El director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, manifestó que la presencia de un político profesional en la Corte Suprema de Justicia es una situación que preocupa debido a la mala señal que se envía hacia la sociedad y el mundo. Esto teniendo en cuenta que Paraguay tiene las calificadoras de riesgo que hablan de “riesgos de gobernanza”, “baja capacidad institucional”, “aplicación desigual de la ley” que lo hacen Moody’s y Fitch.
En comunicación con La Nación, el abogado Santagada indicó que es obvio que toda designación de un ministro para la Corte Suprema de Justicia en el país requiere de apoyo político. En los países más serios las designaciones recaen sobre las personas con indiscutible mérito como jurista y con claras definiciones ideológicas hacia uno u otro lado, pero sin antecedentes de vida partidaria activa.
“Acá sin previa escala está aterrizando un político profesional. En un país cuya principal debilidad sistémica es la falta de independencia del Poder Judicial le sumamos ahora la designación de un político profesional. Es la señal que se da, no la persona”, comentó.
Santagada señaló que en lo personal considera que el nuevo ministro y exsenador liberal, Víctor Ríos, tiene más méritos académicos que otros que alguna vez integraron la Corte Suprema de Justicia. No obstante, aclaró que no le preocupa la orientación ideológica del nuevo miembro de la Corte, ya que él solo no tendrá la última palabra.
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“Me preocupa la mala señal que se da hacia la sociedad y hacia el mundo. ¿Quién podrá tener la ilusión, no ya la esperanza, de un Poder Judicial relativamente independiente cuando un político profesional es uno de los ministros de la Corte Suprema? Peor aún, ¿cuántos más diputados, senadores, ministros activos o autoridades partidarias llegarán a la Corte? Se abrió un camino con posibles derivaciones nocivas para el sistema republicano de gobierno”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que lastimosamente los ciudadanos paraguayos no terminan de tomar en cuenta que cuando las calificadoras de riesgo mencionan a Paraguay hablan de “riesgos de gobernanza”, “baja capacidad institucional”, “aplicación desigual de la ley” (lo hacen Moody’s y Fitch); eso impacta en que no se pueda alcanzar el grado de inversión por más que se hayan hecho relativamente bien los deberes en materia macroeconómica en los últimos quince a veinte años. “A esas debilidades ahora le sumamos a políticos profesionales que integran la Corte Suprema de Justicia”, lamentó.
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