Los diputados del Partido Hagamos, Tito Ibarrola y Carlos Rejala presentaron un proyecto de ley para establecer nuevos parámetros para los límites mínimos y máximos de velocidad en las rutas del país. La velocidad máxima en zonas urbanas, como autopistas, sería de 80 Km/h; mientras que en avenidas 50 Km/h.
También se modifica en el artículo 69 de la Ley Nº 5.016, para que la velocidad máxima en carreteras y rutas, se mantenga en 50 Km/h, en zonas urbanas, y 110 Km/h en zona rural; en los otras situaciones se tendrá en cuenta lo establecido por la autoridad local. Mientras que la velocidad mínima, en carreteras y rutas, en zonas rurales, sea de 60 Km/h, para automóviles, camionetas y motocicletas.
También se agrega a esta nueva normativa que en casos de dos o más carriles por mano, los límites de velocidad autorizados tendrán una franja de tolerancia de 10 Km/h. Por lo que no se cobrará ninguna multa a los conductores que por descuido sobrepasen el margen máximo señalado.
Exceso de velocidad
En la faltas leves que están expresas en el artículo 111º, se introducen: cuando no se supere los 20 Km/h, por encima del límite previsto tolerado y conducir a una velocidad por debajo del mínimo previsto o tolerado.
La propuesta tuvo entrada oficial al circuito legislativo y será analizada en las comisiones de Legislación y Codificación; Asuntos Constitucionales; y en la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social.
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Diputados piden informes al Ministerio Público y la CGR sobre fiscalización de los municipios
La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.
El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.
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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.
Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.
Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.
Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.
Pedido a la Contraloría
Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.
El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.
Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.
También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.
El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.
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Analizan proyecto que incorpora test de drogas en controles viales
El proyecto de ley “que amplía y modifica el artículo 113 de la Ley Nº 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, modificado por la Ley Nº 6842/2021, incorpora en los procedimientos de control vial en todo el país, el test de drogas, y que habilita a las autoridades competentes a realizar este test, similar al sistema conocido como el alcotest.
Esta iniciativa fue debatida hoy en la Comisión contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos, Graves y de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados, representantes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), a través de inspectores de la Patrulla Caminera.
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El debate se centró principalmente en la incorporación de este sistema y la atribución del test de drogas, como también los procedimientos para la toma de muestras. Un procedimiento que deberá permitir analizar rápidamente y en el lugar si un conductor está manejando bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, de acuerdo con el informe de la comisión asesora presidida por el diputado Carlos Godoy.
En la ampliación del artículo 133 de la Ley de tránsito, se incluye el inciso ñ, el cual refiere que; “conducir cualquier vehículo motorizado en estado de intoxicación por drogas, entendiéndose como tal, la presencia en el organismo de sustancias psicoactivas que afecten las capacidades físicas y mentales del conductor”. Además, se incluyen 9 artículos de tal forma a reglamentar dicho inciso.
Mientras tanto, los representantes de la Senad, comunicaron que el informe técnico que se había solicitado ya se encuentra en etapa final y será remitido en breve. Así también, desde la institución aclararon que la legislación vigente ya sanciona la conducción bajo efectos de sustancias, aunque aún resta reglamentar los procedimientos de control.
Finalmente, “se acordó convocar una próxima reunión con la participación de todas las autoridades invitadas, incluida la ministra del MOPC (Claudia Centurión), a fin de avanzar en aspectos técnicos y presupuestarios del proyecto”, informaron desde la Cámara Baja.
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Destacan labor del Gobierno en asistencia a compatriotas afectados por el agua
En la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria de la fecha, el diputado Miguel Del Puerto destacó el gran trabajo interinstitucional ordenado por el presidente de la República Santiago Peña, en la asistencia a las familias afectadas por las lluvias en el Chaco paraguayo, trabajo que se inició desde el pasado 9 de marzo y continúa a la fecha.
“Evidentemente siguen las necesidades, la situación que están atravesando muchísimas familias paraguayas es caótica en la zona, pero es importante recalcar que el Gobierno nacional, el presidente Santiago Peña ha tomado una directiva clara y fuerte en cuanto a acompañar a estos compatriotas, asistiéndole de forma permanente”, indicó el legislador.
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Destacó además el trabajo que están realizando las instituciones del Estado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), además de los gobiernos departamentales y locales para asistir a estas familias.
“Reconocer el trabajo que viene haciendo el Gobierno del presidente Santiago Peña a través de las instituciones y darle la mayor fuerza, la mayor fortaleza para seguir asistiendo con sensibilidad, con mucho amor a estas familias que están sufriendo en el Chaco paraguayo”, resaltó.
También, sostuvo que desde el Legislativo seguirán a disposición del Gobierno y las instituciones para seguir con la asistencia. “Nosotros desde este cuerpo legislativo nos ponemos a disposición también de seguir acompañando, la decisión política que hemos asumido incluso en la sesión pasada, donde hemos destinado más de G. 15 mil millones para inversión de compra de alimentos o de ayuda a estas familias”, apuntó.
Igualmente, el diputado Arturo Urbieta, expresó su postura de apoyo en la asistencia a las comunidades afectadas en el departamento de Concepción, donde fueron afectados fuertemente los distritos de Itacúa, San Lázaro y San Carlos del Apa.
“Una actividad que aplaudo y nos fortalece en el departamento de Concepción, la rápida respuesta del Gobierno ante la difícil situación por la gran cantidad de lluvia que tuvimos en el Paraguay y en este caso me quiero referir lo que ha pasado en mi departamento, Concepción”, sentenció.
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Modificación del Código Electoral no busca acortar períodos, afirma director de la ANR
El director de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, indicó que el Partido Colorado viene trabajando hace tiempo en la actualización en la ley de financiamiento político, dentro de los proyectos de modificación planteados en el Código Electoral, que la Cámara de Diputados tratará este martes en sesión ordinaria.
“El año pasado ya pasó algo parecido, inclusive la propia Justicia Electoral había planteado algún tipo de modificación del Código Electoral. El único partido que tomó en serio este tema fue el Partido Colorado, tuvimos inclusive sesiones de la Comisión Ejecutiva y convocamos a todos los líderes de bancada de ambas cámaras (del Congreso)”, indicó en entrevista con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Refirió que algunos de los cambios se trabajaron con la Justicia Electoral, y ese planteamiento fue enviado también a otros partidos políticos, sin embargo, no se tuvo respuesta de los mismos, y solo el Partido Colorado tomó una postura y trabajó por esos cambios.
“Teníamos otras observaciones por parte de la sala de apoderados, que está compuesta por Wildo Almirón, Magnolia Mendoza y quien les habla, hicimos un trabajo que queríamos ajustar, después ya de la experiencia que tuvimos con respecto a la ley de financiamiento y algunas cuestiones de la ley de desbloqueo también”, dijo el apoderado de la ANR.
Aclaró que fue una propuesta bastante debatida dentro del Partido Colorado con los legisladores y referentes de los distintos sectores internos, y no se trata de una imposición del movimiento Honor Colorado, como señalan algunos sectores.
“Algunos no participaron, los que están en contra son los que no participaron, a pesar de haber sido invitados, antes inclusive de ser presentado ante la Junta de Gobierno, el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados, inclusive fue acompañado por los diputados de los otros partidos”, expuso González.
No pretende acortar periodos
González aclaró que las modificaciones planteadas no buscan acortar los periodos electorales, refutando las afirmaciones de algunos medios que señalan que Honor Colorado impone estos cambios, para incluir acotar los periodos. Afirmó que no existe otra intención paralela con estas modificaciones en la ley de financiamiento.
“Yo creo que están un poco desinformados, porque acá los plazos son los mismos de siempre, acá lo que se habilita con la ley de financiamiento, nosotros teníamos que inscribir casi seis meses antes los movimientos y candidaturas, solamente por la ley de financiamiento, anteriormente se inscribía dos o tres meses antes, y lo que decimos es que se inscriban los movimientos, y eso es para que se pueda obtener el RUC (Registro Único de Contribuyente)”, aclaró.
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