La Cámara de Diputados conformó la Comisión Especial Unicameral para el estudio y acompañamiento de las negociaciones para la revisión del Anexo C de Itaipú Binacional, entre los gobiernos de Paraguay y el Brasil. Sin embargo, se aguarda que la presidencia de la Cámara Baja convoque a sus integrantes para la instalación y la elección de la mesa directiva.

El diputado Hugo Meza, uno de los miembros de la comisión especial, indicó que insistirán para instalar en la brevedad posible e iniciar inmediatamente los trabajos para el análisis de la situación en que se encuentran las negociaciones entre ambos países.

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“En principio le hemos pedido a la mesa directiva para que esta semana se convoque vía presidencia a los integrantes de la comisión especial de seguimiento del Anexo C, para que pueda conformarse la mesa directiva y empezar su trabajo. Vamos a estar insistiendo esta semana, para que mediante la presidencia de la Cámara puedan ser convocados sus miembros”, dijo en comunicación con La Nación/Nación Media.

El legislador sostuvo que es importante que esta comisión especial inicie el trabajo de seguimiento, a pesar de que el Gobierno paró las conversaciones por el esquema de espionaje de Brasil al Gobierno paraguayo en el período pasado, sin embargo, existe un plazo para concluir con estas negociaciones.

“Estamos apurando la conformación y que entre en vigencia el trabajo de la comisión, atendiendo que el Gobierno, por una parte, suspendió las conversaciones y las negociaciones respecto a las altas partes, pero por otro lado hay un compromiso para que fines de mayo se tenga ya una posición unificada el Gobierno de nuestro país”, sentenció.

Fueron designados para la comisión especial como titulares los diputados Rocío Abed, Christian Brunaga, Avelino Dávalos, Cristina Villalba, Hugo Meza, Mauricio Espínola, Jorge Ávalos Mariño, Carlos Pereira y Raúl Benítez. Como suplentes Miguel Del Puerto, Bettina Aguilera, Esteban Samaniego, Luís Federico Franco y Walter García y los diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur, Rodrigo Gamarra, Virina Villanueva y Pastor Vera.

• La comisión unicameral ya fue conformada por la Cámara de Diputados con sus miembros titulares y suplentes.
• Se aguarda la instalación y la elección de la mesa directiva.
• El diputado Hugo Meza indicó que insistirán para que la comisión sea convocada esta semana.

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El proyecto de ley que declara el estado de emergencia en el Chaco paraguayo será analizado como prioridad en la Cámara de Diputados, así lo afirmó el diputado Rodrigo Gamarra. La iniciativa legislativa incluye a los departamentos de Presi­dente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, afectados por las lluvias.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, no terminó de ser analizado por el pleno la semana pasada por falta de quórum, por lo que el propio presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados celeridad en su tratamiento.

“Efectivamente, el proyecto de emergencia para el Chaco es una prioridad para todos, y esta semana estuvimos en contacto directo con el presidente de la República”, sostuvo el diputado Gamarra en contacto con La Nación/Nación Media.

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Explicó además que, a este proyecto serán introducidas algunas modificaciones para una mejor utilización y distribución de los recursos que serán asignados, teniendo en cuenta que el proyecto inicial amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, a fin de dar la asistencia correspondiente a las comunidades del Chaco afectadas por las lluvias.

“Tal como él mismo indicó, se acordó introducir modificaciones a la versión del Senado para que los recursos vayan directamente a la Secretaría de Emergencia Nacional, que es el órgano más capacitado para dar respuestas rápidas y eficaces en el territorio”, indicó.

Finalmente, afirmó que existe voluntad política y el objetivo es sancionar el proyecto en la brevedad posible. “Esa modificación está en proceso y, una vez concluida, buscaremos que el proyecto sea tratado con celeridad en el pleno. Hay voluntad política clara de avanzar, y esperamos poder sancionarlo lo antes posible”, sentenció.

• El proyecto que declara en situación de emergencia en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay ya cuenta con media sanción del Senado.
• El presidente de la República, Santiago Peña, pidió a los diputados acelerar el tratamiento del proyecto.
• El diputado Rodrigo Gamarra adelantó que trabajarán en la inclusión de modificaciones al documento.

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El proyecto de ley de contrato de préstamo de hasta USD 101.606.009,02 para la compra, por la vía de la excepción, de seis aviones Súper Tucano, que serán utilizados por las Fuerzas Aéreas para el control del espacio aéreo paraguayo, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y el combate contra el narcotráfico, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y debe ser tratado en la Cámara Baja para seguir con el trámite legislativo.

Al respecto, el diputado Hugo Meza indicó que es un proyecto muy importante, teniendo en cuenta que se trata de una inversión postergada por mucho tiempo para dar las herramientas necesarias a las Fuerzas Armadas, en el marco de la protección y el control para el país.

“Hay que entender que nuestro país hace un buen tiempo no viene invirtiendo o no invierte, una nula inversión en lo que es tecnología y equipamiento para nuestras Fuerzas Armadas, y muchas veces nos quejamos cuando decimos que tenemos una frontera vulnerable, o ni siquiera tenemos radares, ni aviones, ni nada”, dijo en conversación para La Nación/Nación Media.

Bajo esta argumentación, el legislador sostuvo que existe “conciencia” en sus colegas para la aprobación de este contrato de préstamo. “Es demasiado importante para combatir muchos males, el crimen organizado, el narcotráfico, la defensa misma de nuestro país, entonces yo siento que hay una conciencia de poder acompañar este proyecto del Poder Ejecutivo en esta compra”, expresó.

Desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, confirmaron para La Nación que el proyecto ya fue remitido el martes de esta semana por la Cámara de Senadores. Con el ingreso a Diputados se deberá girar a las comisiones asesoras para el estudio y elaborar un dictamen, para que finalmente pueda ser tratado por el pleno.

En este sentido, el diputado Meza, indicó también que probablemente el propio ministro de Defensa Nacional, Óscar González, estaría realizando el lobby correspondiente para tener el apoyo de los legisladores para la sanción de este proyecto.

“Seguramente a la vuelta de Semana Santa estaría haciendo lobby en la Cámara de Diputados para que las comisiones puedan dictaminar e inmediatamente llevar al pleno para poder decidir, en nuestro caso seguramente acompañar y darle la aprobación en la Cámara de Diputados, que pase al Poder Ejecutivo y sin más trámite poder avanzar sobre esa compra tan importante, y necesaria para la Fuerza Aérea de nuestro país”, sentenció el diputado.

Se trata del proyecto “que aprueba el contrato de préstamo N° 24.2.0312.1 por un monto de hasta ciento un millones seiscientos seis mil nueve dólares con dos centavos (USD 101.606.009,02) suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de la República Federativa de Brasil”

Este contrato se firmó el 19 de noviembre de 2024 para el financiamiento del Proyecto ‘Adquisición de medios aéreos (aviones) con capacidad tecnológica “para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcoterrorismo’, que estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, aprobado por Ley N° 7228 del 29/12/2023″, indica el documento.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones Súper Tucano deben llegar al país en junio de este año. Mientras tanto, se aguarda la sanción del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo para concretar esta compra.

Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.