El presidente de la República, Santiago Peña, recordó que cuando asumió el Gobierno esta obra del Gran Hospital del Sur estaba desfinanciada y con deudas a la contratista. Ahora, a casi dos años de mandato se habilita el hospital de alta complejidad totalmente equipado gracias a la negociación histórica de la Itaipú Binacional.

Afirmó que el proyecto del Gran Hospital del Sur arrancó durante el periodo pasado, pero reconoció que el periodo 2018-2023 estuvo marcado por grandes disputas políticas, que sumado a la pandemia obligó a dejar postergados grandes proyectos.

Reconoció el esfuerzo realizado por el diputado Colym Soroka, que luego de deambular con carpeta y proyecto en mano, por el Ministerio de Salud Pública, Hacienda, Obras Públicas y Presidencia. Luego de esto, empezó el proyecto que era de enorme envergadura, y que inicialmente se proyectó una construcción de 48.000 metros cuadrados, pero que finalmente hoy culmina en 60.000 m².

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Durante el periodo de transición política, entre el 30 de abril al 15 de agosto del 2023, Peña se reunió con el diputado Soroka, quien le pidió terminar el proyecto del Gran Hospital del Sur.

“Desde ahí arrancó un desafío gigantesco, porque nos encontramos con un hospital sin terminar, nos encontramos con una obra que el Estado le adeudaba a la contratista, un hospital sin financiamiento y adeudado. Era un hospital que no tenía tampoco financiamiento para el acceso, no contaba con albergues, no tenía residencias, no contaba con la posibilidad de desarrollar un parque urbano a su alrededor”, recordó.

Desde ese momento comenzaron a trabajar, en una conjunción de enormes esfuerzos. Porque si bien, lograban tener los recursos para concluir la obra, aún se encontraron con el gran desafío de equipar este gran hospital, que sin los mismos sería “una gran obra fantasma”.

“Es importante, ponernos en contexto, asumimos en agosto del 2023, antes de fin de año, habíamos saldado las deudas, más de 600 millones de dólares que habíamos heredado, gracias al apoyo del Congreso. Hago un reconocimiento a los legisladores, porque si hoy estamos acá es porque los paraguayos supimos unirnos en objetivos comunes, pese a nuestras diferencias”, resaltó.

El presidente Peña recordó que en medio de este trabajo, surgió la negociación con el Brasil, en el marco de la Itaipú Binacional, y en enero del 2024, se logró ganar una de las grandes batallas con un grupo de patriotas, que se fue a pelear por algo que consideraba justo.

“Luego en abril de ese año, pudimos anunciar, lo que en mi humilde opinión ha sido la mejor negociación de la historia del Paraguay. En ese momento, tomamos la decisión que parte de los recursos que se ganaba iba a servir para financiar y equipar los hospitales que estaban en construcción: el hospital de Coronel Oviedo, el hospital del Sur, y los demás hospitales que están en construcción”, remarcó.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.

“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.

El equipo de intervención examinó el esquema de transferencias realizadas a comisiones vecinales, que involucran cinco de las doce causales planteadas por la Contraloría. Según Ramírez, las irregularidades identificadas no se trataron de simples errores administrativos, sino de un esquema sistematizado para romper las reglas.

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La Contraloría había advertido sobre transferencias por más de 3.000 millones de guaraníes sin el cumplimiento de los requisitos documentales básicos. La intervención corroboró que los controles exigidos legalmente, desde el inicio del proceso hasta la conclusión de los trabajos financiados, fueron omitidos.

Entre las irregularidades detectadas figuran pagos realizados a proveedores antes de que se adjudicaran formalmente los contratos, así como deficiencias graves en las rendiciones de cuentas por parte de las comisiones que recibieron los fondos.

Si bien los principales hallazgos se concentran en el ejercicio 2020, la revisión posterior demostró que los mismos vicios persistieron en años posteriores, lo que refuerza la tesis de un mecanismo repetido y no de fallas aisladas.

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“Para nosotros, estos hallazgos configuran graves irregularidades en la ejecución presupuestaria, tal como lo tipifican la Constitución y la Ley 317”, concluyó Ramírez ante la 1020 AM, quien recordó que el equipo de intervención aún se encuentra dentro del plazo de 60 días para culminar su tarea.

Las multimillonarias ganancias de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez ocultas como reservas operativas y cuyo destino resulta un verdadero misterio, puesto que no se observan movimientos que avalen que se aplicaron para los fines constituidos, tiene otra arista aún más compleja sobre la ruta del dinero. Y es que el 66 % de los montos declarados como reservas, equivalen a cuentas consignadas a nombre de deudores por ventas que superan ampliamente los declarados por estos clientes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El análisis de corres­pondencia de bienes al expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez que tiene varada a la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) en su conclusión desde hace exactamente un año, tiene cabos sueltos que resultan urgentes de enla­zar tras el escándalo desa­tado con el descubrimiento de indicios de unos USD 21 millones guardados por el exmandatario en un paraíso fiscal, en Seychelles, África.

Ganancias multimillona­rias de las empresas distri­buidoras de asfalto de Abdo que fueron de hasta 70 veces según confirmó la Contra­loría, no se visualizan en su declaración jurada de bie­nes, tampoco generaron ingresos para el fisco porque fueron enviadas a un fondo de reservas consistente en un recurso que aplica para inversiones y de esta forma exceptúa de pago de impues­tos a los dividendos y utili­dades conocido con sus sil­gas (IDU). De esta forma, no se puede dictaminar si hay o no correspondencia de bienes o evasión imposi­tiva a través de las empre­sas Aldia SA y Createc SA.

Para la interpretación final de la Contraloría resulta clave identificar el origen de unos G. 40.000 millo­nes recurso detallado como “inversiones a largo plazo” de Aldia SA. El monto resulta llamativo y fue advertido por la administración tributaria por el aumento considera­ble en el 2023 que en térmi­nos porcentuales equivale un incremento del 2.799% con relación al año anterior.

“Se verifica que estas inver­siones radican mayoritaria­mente en colocaciones de capital en el sistema finan­ciero que implican liquidez para su correspondiente obtención. En ese sentido, es preciso establecer la tra­zabilidad de las operaciones para determinar si el capi­tal utilizado proviene de pagos de los deudores por ventas, disponibilidades bancarias, venta de activos u otras fuentes”, es decir, se desconoce el origen del mul­timillonario monto, subraya el estudio de Contraloría.

En cuanto a las reservas ope­rativas existen datos aún más sospechosos porque podría encubrir un desproporcional aumento de bienes y evasión de impuestos. El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas equivalentes a G. 292.000 millones fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines cons­tituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

Precisamente, el 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia SA y Createc SA de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

“A partir de los clientes que componen la cuenta DEU­DORES POR VENTAS deta­llados en los Estados Finan­cieros, se procedió a cruzar con el detalle de la cuenta pasiva PROVEEDORES LOCALES declarado por los clientes en sus respectivos estados financieros, donde se verificó que algunos clien­tes declararon montos infe­riores conforme se detalla a continuación”, refiere el estudio de la CGR y que se grafica en el cuadro adjunto a este artículo. La incongruen­cia se verifica en los estados financieros de ambas empre­sas mencionadas.

Así también el reporte del ente contralor señala que tanto en Aldia SA como Createc SA declaran “sub­cuentas CHEQUES DE PAGO DIFERIDO, OTROS CLIENTES y DOCUMEN­TOS A COBRAR - PAGARÉS; los cuales no pueden ser veri­ficados atendiendo a que el contribuyente no detalló en su Nota a los Estados Finan­cieros los clientes que com­ponen esas cuentas”.

Estas últimas observa­ciones mencionadas tor­nan bastante delicadas las maniobras en las empresas del expresidente ya que no existen garantías del destino final de las reservas, montos por los cuales no se tributa. Hasta sugieren especula­ciones de que la plata pudo haberse retirado, fue otro lado y se rellenó con deudas que, de entrada, ya son sos­pechosas porque en varios casos no son reconocidas por los clientes, son inferiores o simplemente no existen en el pasivo de los mismos.

“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.

“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.

“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.

“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.

Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.

“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.

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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".

El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.

Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.

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