La Comisión de Fami­lia, Niñez y Adoles­cencia del Senado pre­sidida por Lizarella Valiente dictaminó por aprobar la ver­sión de Diputados a la inicia­tiva que establece cambios a los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal respecto al abuso de niños. Mediante esta propuesta se apunta a endu­recer las sanciones y ampliar tanto las definiciones como las modalidades asociadas a este delito.

Durante el estudio del pro­yecto, el Senado había plan­teado elevar de 5 a 28 años de cárcel, con base en los agra­vantes, pero los diputados decidieron elevar a 30 años de condena.

La senadora Valiente mani­festó que el daño hecho a los menores por estos abusado­res es irreparable, razón por la cual es pertinente aceptar la pena máxima.

La parlamentaria sostuvo ade­más que estadísticamente los abusadores no matan a sus víctimas porque los consi­deran como “sus juguetes sexuales”. La propuesta figu­raba en el orden del día de la sesión ordinaria del pasado miércoles; sin embargo, ya no fue analizada debido al largo debate que generó el proyecto de reforma la Carrera del Ser­vicio Civil. “Las secuelas que quedan en los niños son irre­versibles, el trauma por lo que pasan también. Los conside­ran como sus juguetes sexua­les, es algo criminal”, indicó la legisladora.

Señaló que solicitará el tra­tamiento del proyecto en la próxima sesión ordinaria de la Cámara Alta.

Agregó que el planteamiento lo hará primeramente en la reunión del lunes en la mesa directiva. El citado proyecto de ley fue ampliamente deba­tido por los senadores con los diversos sectores involucra­dos en el tema. Este será el tercer trámite constitucional del documento. En el caso de que se acompañe las modifi­caciones impulsadas por los diputados, quedará sancio­nado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulga­ción o veto.

El senador José Oviedo adelantó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley para la modificación de la carga horaria laboral en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales. Indicó que esta propuesta estaría presentando la próxima semana para iniciar el debate con los sectores involucrados.

“Estamos elaborando todavía el proyecto de ley, recién voy a tener el texto la semana que viene, el martes o el miércoles, más o menos. Lo que buscamos es bajar de 48 horas a 40 horas a la semana, así como en el sector público, en la ley de la función pública, que ahora va a ser sustituida por la ley del servicio civil, se establecen 40 horas a la semana”, indicó en la 780 AM.

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Oviedo señaló que con esto se podría equiparar con la función pública, reduciendo el horario de trabajo, que podrían ser distribuidos de acuerdo a las disposiciones o disponibilidades de las empresas y los trabajadores.

“Sabemos que, en las instituciones públicas, en la mayoría no se trabaja 40 horas, se trabaja 36 horas, 6 horas al día. Entonces, lo que buscamos es que en el sector privado se trabaje 40 horas a la semana también, que pueden ser distribuidos de 6 horas, 40 minutos por día, de lunes a sábado o 8 horas al día de lunes a viernes”, explicó.

Por otra parte, mencionó que particularmente no cuenta con una fuerza política en el Congreso, y buscará el diálogo y el apoyo de los sectores trabajadores y sindicalistas para llevar adelante este proyecto.

“La clase trabajadora, los sindicatos, vamos a ver si los sindicatos realmente defienden a los trabajadores; este proyecto deberían agarrarlo y hacerlo suyo, espero que suceda así, voy a poner a consideración, por si se prenda la gente”, sentenció.

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La Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia del Senado, presidida por Lizarella Valiente dictaminó por aprobar la versión de Diputados a la iniciativa que establece cambios a los artículos N.° 128 y 135 del Código Penal respecto al abuso de niños. Mediante esta propuesta se apunta a endurecer las sanciones y ampliar tanto las definiciones como las modalidades asociadas a este delito.

Valiente dijo que de esta manera se aconseja a la plenaria de la Cámara Alta apoyar el planteamiento de establecer una pena máxima de 30 años de cárcel para los abusadores de menores, lo que equipara este delito con el de homicidio, dada la gravedad del mismo.

Esto teniendo en cuenta que los senadores habían establecido 28 años de prisión. “Consideramos con los colegas de esta comisión que las penas tienen que ser las más elevadas, estamos totalmente de acuerdo con las modificaciones, ya que las secuelas que quedan en los niños son irreversibles, el trauma por lo que pasan también”, comentó a los medios de comunicación.

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La parlamentaria sostuvo además que estadísticamente los abusadores no matan a sus víctimas porque los consideran como “sus juguetes sexuales”. La propuesta figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria del pasado miércoles, sin embargo, ya no fue analizada debido al largo debate que generó el proyecto de reforma la Carrera del Servicio Civil.

No obstante, Valiente mencionó que el próximo lunes, durante la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, requerirá nuevamente la inclusión del proyecto para su tratamiento. Este será el tercer trámite constitucional del documento. En el caso de que se acompañe las modificaciones impulsadas por los diputados, quedará sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

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La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.