El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, informó que ya cuentan con la fecha en que se desarrollarían las internas y elecciones municipales, no obstante, esta aún no fue dada a conocer de manera oficial por la institución puesto que aún no cuenta con el visto bueno de los ministros.

“No salió el cronograma oficial, pero ya lo tenemos delineado, solo falta la aprobación de los miembros del TSJE. Las internas simultáneas de los partidos serían el 7 de junio de 2026 y las elecciones municipales el 4 de octubre del 2026, no tenemos mucho margen en ese sentido porque resulta que nosotros tenemos que hacer las elecciones entre 120 y 135 después de las elecciones y si modificamos esa fecha, para las internas nos agarra el Mundial de fútbol y queremos evitar coincidir con el certamenl”, explicó.

Ljubetic recordó que las internas se realizan de manera simultánea para todos los partidos y concertaciones y dicha fecha fue marcada ya que en los domingos siguientes coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol y el objetivo del TSJE es que una vez iniciado este evento, ya se hayan realizado las internas de modo a un mejor desarrollo del proceso electoral.

“Las elecciones municipales se realizarán el 4 de octubre para poder cumplir con la finalización del mandato de los intendentes municipales y que la transmisión se dé a los cinco años, y pensamos que a finales de octubre estaríamos terminando el juzgamiento y el 3 de noviembre estarían asumiendo los electos”, detalló ante la 650 AM.

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El proceso de licitación de máquinas de votación podría nuevamente verse suspendido a raíz de un fallo judicial que ordena detener el proceso, esto luego de haber dado lugar a una acción presentada por una empresa. Desde el TSJE manifestaron que el interés es poder dilucidar esta cuestión, puesto que esto podría generar contratiempos que comprometan el desarrollo de las municipales.

“Estamos viendo que estamos metidos dentro de una verdadera guerra de empresas que están pugnando por participar de la licitación con ventajas o conveniencias para ellos, y algunos si se quiere, hasta con cierta maldad porque gente que ni siquiera se presentó a preguntar cómo serían los pliegos, hacen protestas, demandan y nunca han manifestado interés y ni conocemos si tienen antecedentes de haber participado alguna vez en la vida con máquinas de votación”, lamentó.

Ljubetic recordó que la institución desea contar con las primeras 5.000 máquinas para fin de año de modo a iniciar las capacitaciones. Además, si se retrasa esta entrega, el próximo año se debería abrir nuevamente el debate de los recursos asignados al presupuesto para esta compra. “Si no ejecutamos ese presupuesto, vamos a tener inconvenientes para llevarlo el año próximo, hay que empezar de nuevo el presupuesto. Tenemos que buscar destrabar una demanda presentada por una empresa que nosotros consideramos prácticamente fantasma”, sentenció.

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La diputada Rocío Vallejo sostuvo que llama la atención y preocupa la paralización de la licitación que lleva adelante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para la adquisición de las máquinas de votación por una medida cautelar del Tribunal de Cuentas. La legisladora indicó que se pone en riesgo la realización de las elecciones municipales programadas para el 2026.

“Esto nunca ocurrió, se da una medida cautelar y, ¿cuánto va durar hasta que resuelva el fondo el Tribunal de Cuentas?, sabemos que por su celeridad no se caracteriza. Esto paraliza el proceso, y ya que venimos retrasados, con el retraso que teníamos la expectativa era adjudicar, para que la empresa adjudicada empiece a fabricar las máquinas y tengamos las primeras máquinas a fin de año”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que también existe la posibilidad, si no se cuenta con las máquinas de votación, volver a las papeletas, lo que será inaplicable con las listas desbloqueadas. “Realmente preocupados por este proceso, a que se paralice, a que tengamos que volver a las papeletas. Con listas bloqueadas ya luego era difícil y con listas desbloqueadas, contar de 800 listas uno a uno, es algo impracticable”, cuestionó.

Otras de las probabilidades que mencionó la diputada es que se unifiquen las elecciones municipales con las generales, lo que calificó como un gran riesgo. “Puede afectar directamente a las municipales o unificar todas las elecciones. Llama mucho la atención todo esto que está ocurriendo y puede tener efecto directo en nuestra democracia cercana”, mencionó.

Por otra parte, también se refirió a la posibilidad de una elección en los municipios que se encuentran en proceso de intervención, como Asunción y Ciudad del Este, en el caso de la renuncia o destitución de los intendentes.

“Esa podría ser la elección más próxima porque si es destituido si o si, aunque falten dos meses para que termine el mandato se tiene que llamar a elecciones, no hay máquinas, ¿va salir una ley que diga que vamos a usar devuelta las papeletas?, ese es el peligro”, puntualizó.

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El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.

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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.

Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.

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• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

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Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

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Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.