El programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, fue espacio para del debate sobre la campaña de sabotaje contra el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, impulsado por poderosos medios de comunicación en alianza con políticos de la oposición y disidentes colorados. Los ataques no se limitan contra la administración del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político el Partido Colorado y su titular Horacio Cartes.

“Lo que queda claro es que hace rato cruzaron la línea del periodismo a la militancia política. Es normal que los medios de comunicación sean un contralor más del Gobierno en cualquier democracia del mundo, lo que no es normal es que los medios de comunicación y los periodistas de esos medios asuman el rol de la oposición”, refirió el senador Gustavo Leite.

Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el Grupo Abc y Última Hora, de acuerdo a las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.

El único objetivo según sus afirmaciones es boicotear la presidencia de Peña y erosionar su legitimidad con la única finalidad de producir la alternancia que tanto desean, sin contar con un proyecto nacional que logre cautivar a los paraguayos.

“Una cosa es contar los hechos y otras demonizarlos. Hay un grupo de la oposición que se levanta y lee lo que quiere Abc y Última Hora, pero hay otros que tienen su propio criterio. De que estos medios tienen una agenda, lo tienen. Yo creo que el Partido Colorado es un impedimento para que los dueños de comunicación sean los verdaderos patrones del Paraguay. Ya son patrones en varios sectores, pero ahora quieren agarrar el poder total”, dijo Leite.

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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por Peña en su anterior vínculo empresa­rial con ueno Holding. Esta artimaña es acompañada fuertemente por parlamentarios de la oposición y disidentes colorados quienes plantean someter al mandatario a un juicio político.

Sin embargo, Leite manifestó que sí constituye un “hecho asqueroso” de tráfico de influencia y conflicto de intereses las ganancias exponenciales que registraron las empresas de asfalto del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, durante su periodo de gobierno. Este hecho es totalmente ninguneado por los medios de comunicación que fungen como sus aliados.

Mientras que su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, rechazó que la oposición responda a los intereses políticos y económicos de ambos grupos de medios. “De ninguna manera en mi caso particular y creo que de una gran mayoría de la oposición no seguimos la agenda de nadie, nosotros somos la voz de esa expresión de la ciudadanía”, refirió.

El legislador alegó que toman nota de las publicaciones periodísticas debido a la existencia de “hechos concretos”. No obstante, reconoció que el sector político debería abocarse en congeniar sus ideas y elaborar estrategias con miras a las futuras elecciones.

“Debemos producir resultados y que seamos propuesta de solución para lo que se viene en el futuro, en esto tenemos que trabajar. La tarea de los liberales es fortalecer nuestra institución, proponer programas de gobierno que sean superadores y finalmente construir un proyecto político con todos los sectores de la oposición”, comentó.

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El senador Líder Amarilla se refirió a la decisión del Tribunal Electoral de la Capital y Central, primera sala, que hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por un grupo de legisladores y miembros del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes requirieron la suspensión del adelantamiento de las elecciones internas de la agrupación opositora fijadas para el próximo 17 de agosto.

“Dijimos que la convocatoria de elecciones es ilegal y la Justicia Electoral, con una resolución judicial, nos da la razón. Ordena que se suspenda todo tipo de elecciones en el partido. No se pueden hacer elecciones que no sean conjuntas. Las elecciones internas del Partido Liberal deben realizarse con las municipales o las presidenciales; lo hemos dicho miles de veces”, dijo el legislador.

Los documentos se encuentran firmados por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En la resoluciones emitidas por el tribunal electoral se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.

“Debemos caminar sobre la Constitución Nacional y el estatuto partidario para que podamos tener credibilidad y seamos opción de gobierno en el 2028, eso debemos hacer. Los liberales debemos juntarnos y trabajar por un partido fuerte, este es el camino”, indicó Amarilla.

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De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.

La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el pasado 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.

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“Se le pone fin a esta novela basada en la irresponsabilidad jurídica, política y social promovida por el nuevo movimiento interno denominado Nuevo Liberalismo”, dijo el senador Líder Amarilla, con relación a la comunicación realizada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), acerca de la imposibilidad de brindarle las máquinas de votación para el desarrollo de sus comicios internos.

“Exigimos a los miembros del Tribunal Electoral Independiente y a los líderes del partido actuar con responsabilidad, con apego irrestricto a las leyes de la República, sumado a trabajos partidarios con el objeto de fortalecer el partido y que siga siendo bastión del respeto a la democracia”, refirió el legislador.

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Mediante una convención extraordinaria, impulsada el pasado 6 de octubre del 2024 por los sectores disidentes encabezados por el Nuevo Liberalismo, se aprobó adelantar las internas partidarias de la principal agrupación de oposición para el 17 de agosto del 2025, así como la reforma de su estatuto donde se exige que el presidente del PLRA renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de mandatario.

“Siempre advertimos de la irresponsabilidad de este nuevo movimiento encabezado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia que piensa que atropellando las leyes se puede fortalecer al PLRA. Esto de hecho es una cuestión absolutamente ilegal (desdoblar las internas partidarias de las elecciones municipales). Las elecciones deben realizarse de forma conjunta, repetimos miles de veces que en el mes de junio del 2026 se deben hacer ambos comicios”, refirió a la 1020 AM.

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Pese a que aún está pendiente el pronunciamiento del Tribunal Electoral de la Capital sobre la acción de nulidad y la medida cautelar de urgencia impulsada por un grupo de parlamentarios y presidentes de comités, para revocar la decisión de la convención, el PLRA bajo la conducción de Hugo Fleitas, estableció semanas atrás su cronograma electoral.

“La Justicia Electoral lo que debe hacer es garantizar el cumplimiento de las leyes, el respeto a la voluntad popular el cual se dio cuando los liberales fueron a votar por 5 años para sus autoridades, el cual vence en junio del próximo año. Además de esto las elecciones deben ser cumplidas vía las máquinas de votación porque así establece la ley electoral”, comentó Amarilla. “Ellos están creando un caos, un desorden, una desorganización de los propios liberales de toda la república”.

La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, pre­sentó ayer el plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Inte­gridad, Transparencia y Pre­vención de la Corrupción que tiene como finalidad princi­pal impulsar la integridad pública y la transparencia gubernamental.

“La corrupción debe lucharse siempre con medidas repre­sivas, es decir, la Contraloría debe hacer su trabajo de audi­toría, la Fiscalía debe impu­tar y perseguir penalmente a los corruptos mientras que el Poder Judicial debe enviar a la cárcel a las personas que cometen actos de corrup­ción. Esta medida no se puede suplantar con ninguna otra y es importante que se poten­cie”, sostuvo Benítez.

Asimismo, el titular del órgano extrapoder acotó: “Esto no es la única manera de luchar contra la corrup­ción, hay otras maneras pre­ventivas que tiene que ver con la promoción de políticas de integridad y con criterios de transparencia que es reque­rido a las autoridades”.

El plan estratégico surge en el marco de la ley promulgada el pasado mes de diciembre que instituye a la Contraloría como el órgano de prevención de la corrupción teniendo presente su independencia constitucional, así como su alcance a nivel nacional.

“Este flagelo no tiene color, desconoce las barreras tem­porales, los límites territoria­les y desafía todas las herra­mientas tecnológicas que podamos presentar para fre­narla, se requiere el esfuerzo de todos los actores. Nosotros hoy ratificamos como Con­greso Nacional nuestro com­promiso de luchar contra la corrupción y la impunidad, nuestro compromiso con la transparencia”, mencionó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por su parte, la titular de la Unidad de Gestión de la Pre­sidencia de la República, Marianna Saldívar, respaldó las declaraciones del parla­mentario sosteniendo que “la corrupción es un problema que ningún poder del Estado puede atacar solo, esto es algo que requiere no de una política de gobierno, sino de Estado”.