La directora de Control de Entes Binacionales de la Contraloría General de la República (CGR), Irene Cuevas, detalló en el marco del “Examen Especial a la Deuda de Itaipú Binacional” que las conclusiones finales llevan a sostener que la República Federativa del Brasil estaría en deuda con la República del Paraguay. Ratifican que la deuda de Paraguay es ilegal.
La primera hipótesis se limita al hecho de plantear qué hubiera ocurrido si la refinanciación se le hacía a Eletrobras con la misma tasa de interés del 12% anual que se le impuso a la Ande, la porción de la tarifa que en su momento no estaban en condiciones de pagar los brasileños y que en contrapartida se optó por transgredir el tratado de Itaipú.
Teniendo en cuenta este antecedente, el monto que debió pagar Eletrobras, o que debería pagar trasladando esa cifra a la fecha y redondeando la misma, asciende a US$ 60.000 millones. Considerando que esta cifra es la que debió percibir hasta la fecha, el saldo que tenía Brasil y que fue refinanciado en 1997 ascendía a US$ 37.000 millones.
La segunda hipótesis parte de la base de la deuda ilegal de US$ 4.193 millones, y que el total a pagar por Eletrobras al año 2023 es de US$ 36.125 millones, considerando el cronograma de pagos original que fue aprobado con la firma del contrato de refinanciación N° 1480/97. El total a pagar a Eletrobras al año 2023 sería de US$ 31.440 millones.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, si se hubieran pagado en tiempo y en forma todos los servicios de la deuda causada por reducción de la tarifa del costo de la energía al Brasil durante los 13 años (1986-1997) sería solamente unos US$ 26.596 millones, con lo cual la deuda ya hubiera sido cancelada en el 2013, considerando que se perciban los ingresos por esa refinanciación, más los intereses.
La deuda vencida a causa de la reducción de la tarifa del costo de energía para el Brasil durante 13 años (1986-1997) alcanzó US$ 4.193 millones, y es considerada ilegal por Paraguay. Se habla de perjuicio concreto porque la Ande pagó más de US$ 900 millones como consecuencia de la subida de la tarifa, que fue elevada para poder equilibrar el estado financiero de Itaipú y fue traspasada al consumidor final paraguayo, concluye la Contraloría.
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“La Contraloría tuvo razón”: intervención en CDE confirma y amplía irregularidades
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, confirmó que las observaciones hechas por la Contraloría General de la República en torno a las transferencias a organizaciones sociales se sostienen tras una revisión exhaustiva. Además, señaló que se identificaron nuevos elementos que profundizan las sospechas sobre el manejo presupuestario de la administración municipal, principalmente durante el ejercicio fiscal 2020.
“La Contraloría tuvo la razón y nosotros ahondamos en algunos puntos adicionales. Esto va a formar parte del dictamen y son otras instancias las que deberán tomar decisiones al respecto, incluso el Ministerio Público, si corresponde”, afirmó Ramírez, quien este miércoles ya brindó una conferencia de prensa revelando datos sobre los hallazgos en la gestión de Miguel Prieto.
El equipo de intervención examinó el esquema de transferencias realizadas a comisiones vecinales, que involucran cinco de las doce causales planteadas por la Contraloría. Según Ramírez, las irregularidades identificadas no se trataron de simples errores administrativos, sino de un esquema sistematizado para romper las reglas.
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La Contraloría había advertido sobre transferencias por más de 3.000 millones de guaraníes sin el cumplimiento de los requisitos documentales básicos. La intervención corroboró que los controles exigidos legalmente, desde el inicio del proceso hasta la conclusión de los trabajos financiados, fueron omitidos.
Entre las irregularidades detectadas figuran pagos realizados a proveedores antes de que se adjudicaran formalmente los contratos, así como deficiencias graves en las rendiciones de cuentas por parte de las comisiones que recibieron los fondos.
Si bien los principales hallazgos se concentran en el ejercicio 2020, la revisión posterior demostró que los mismos vicios persistieron en años posteriores, lo que refuerza la tesis de un mecanismo repetido y no de fallas aisladas.
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“Para nosotros, estos hallazgos configuran graves irregularidades en la ejecución presupuestaria, tal como lo tipifican la Constitución y la Ley 317”, concluyó Ramírez ante la 1020 AM, quien recordó que el equipo de intervención aún se encuentra dentro del plazo de 60 días para culminar su tarea.
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El 66 % de reservas que declararon firmas de Abdo son deudas por ventas
Las multimillonarias ganancias de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez ocultas como reservas operativas y cuyo destino resulta un verdadero misterio, puesto que no se observan movimientos que avalen que se aplicaron para los fines constituidos, tiene otra arista aún más compleja sobre la ruta del dinero. Y es que el 66 % de los montos declarados como reservas, equivalen a cuentas consignadas a nombre de deudores por ventas que superan ampliamente los declarados por estos clientes.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
El análisis de correspondencia de bienes al expresidente de la República Mario Abdo Benítez que tiene varada a la Contraloría General de la República (CGR) en su conclusión desde hace exactamente un año, tiene cabos sueltos que resultan urgentes de enlazar tras el escándalo desatado con el descubrimiento de indicios de unos USD 21 millones guardados por el exmandatario en un paraíso fiscal, en Seychelles, África.
Ganancias multimillonarias de las empresas distribuidoras de asfalto de Abdo que fueron de hasta 70 veces según confirmó la Contraloría, no se visualizan en su declaración jurada de bienes, tampoco generaron ingresos para el fisco porque fueron enviadas a un fondo de reservas consistente en un recurso que aplica para inversiones y de esta forma exceptúa de pago de impuestos a los dividendos y utilidades conocido con sus silgas (IDU). De esta forma, no se puede dictaminar si hay o no correspondencia de bienes o evasión impositiva a través de las empresas Aldia SA y Createc SA.
Para la interpretación final de la Contraloría resulta clave identificar el origen de unos G. 40.000 millones recurso detallado como “inversiones a largo plazo” de Aldia SA. El monto resulta llamativo y fue advertido por la administración tributaria por el aumento considerable en el 2023 que en términos porcentuales equivale un incremento del 2.799% con relación al año anterior.
“Se verifica que estas inversiones radican mayoritariamente en colocaciones de capital en el sistema financiero que implican liquidez para su correspondiente obtención. En ese sentido, es preciso establecer la trazabilidad de las operaciones para determinar si el capital utilizado proviene de pagos de los deudores por ventas, disponibilidades bancarias, venta de activos u otras fuentes”, es decir, se desconoce el origen del multimillonario monto, subraya el estudio de Contraloría.
En cuanto a las reservas operativas existen datos aún más sospechosos porque podría encubrir un desproporcional aumento de bienes y evasión de impuestos. El 90 % de las ganancias de ambas empresas equivalentes a G. 292.000 millones fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movimientos que avalen la utilización para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.
DEUDORES POR VENTAS
Precisamente, el 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operativas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia SA y Createc SA de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasivas declaradas por sus clientes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análisis de sus estados financieros.
“A partir de los clientes que componen la cuenta DEUDORES POR VENTAS detallados en los Estados Financieros, se procedió a cruzar con el detalle de la cuenta pasiva PROVEEDORES LOCALES declarado por los clientes en sus respectivos estados financieros, donde se verificó que algunos clientes declararon montos inferiores conforme se detalla a continuación”, refiere el estudio de la CGR y que se grafica en el cuadro adjunto a este artículo. La incongruencia se verifica en los estados financieros de ambas empresas mencionadas.
Así también el reporte del ente contralor señala que tanto en Aldia SA como Createc SA declaran “subcuentas CHEQUES DE PAGO DIFERIDO, OTROS CLIENTES y DOCUMENTOS A COBRAR - PAGARÉS; los cuales no pueden ser verificados atendiendo a que el contribuyente no detalló en su Nota a los Estados Financieros los clientes que componen esas cuentas”.
Estas últimas observaciones mencionadas tornan bastante delicadas las maniobras en las empresas del expresidente ya que no existen garantías del destino final de las reservas, montos por los cuales no se tributa. Hasta sugieren especulaciones de que la plata pudo haberse retirado, fue otro lado y se rellenó con deudas que, de entrada, ya son sospechosas porque en varios casos no son reconocidas por los clientes, son inferiores o simplemente no existen en el pasivo de los mismos.
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Pereira no descarta presentar informe final antes de 60 días: “Tengo dos frentes muy complejos”
“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.
“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.
“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.
“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.
Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.
Funcionarios
“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.
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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".
El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.
Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.
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Gobierno entregó viviendas sociales a 160 familias en el Este
El gobernador de Alto Paraná, César Torres, valoró la gestión del gobierno de Santiago Peña y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que permitieron concretar el sueño de la casa propia no solo en su departamento, sino en todo el país.
En este caso, el Gobierno entregó viviendas sociales a un total de 160 familias que recibieron ayer viernes las llaves de sus nuevas casas, que forman parte de la Subcomisión Pro Vivienda del barrio San Miguel, edificadas en el Km 12 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
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Estas casas fueron financiadas por la Itaipú Binacional, a través del Parque Tecnológico-Paraguay (PTI – PY), mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente Santiago Peña. “Hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar bienestar a las familias paraguayas. Pero no nos vamos a detener: el compromiso sigue y vamos por mucho más”, remarcó el mandatario.
Asimismo, el director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, resaltó que las viviendas son el fruto del trabajo de un equipo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña y el ministro Juan Carlos Baruja.
Mientras que la dirigente Zully Lesme, presidente de la comisión vecinal, agradeció a las autoridades por hacer realidad un anhelo de hace años.
Próximas 100 viviendas sociales en Pilar
A su turno, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, afirmó que es un día histórico para los beneficiarios y en ese contexto, remarcó el firme compromiso de garantizar un techo digno y seguro a las familias paraguayas.
En el marco de la alianza estratégica con la Itaipú, el ministro adelantó que en agosto próximo serán inauguradas otras 100 viviendas en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú. “Vamos a seguir inaugurando muchas viviendas en Paraguay”, resaltó.
Durante el evento, también se entregaron aportes de distintas instituciones estatales:
- Ministerio de Desarrollo Social: capital semilla para 392 familias beneficiarias del programa Tenonderã.
- Secretaría Nacional de la Juventud y Crédito Agrícola de Habilitación (CAH): apoyo a jóvenes emprendedores rurales.
- Banco Nacional de Fomento (BNF): líneas de crédito productivo y apoyo financiero.
- Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP): entrega de 14 computadoras para fortalecer la capacitación técnica en sedes de Ciudad del Este.
Con esta agenda articulada, el gobierno reafirma su compromiso con un desarrollo territorial equilibrado, con inversión en infraestructura, salud, educación, vivienda y formación de líderes para el servicio público. Alto Paraná se consolida como epicentro de esta visión transformadora que apuesta al bienestar y al futuro de las familias paraguayas.