El senador liberal Juan “Ancho” Ramírez considera que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) debería rectificar el error de incluirlo en la lista de beneficiarios de las exoneraciones previstas en la Ley de Emergencia. Dijo que tiene inmuebles en Asunción y en Pedro Juan Caballero, pero desconoce cuál de las cuentas por el suministro de energía eléctrica fue favorecida por la legislación.
“Desde este usuario, Ancho Ramírez, nunca hubo una acción desde el cliente a solicitar algún tipo de reducción a la Ande”, aseguró el parlamentario del PLRA al mencionar que el ente proveedor debe enmendar el error.
Comentó que al igual que sus colegas de otras bancadas, se enteró a través de la prensa que fue incluido como beneficiario de las exoneraciones en tiempos de pandemia.
“Sinceramente es una cuestión de orden administrativa, yo no sé a qué inmueble, porque tengo aquí en Asunción, donde trabajo, así como en Pedro Juan, o las casas de mis padres. No sé a qué inmueble se refiere la exoneración”, dijo.
Así también, expresó que no solicitó ser adjudicado. “Es una acción unilateral del departamento administrativo de la Ande. Si se realizó y está de forma incorrecta esa acción unilateral, debería la Ande corregirla”, insistió.
Ramírez sostuvo que los alcances de la ley que se aprobó en el Congreso con relación a la ayuda especial por la pandemia le da las atribuciones a la Ande y a su departamento de administración.
“Entonces, si hay un error que vean la forma de enmendar o corregir. Ande es una proveedora del Estado y los usuarios somos clientes y hubo un error y sabrán ellos corregir de la misma forma en la cual ellos cobran sus servicios”, concluyó.
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Gobierno refuerza inversión en salud, energía y obras viales durante jornada en Caazapá
En el marco de la Jornada de Gobierno desarrollada en el departamento de Caazapá, se realizaron múltiples entregas y verificaciones en áreas clave como salud, energía eléctrica, titulación de tierras y obras viales.
Entre las principales acciones, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) informó sobre una inversión superior a G. 30.000 millones destinada a la renovación total del sistema de distribución urbana, que incluye el reemplazo de conductores desnudos por protegidos, la instalación de 16 nuevos transformadores de 100 kVA cada uno y la modernización del alumbrado público con tecnología LED, medida que busca mejorar la seguridad y calidad de vida de la población.
En el área de salud, se entregaron ayudas técnicas de alto costo y alta complejidad a pacientes que requerían asistencia médica y social, además de un nuevo lote de ambulancias para fortalecer la atención pública. También se verificaron avances en obras viales y de energía eléctrica, además de la entrega de títulos de tierras a familias beneficiadas.
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Durante el acto, el presidente Santiago Peña reafirmó su compromiso con el desarrollo del departamento, al señalar que Caazapá “no es un departamento pobre, es un departamento rico que fue desatendido por mucho tiempo”, calificando la inversión estatal como una forma de justicia y reivindicación histórica.
El mandatario destacó que su meta es que Caazapá abandone los índices de pobreza que históricamente lo ubican entre los más afectados del país. “En estos dos años se ha hecho mucho, pero todavía nos falta muchísimo. Hoy quiero reafirmar mi compromiso con el pueblo de Caazapá y encomendar a todos los compañeros del Poder Ejecutivo que la inversión del Estado llegue sin esperar pedidos, porque todavía hay muchas deudas que debemos saldar”, afirmó.
Peña subrayó además los avances en la generación de empleo, señalando que en los últimos 12 meses se crearon 125.000 puestos de trabajo a nivel nacional, de los cuales 1.200 corresponden al programa Hambre Cero en Caazapá, lo que permitió a los beneficiarios acceder al instituto de Previsión Social (IPS) y a un salario digno.
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El jefe de Estado también instó a mantener el trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanía, enfatizando que los logros de gestión se traducen en resultados tangibles. “Esto se consigue estando cerca de la gente y es lo que queremos seguir haciendo”, expresó.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Agradecen postura paraguaya en contra de la guerra
El diplomático europeo agradeció el respaldo que otorga el país en la búsqueda de la paz. Expresaron su agradecimiento al Paraguay por ser un país aliado en contra de la guerra y a favor de la paz para Ucrania. El embajador manifestó también que Paraguay siempre hizo su aporte en favor de la justicia”, indicó la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hermelinda Alvarenga, quien acompañó a Yurii Klymenko y su delegación.
La parlamentaria indicó que el diplomático también mantendrá encuentros con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados. “La delegación que acompaña al embajador pertenece al departamento de justicia a nivel internacional que expresaron su preocupación en torno a los niños y niñas que están fuera de Ucrania a consecuencia de la guerra con Rusia“, dijo Alvarenga.
De acuerdo con los datos proporcionados por el embajador y sus acompañantes, la cifra de niños y niñas radicados llegaría a un total de 10.000. “Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto de declaración para apoyarlos y que los niños ucranianos puedan retornar a su país”, remarcó.
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Senador repudia respaldo opositor a Prieto pese a hechos de corrupción constatados
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.
“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.
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“Robos asquerosos"
Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.
“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.
En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.
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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.
Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.