Para el análisis del proyecto de ley “que establece la conformación de comisiones vecinales de apoyo a la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, se desarrolló una audiencia pública en el Senado, propiciada por los proyectistas, los senadores Arnaldo Samaniego, Lilian Samaniego, José Oviedo y Pedro Díaz Verón.

Esta iniciativa pretende establecer un trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de la seguridad, el Ministerio del Interior, y las organizaciones civiles, con el fin de mejorar el control y la prevención de la inseguridad en todas las comunidades del país.

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El senador Arnaldo Samaniego señaló la importancia de que la sociedad civil también se involucre en la lucha contra la inseguridad, que es el objetivo de esta iniciativa. “Cuanto mayor participación ciudadana exista, menos problemas de inseguridad y riesgo tendremos en los barrios”, apuntó.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, quien también participó de esta audiencia pública, expresó que el principal objetivo es el de crear un trabajo conjunto entre la institución de seguridad y organizaciones civiles.

“Uno de los problemas más graves que enfrentamos es la adicción, un enorme desafío que hoy, a través de las comisiones, trabajamos en la implementación de mecanismos de coordinación para abordar este problema de fondo”, apuntó.

Agregó que “esta fusión de esfuerzos entre los representantes de la sociedad civil, las autoridades y la Policía Nacional nos permitirá hacer frente a situaciones de hechos punibles”.

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El presidente de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay (CCIP), Marcelo Demp, puso en contexto el estudio acerca del proyecto de ley, que busca elevar el límite de THC o tetrahidrocannabinol, el principal ingrediente activo de la marihuana, para el cannabis industrial a modo de que se pueda dar mayor alcance en la industrialización.

Actualmente, el límite legal de THC permitido en el cannabis industrial es del 0,5 %, y lo que se busca es ampliarlo para aumentar la producción. El estudio de la normativa se encuentra en el Congreso, y según el titular de la CCIP, hay voluntad del gobierno y principalmente del ministro de Industria como principal impulsor, a fin de aprovechar toda la planta para uso adulto.

“El problema no es la planta, el problema es quien la está manejando. Esto lo debe manejar el Estado, controlando, fiscalizando, legalizando y gran parte de la recaudación tiene que destinarse para invertir de manera robusta en las instituciones intervinientes”, expresó en el programa “Doce Ocho” emitido por canal Gen/Nación Media.

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El referente explicó que la idea central es que se pueda lograr una transformación social, generando una revolución industrial, un valor agregado y que no se trata de comoditizar la planta, ya que en ese caso sería menos monetizada por los productores.

Demp aseguró que el cultivo local implementa cepas premium, con alto tenor de THC a diferencia de la conocida marihuana paraguaya ilegal del monte que es de mala calidad. Comentó que Paraguay ya cuenta con variedades de marihuana con registro de cultivares en el Senave con más del 20 % de THC, incluso.

“Paraguay ya está cultivando marihuana con genética muy buena y cotizada, de alta calidad. Durante estos últimos años ya hicimos un montón de cosas exitosas, pero lastimosamente o mejor aún, tuvimos más repercusión internacional que acá mismo”, sumó.

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En relación con el impacto que podría tener una mayor industrialización del cannabis, el empresario alegó que podría generar más ingresos que las propias hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá juntas, haciendo alusión a que el sector podría mejorar la calidad de vida de las personas. Además, habló de la mano de obra directa que estimó en unas 5.000 personas.

Esto, ya que el rendimiento en el cultivo de cannabis industrial sería de unos USD 5.000 por hectárea, y se puede sembrar hasta dos veces por año. Punto en el que aclaró que el proyecto no permite que cualquier persona cultive marihuana “alegremente” en su casa o fabrique lo que quiera de manera artesanal.

Remarcó que una pequeña modificación en el porcentaje de THC tendrá un enorme potencial, ya que se podrá diversificar aún más los productos terminados en base a cannabis, además del interés que representará para inversiones extranjeras de empresas que querrán aprovechar la estructura local y convertir a Paraguay en un centro para el mundo.

El Presupuesto Gene­ral de la Nación 2025 (PGN), aprobado ayer con modificaciones por la Cámara de Senado­res, ascendería a un total de G. 133,1 billones (USD 17.595 millones), consti­tuyendo casi un 0,3 % de aumento con respeto al tope del déficit fiscal en 1,9 % en relación con el producto interno bruto (PIB). El plan vuelve así a la Cámara de Diputados.

Entre las principales modi­ficaciones y establecimien­tos totales de los montos a ser asignados, se encuen­tra lo designado para Salud, con un aumento que supera los USD 14 millones, esta­bleciendo su presupuesto en más de USD 1.240 millones. Dentro del plan se contem­plará la reprogramación de la carga horaria para benefi­ciar a 1.000 médicos y USD 2.500.000 para compra de mamógrafos.

Para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el presupuesto se estimaría en más de USD 905 millones, reduciendo más de USD 20 millones del monto enviado por el Ejecu­tivo y lo aprobado también por Diputados. Los G. 140 mil millones recortados del MOPC se redireccionarían para el Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El Ministerio de Econo­mía y Finanzas quedará con un presupuesto en más de USD 2.800 millones, con un aumento de más de G. 202 mil millones para calzar todas las modificaciones rea­lizadas. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el presupuesto se establece en más de USD 52 millones, con un incremento de G. 13.600 millones.

En cuanto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el presupuesto queda en poco más de USD 1.240 millones, pero se apli­cará un desdoblamiento del presupuesto del Ins­tituto Superior Nacional de Música, para que ya no dependa del MEC, y restar así G. 10.000 millones; por otra parte, se contempla una ampliación de G. 2.500 millones para crear oficinas de supervisión.

En cuanto al Ministerio del Interior, permanece con más de USD 515 millo­nes, así como Defensa Nacional, que también coincidirá con la versión de Diputados en USD 316 millones. En cuanto al Ministerio de Justicia, quedará con más de USD 66 millones, incremen­tando su presupuesto en más de G. 4.300 millones.

Con respecto a lo estable­cido para la Presidencia de la República, el presupuesto quedaría en poco más de USD 155 millones, con disminu­ciones del total enviado por el Ejecutivo; por su parte, la Vicepresidencia quedaría en poco más de USD 2 millones.

Sobre las gobernaciones, se aprobó la recomenda­ción de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para dejar sin el aumento de G. 83.000 millones a distribuirse en diferentes departamen­tos. En cuanto al plan para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tendrá un incremento de G. 157 mil millones, dentro del plan de nivelación.

A su vez, se aprobó un aumento de G. 1.000 millo­nes para la sede de la Facul­tad de Ingeniería de la UNA en Ayolas, mientras que se aprobaron recortes para las universidades naciona­les del interior: de Itapúa, Concepción, Villarrica, Canindeyú y Misiones (G. 1.000 millones menos para cada una) y de Caa­guazú (G. 3.000 millones menos).

Así, el PGN 2025 ascendería a G. 133,1 billones. Contiene aumentos importantes para salud y educación, así como un autoaumento de G. 5.125.000 más como gastos de represen­tación para los legisladores de ambas cámaras.

El proyecto de ley fue incluido en la sesión extraordinaria convocada para este jueves. Sin embargo, al inicio de esta sesión solo se incluyó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2025, que se encontraba como segundo punto, lo que deja fuera el proyecto de pensión y tendrá sanción automática, ya que la fecha límite para su tratamiento es hasta este 28 de noviembre..

Previamente, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó que el Senado dará la sanción al proyecto de ley para otorgar una pensión a las personas con discapacidad. Con esto, se dejará a cargo del Poder Ejecutivo vetar o promulgar esta iniciativa.

“Adelantaría lo que va a pasar, va ser sancionado. No puedo hacer futurología y saber qué va a hacer el presidente de la República, sí puedo decir que esto va a violar la ley de responsabilidad fiscal, entonces es una legislación irresponsable que vino de la Cámara de Diputados”, dijo en conferencia de prensa el titular legislativo.

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Núñez cuestionó que este proyecto haya sido aprobado en la Cámara de Diputados de manera irresponsable, argumentando que esto conllevará un presupuesto de USD 350 millones, y que al ser incluido en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025 se estará violando la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Primero hay que tener en cuenta el impacto presupuestario, estamos hablando de 350 millones de dólares. Si nosotros sumamos ahora 350 millones de dólares al PGN que es de 16.000 millones de dólares, tendremos déficit fiscal. ¿Para qué tenemos entonces una ley de responsabilidad fiscal, si después vamos a hacer proyectos para ampliar entonces?”, criticó.

Así también, calificó este proyecto de populista sin tener en cuenta los datos específicos de cuántas son las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, datos que se encuentran en el informe remitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“Hay que establecer qué tipo de discapacidad, la discapacidad severa, el universo, y nosotros tenemos el informe del INE en el cual nos basamos, pero para terminar este asunto, les digo que va a ser sancionado y después vamos a ver que el Ejecutivo evalúe bien si es cierto lo que dijeron 39 diputados irresponsables que firmaron este proyecto de ley para ser populistas”, sentenció.

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