El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.

“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.

“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.

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Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.

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El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.

“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.

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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.

Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.

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La Comisión de Intervención para la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto, emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría General de la República. El presidente de la comisión especial, Alejandro Aguilera, indicó que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

“Hemos dictaminado, por mayoría de 5 votos a favor del pedido de intervención y 2 diputados, en minoría, que votaron por el rechazo de la intervención, y 2 diputados ausentes, ya que tienen permiso por compromisos en el Parlasur”, detalló el diputado.

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El titular de la comisión sostuvo que con las audiencias realizadas, tanto con el contralor general de la República, Camilo Benítez, y el propio intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se pudo aclarar y evacuar las consultas y dudas de los integrantes de la comisión, para finalmente, emitir un dictamen.

“Hemos tenido todos los insumos con la visita del contralor y el intendente, hemos tenido buenas audiencias, se han hecho todas las preguntas, se han evacuado todas las dudas, y creímos pertinente elevar esto al plenario de la Cámara de Diputados porque creemos que hay indicios relevantes que ameritan una intervención”, explicó el parlamentario.

Señaló como uno de los puntos tratados, la falta de documentos respaldatorios por G. 42.000 millones por parte del intendente Prieto, lo que luego fue ratificado por la Contraloría General de la República. “El intendente había dicho que sí presentó todas las documentaciones, hemos vuelto a preguntar vía nota al contralor, el contralor ha respondido y se ratificó que ni el 10 % de las documentaciones ha presentado”, mencionó Aguilera.

Con respecto al tratamiento del pedido por el pleno, el diputado indicó que será conversado, ya que se podría tratar en la sesión ordinaria de mañana martes. “Ahora se va a comunicar esto, se va dar mesa de entrada, y vamos a hablar seguramente en bancada, vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Diputados para ver cuando se estaría tratando”, apuntó.

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El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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