La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aprobó hoy en general el proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de Consolidación Económica y de Contención Social para mitigar el Impacto de la Pandemia de la COVID – 19 o coronavirus”. La versión analizada fue la ratificada por la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
El proyecto aprobado de manera general busca consolidar y contener el gobierno de Mario Abdo. Los diputados continúan analizando las modificaciones artículo por artículo y votando uno por uno. Eventualmente será devuelto a la Cámara de Senadores para su aprobación o rechazo, con lo que se estaría ratificando la versión original aprobada el 28 de julio pasado en el Senado.
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Consolidación Económica y de Contención Social
Si bien el proyecto implica varias atribuciones presupuestarias para reasignar recursos para el gobierno de Abdo, la modificación central debatida fue la hecha al art. 4 inciso “E”, que se refiere a suspender todo tipo de aumentos salariales. Por mayoría en Diputados, de este inciso fueron excluidos todo el personal docente, por lo que se habilita una eventual suma salarial para los educadores.
Sobre ese punto, cabe señalar que esta mañana los ministros de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, y de Hacienda, Óscar Llamosas, aconsejaron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados excluir a los docentes de la prohibición del aumento salarial de funcionarios públicos.
El proyecto de ley con media sanción en Senadores busca ampliar la vigencia de la Declaración del Estado de Emergencia en todo el territorio de la República por el 2021 a causa de la pandemia del COVID-19, y por sobre todo permitirá reasignar los recursos disponibles y los aprobados por leyes especiales. La finalidad es sostener las políticas sanitarias del Gobierno de Abdo en lo que resta de este periodo fiscal.
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Diputados aprobó con modificaciones propuesta de control, transparencia y rendición de oenegés
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley para el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG). El plenario acompañó en mayoría las propuestas de modificación planteadas por el Poder Ejecutivo.
El documento, que ya contaba con media sanción del Senado, ahora vuelve a la cámara de origen para el estudio y consideración de las modificaciones planteadas. De ser aceptada por la Cámara Alta, la normativa ya quedará sancionada.
Luego de un largo debate de casi dos horas, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre puso a consideración de sus colegas el proyecto, y llevó adelante la votación nominal, en la que 47 diputados votaron a favor, 13 en contra, mientras que 2 se abstuvieron y 18 ausencias se registraron al momento de la votación.
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Al respecto, la representante de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, señaló las modificaciones planteadas a la propuesta que establecen un régimen de control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que desarrollan actividades públicas de interés social y cultural.
Señaló que de ahora en más se entienden como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o prividados nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.
Señaló que la legislación expresa claramente que quedarán excluidos de la normativa tratada aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
Indicó que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a la facultades que le correspondan a la Contraloría General de la República y otras entidades estatales.
Mencionó además que se establece crear un registro de las OSFL dependiente del Ministerio de Economía y será de carácter público y accesible a la ciudadanía mediante medios electrónicos. También deberán registrarse aquellas OSFL de origen extranjero que realicen actividades en el Paraguay de manera directa o indirecta.
La diputada de la Comisión de Equidad, Rocío Abed, señaló que el dictamen de la mesa asesora fue idéntico al del presupuesto, por lo que acompañan su aprobación con modificaciones, aclarando que tuvieron dos meses y 20 días para analizar y formular sus propios criterios para plantear las modificaciones.
“Esta ley está preservando algunos principios fundamentales como son la transparencia, el control y la rendición de cuentas, en un país en el que las organizaciones y las personas físicas y jurídicas tienen la obligación de estar en igualdad de condiciones y justamente ahí se introduce el principio de equidad”, comentó.
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Control de ONG: excluirán a iglesias, sindicatos y gremios campesinos, anunció Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anticipó este martes que se incluirán varias modificaciones en el proyecto de ley para el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas, la exclusión de iglesias, sindicatos y organizaciones campesinas. La iniciativa legislativa tiene media sanción del Senado, figura en el primer punto del orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes.
“Cuando venía el proyecto del Senado, el primer compromiso que asumimos era de no tratarlo a tambor batiente, que ese proyecto pueda pasar por un amplio debate, escuchando a las diferentes partes afectadas y buscando construir una propuesta legislativa que sostenga el eje fundamental de ese proyecto que es la trasparencia”, comentó Latorre a los medios de prensa antes del inicio de la sesión.
“Se realizó un trabajo conjunto, con actores, con parlamentarios de la Cámara de Diputados, hemos trabajado también con representantes del Poder Ejecutivo, y también formó parte de este trabajo el asesor jurídico de la Cámara de Senadores que fue la cámara de origen, en este caso el abogado Sergio Godoy, el mismo vicepresidente de la República”, expresó el titular de la Cámara Baja.
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El titular legislativo indicó que se llegó a una propuesta que ha sido planteada en las diferentes comisiones, que trataron este proyecto antes de llegar al pleno, sosteniendo la propuesta con el eje fundamental que es la trasparencia. “Es el compromiso que hemos hecho, pero buscó ser más específicas con respecto a quienes iban a ser los sujetos controlados y, en ese sentido, fueron excluidos, las iglesias, las organizaciones campesinas, fueron excluidos los sindicatos, los organismos internacionales, multilaterales, entre otros actores”, explicó.
Latorre señaló que el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “se ajustó también otros de los aspectos que generaban preocupación, que tiene que ver con las sanciones, excluyendo de manera completa las multas y también reduciendo los de sanciones con respecto a la inhabilidad ante el incumplimiento de la ley, ante la inhabilidad de los ejercicios de los cargos públicos”.
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Proyecto de control a las oenegés: Diputados eliminarían la sanción económica a directivos
El diputado Alejandro Aguilera confirmó que los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja analizará este martes las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, al proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El encuentro está previsto para las 8:00 teniendo en cuenta que la iniciativa figura en el punto 1 del orden del día para su tratamiento en plenaria en la fecha. Aguilera detalló que entre los principales cambios al proyecto de ley en relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, el legislador afirmó que también se mantendría en el documento como primera medida el apercibimiento por escrito y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
También existe la posibilidad de excluir de estas sanciones aprobadas inicialmente en el Senado, a las iglesias, las comisiones vecinales y los organismos internacionales (salvo que reciban dinero del Estado). “Vamos a dictaminar y a tocar algunas modificaciones, si hay números, se va a aprobar, pero creo que habrá. Se quiso tergiversa mucho el espíritu de esta ley que es el de controlar y saber en qué se gasta o se invierte el dinero”, comentó Aguilera.
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El proyecto de ley también será analizado por los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara Baja. No obstante, tampoco se descarta su postergación por una semana con el fin de socializar aún más los cambios sugeridos por el Ejecutivo y analizarlo en el pleno el próximo martes 8 de octubre, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con sanción ficta para el 9 del presente mes.
De aprobarse en la fecha, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores quienes tendrán la posibilidad de ratificarse en su posicionamiento o aceptar las modificaciones introducidas por los Diputados en base a las sugerencias del Ejecutivo.
Lo que establece la propuesta
De acuerdo a la exposición de motivos, el control se establece sobre las oenegés que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional y que se destinen a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y universidades públicas.
La iniciativa parlamentaria también refiere que el control también abarca a los que, de alguna manera tengan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y de universidades públicas.
El documento también hace mención a la creación de un Registro Nacional de Organizaciones sin fines de lucro, al cual, deberán inscribirse (dentro de los noventa días de vigencia de la ley) todas las organizaciones que operen como tal. Ninguna institución pública u organismo del Estado podrá firmar ni ejecutar acuerdos con instituciones que no figuren en el citado registro que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Senador debatió con centrales sindicales sobre la ley del Servicio Civil
El senador Derlis Maidana, miembro de la Comisión de Legislación del Senado, se reunió con centrales sindicales y representantes de los Sindicatos del Sector Público para iniciar una serie de diálogos con el objeto de dar tratamiento a la ley de la Carrera del Servicio Civil.
El proyecto busca transparentar los Recursos Humanos y con esto también se tendrá que concursar para ingresar al servicio público y para acceder a las promociones; además, cada entidad tendrá como máximo tres asesores y cuatro cargos de confianza, que son los únicos que podrán ser nombrados sin concurso.
Por iniciativa de Maidana se da continuidad al proceso de diálogo con todos los sectores afectados por la propuesta legislativa, que apunta a mejorar las condiciones laborales, así como la modernización de la Administración Publica, reestructurando el Estado.
La Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, representada por sus miembros Gustavo Kirmser y Blas Dubrez, acompañó a los gremios del sector público al encuentro, para apoyar una reforma tan necesaria y que dicha normativa sea de común consenso con todos los sectores.
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Continuidad del diálogo
Desde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, expresaron que continuarán las conversaciones con diversos sectores. Esto, con el objetivo de realizar los ajustes necesarios y así escuchar a cada uno de los grupos involucrados en la propuesta.
El ministro de Economía había remarcado que desde el Gobierno no existen planes para apurar el mencionado proyecto de ley, apuntando de este modo al consenso sectorial. Después de la reunión con los gremios, se tomarán las observaciones pertinentes para seguir diseñando el plan.
El proyecto de ley se originó en 2022 y en febrero de este año fue actualizado, con la intención de que sea un tema que vuelva a la discusión pública, realizando las audiencias, reuniones y consultas requeridas, para llegar a una ley relativamente consensuada para su tratamiento en el Congreso.
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