El senador Juan Bartolomé Ramírez dijo que la ley promulgada por el Ejecutivo favorecerá ampliamente a los indígenas y a sus tierras. La ley que penaliza invasiones establece como pena privativa hasta 10 años, lo que generó incidentes y disgustos de las comunidades indígenas que consideran que la misma atenta contra ellos; sin embargo, no es así.
Primeramente, el parlamentario dijo que reconoce que los nativos tienen derecho a reclamar la asistencia social al Estado, porque es un sector postergado, pero aclaró que no pueden ir en contra de la normativa que aumenta penas a ocupantes de tierras. Por una situación así, la propiedad privada del Estado que corresponde al Indi está protegida bajo esta ley, añadió.
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“La modificación del código penal hace que la expectativa de pena sea superior para quienes invaden la tierra privada. También las tierras del Indi donde están los indígenas son invadidas”, expresó.
Mencionó que en la comisión de Pueblos Indígenas, el senador Fulgencio Rodríguez hizo llegar informes de anulación de tierras, porque son tierras del Indi, pero que un juez ordenó la inscripción y titulación porque fueron ocupadas por paraguayos. “No pueden ser invadidas”, recriminó.
Por eso, no entiendo bajo qué reclamo vinieron los indígenas, “si vienen a reclamar la promulgación de esta ley es por falta de comunicación”, porque también les beneficia. Luego de los incidentes, el Ministerio del Interior se encargó de detallar la implicancia de la ley y se comprometió a titular las tierras que son de las comunidades indígenas.
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Financiamiento político: urgen ley que asegure más equidad y participación
El senador Derlis Maidana se refirió a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras elecciones. El legislador considera urgente concretar una normativa que permita un proceso electoral más participativo y equitativo.
“Según manifestó el director financiero del TSJE, a ellos les es muy difícil aplicar eficientemente la ley por la cantidad de disposiciones legales vigentes que están dispersas. Partiendo de esta justificación y teniendo en cuenta que en la Cumbre anterior se estableció la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción donde esta ley es una de las más importantes; considero que es muy válida la propuesta“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
La intención del organismo electoral es concretar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, que tiene como objetivo evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales. Desde el TSJE también refieren que la cumbre de poderes debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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“Después de tantos casos que atentan a la credibilidad principalmente de los políticos qué representamos a la ciudadanía es fundamental proporcionar todas las herramientas legales que quienes aplican las leyes deben tener para hacer efectivo el Control del Financiamiento Político esto permitirá un proceso electoral más participativo y equitativo, donde más candidatos se animen a participar y por supuesto garantizará más transparencia”, puntualizó Maidana.
Antecedentes
La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.
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Peña vetará proyecto que crea Juzgados Especializados en violencia familiar
El titular del Congreso Nacional, el senador BasilioNúñez, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, vetará el proyecto que establece la creación de Juzgados Especializados en violencia familiar. Asimismo, desmintió que la propuesta haya sido sancionada por la Cámara Alta sin el quorum requerido, tal como denuncian sus colegas de la oposición y disidentes colorados.
“Las pruebas son contundentes. Juzgan en base a su condición. En mi presidencia no nos prestaremos a sesionar sin quorum como lo hicieron en periodos anteriores“, indicó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Núñez surgen ante las denuncias de su colega Lilian Samaniego, quien sostiene que la iniciativa fue aprobada a “tambor batiente” con solo 22 votos, cuando se requieren en total 23 votos. Ante este argumento la legisladora requirió anular la sanción de la propuesta.
“Yo le puedo decir a la ciudadanía que estamos tranquilos, que se encontraban 23 senadores en la sala de sesión. Todo se hizo correctamente, vamos a presentar las pruebas, yo estoy acostumbrado a dirigir las sesiones del Senado con quorum", indicó.
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El parlamentario señaló que su colega Samaniego actúa maliciosamente al sostener dicha acusación que, según su punto de vista, atenta contra la institucionalidad. “Nosotros estamos de lado de la verdad, las pruebas de mi presidencia son contundentes. Venir a decir que no había quorum y luego correr y no defender su posición, no es lo correcto”, dijo Núñez.
Adelantó que maneja la información de que Peña vetará la propuesta. El documento fue sancionado el pasado 23 de abril por los senadores en base a las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
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Senado convoca a titular de la EBY para detallar acuerdo de tarifa
El titular de la Comisión Especial de Entes Binacionales, el senador Natalicio Chase, informó están convocados para el próximo lunes el director paraguayo de Yacyretá, Luis Benítez; el canciller Rubén Ramírez, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, con la finalidad de exponer sobre el acuerdo de unificación logrado con el gobierno argentino respecto a la tarifa energética de la entidad binacional.
Antes del acuerdo que dio a conocer ayer martes el gobierno de Javier Milei, vía decreto, Paraguay pagaba un total de USD 22,63 por megavatio-hora, mientras que Argentina abonaba aproximadamente USD 17. Con esta nueva dispoisición se estableció una tarifa de USD 28 por megavatio-hora (MWh).
“Esta es una medida administrativa que permitirá a la entidad cubrir sus compromisos. Vamos a esperar a tener un informe general que ya pedimos para poder hablar con propiedad. Esto tuvo un largo tiempo de negociación y trabajo entre las márgenes izquierda y derecha. El lunes tendrán que asistir el director paraguayo y su equipo técnico, el canciller y el ministro de Industria”, indicó Chase a los medios de prensa.
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Desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande), encabezada por Félix Sosa, explicaron que el acuerdo no implica el establecimiento de una tarifa definitiva, sino un pago a cuenta transitorio.
El nuevo valor dará previsibilidad financiera a Yacyretá y permitirá la continuidad de obras claves como la maquinización del brazo de Aña Cuá. La decisión es calificada como un acuerdo histórico, teniendo en cuenta que garantizará el funcionamiento de la represa.
A la vez, mejorará la coordinación binacional en la operación de la hidroeléctrica y fortalecerá la relación energética entre Paraguay y Argentina.
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Flechas contra tractores: guardia indígena vigila el bosque amazónico
- Masisea, Perú. AFP.
Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.
También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).
“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.
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“Falta de terreno”
Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.
La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.
Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.
En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.
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“Meten fuego”
En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.
Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.
Jefes imputados
En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.
Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.
El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.
Contraste
Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.
El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.
Territorio amenazado
Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.
La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.
Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.
A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.
La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.
Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.
Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.