El presidente Santiago Peña se prepara para presentar su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, en cumplimiento del precepto constitucional establecido en el artículo 238. Para ello, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, firmó la Resolución 3167, en la que convoca a senadores y diputados a sesión bicameral el martes 1 de julio a las 20:00.

El mandatario ya había adelantado su informe ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en la cual destacó como uno de sus principales logros los avances sociales, como la reducción de la pobreza, la cual bajó a su nivel más bajo en 27 años, con más de 118 mil personas que salieron de esa situación y unas 30 mil que abandonaron la indigencia.

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Indicó que esta reducción en gran parte se ha logrado gracias a la implementación de programas como Hambre Cero en las Escuelas, la entrega de viviendas, la titulación masiva de tierras, la atención integral de la primera infancia mediante la construcción de centros de atención y la construcción de grandes hospitales; todos ellos fomentando la generación de empleos en diferentes rubros.

“El programa Hambre Cero beneficia hoy a más de 1.050.000 alumnos con alimentación escolar todos los días del año lectivo, generando también empleo formal para más de 20 mil trabajadores, en su mayoría mujeres, e impulsando la producción local mediante compras a la agricultura familiar y a MIPYMES”, explicó.

También había destacado que la pensión para adultos mayores se universalizó, eliminando la burocracia previa y sumando 40 mil nuevos beneficiarios. “Tekoporã Mbarete hoy alcanza a 196 mil familias. En cuanto a viviendas, Che Róga Porã ya comprometió 28 millones de dólares, sumando más de 1.300 solicitudes preaprobadas, y que el MUVH gestionó más de 27.500 soluciones habitacionales en apenas dos años”, acotó.

El titular del Ejecutivo señaló que, ante los desafíos del sistema sanitario, el Gobierno respondió con decisiones firmes y estructurales. En ese sentido, indicó que se inauguró el Hospital General de Coronel Oviedo y en breve se habilitará el Hospital General de Itapúa.

Mientras se avanza con hospitales en Concepción, Curuguaty, Santaní, Asunción e Itauguá, totalizando más de 157 mil m² de infraestructura nueva y 1.800 camas. En materia de oncología, se duplicó el presupuesto del INCAN, se inició la construcción de un centro ambulatorio, un parque sanitario y una planta de tratamiento de efluentes.

En 22 meses de gestión se entregaron más de 9.400 títulos de propiedad —el triple del promedio de los últimos gobiernos—, con un aumento notable de los títulos otorgados a mujeres jefas de hogar. “Queremos que cada paraguayo tenga tierra para que la Patria le pertenezca”, manifestó.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fortaleció la agricultura familiar, promoviendo por primera vez exportaciones hortícolas a Argentina y habilitando 115 nuevos mercados para productos nacionales. Se organizaron más de 2.400 ferias en todo el país, generando ingresos por más de 17 mil millones de guaraníes para pequeños productores.

El presidente Peña destacó los avances en materia de seguridad interna. Informó que 5.000 nuevos agentes ya patrullan las calles y otros 5.000 están en formación. Se adquirieron radares, seis aeronaves Super Tucano que llegarán este lunes al país y más de 500 patrulleras. Se implementaron tobilleras electrónicas y se formaron nuevos agentes penitenciarios.

Entre los resultados, subrayó que se infligieron pérdidas al crimen organizado por más de 379 millones de dólares y se desmanteló por completo al autodenominado Ejército del Mariscal López.

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Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.

Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.

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La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.

Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.

La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.

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“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.

Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.

Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.

Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.

Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.

Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.

“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.

El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.

Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.

El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.

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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.

Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.

Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.

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Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.

El experto en energía Victorio Oxilia habló sobre el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de Brasil que pretende poner un tope a la tarifa de la energía proveniente de la Itaipú Binacional. Indicó que esto generó una alerta en la política interna brasileña, pero que no afecta a la energía de Paraguay.

“Yo creo que ya está teniendo (consecuencias), en el sentido que coloca una voz de alerta sobre las negociaciones, los políticos de oposición, porque este fue un proyecto de ley presentado por un senador de Santa Catarina que no pertenece a la línea de gobierno (de Lula), entonces la presión con relación a las tarifas de Itaipú”, indicó, este viernes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que este proyecto de ley, que ya se encuentra en debate en el legislativo del vecino país, no incluye a la energía paraguaya. Así también, sostuvo que no cree que esta iniciativa avance.

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“Si esta ley se aprueba, lo cual dudo, genera mucho debate justamente por las atribuciones del Poder Ejecutivo (brasileño) con relación a este tema. La implicancia es interna, lo que se establece es un tope para la energía que el mercado brasileño recibe de Itaipú, excluye de ese tope a la energía paraguaya, la energía de viene de Paraguay no entra ese proyecto de ley”, manifestó.

Oxilia refirió también que el acuerdo de la tarifa de la binacional logrado en el año 2024 generó alertas en el sector político brasileño, lo que habría motivado la presentación de este proyecto de ley que se encuentra en debate, que es encabezado por Esperidião Amin, senador por Florianópolis (Santa Catarina) y vicelíder de la bancada Aliança - Partido Progressista (PP).

“Se comentó mucho el hecho de haber elevado la tarifa el año pasado, a 19,28 dólares el kilovatio, y eso produjo todo un debate público, principalmente de voces contrarias en la oposición brasileña, y el ingreso de este proyecto de ley que ya fue el abril de este año, indica que hay una voz de alerta, es decir, la oposición no está de acuerdo con estas tarifas superiores a las que indican el Anexo C”, apuntó Oxilia a Nación Media.

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