leite sugirió que este tipo de regulación podría ser un modelo para otros países de la región que también enfrentan lo que él llamó una “contaminación ideológica”. El senador cree que Paraguay tiene una oportunidad única de mantenerse firme ante estas influencias externas, gracias a su fuerte apego a los valores tradicionales y la religión.

A su vez, dejó claro que la ley no está diseñada para limitar las actividades de las ONG que trabajan en favor del desarrollo social y económico del país, sino para evitar que agendas ajenas se inmiscuya sin el conocimiento público.

Fue claro en su postura sobre el financiamiento externo, señalando que, aunque muchas veces las ONG presentan proyectos con títulos atractivos, como la lucha contra la corrupción o la mejora de la educación, en muchos casos los recursos terminan siendo destinados a salarios altos para los propios trabajadores de las organizaciones, sin un impacto real en la sociedad.