La Superintendencia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), puso en marcha este miércoles el operativo denominado “Ñemboty”, el cual consiste en el cierre de más de 100 locales de diferentes rubros relacionados con la salud y belleza que no cuentan con la habilitación por parte de la mencionada entidad contralora.

El superintendente, el doctor Roberto Melgarejo Palacios, explicó en conferencia de prensa que una de las primeras clínicas intervenidas fue de tratamientos capilares, pero reconoció que dentro de esta lista también existen locales que ofrecen tratamientos cosméticos además de spas, entre los que se destacan spas que ofrecen tratamientos para bebés.

“Tanto la ciudadanía como los prestadores de servicios deben saber que lo primero que se hace es la habilitación por parte del ministerio; el ministerio verifica la infraestructura y los profesionales; esa es una cuestión que atañe y compete al Ministerio de Salud; y luego procedemos nosotros a darle el certificado para que funcione; haciendo un paralelismo, el ministerio le da el certificado de nacimiento, pero la cédula de identidad la da la Superintendencia y sin ese registro no se puede trabajar”, remarcó el doctor Melgarejo.

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Respecto a la cantidad de espacios que no contarían con el registro sanitario, el mismo explicó que son más de 100, por lo que se organizaron 10 equipos interventores, los cuales se dividen con personal de la Superintendencia de Salud, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Defensoría Pública, de manera a trabajar de forma interinstitucional.

En cuanto a los procesos para que estos locales puedan volver a operar, refirió que primero serán sometidos a una investigación y posterior a esta los propietarios podrán solicitar el certificado actual que les permitirá volver a poner en funcionamiento sus locales de cara al público, ya que los mismos son clausurados solo para la atención a terceros y no así al trabajo administrativo que puede continuar mientras que dure la medida de intervención.

“El proceso de solicitud del certificado que expide la Superintendencia de Salud dura entre 8 a 10 días y cuenta con un canon estipulado que debe ser abonado, ya que si bien el registro del local o centro médico se hace una sola vez, la habilitación debe ser renovada de manera anual”, explicó el superintendente de Salud.

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Al menos dos allanamientos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en prosecución de una denuncia de abuso sexual que había ocurrido hace aproximadamente un mes en el interior de la penitenciaría de Itapúa.

Una de las intervenciones fue justamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a cargo de la agente fiscal Rocío Valdez, quien encabezó el procedimiento en el cual se ingresó al interior de la penitenciaría, específicamente en una celda del Pabellón A Alta. Allí guardan reclusión, entre otros dos, C. G. T., sindicado como el autor del abuso sexual de su hijastro.

Durante el procedimiento, se incautaron de siete sim card de diferentes líneas, un cuaderno universitario de anotaciones, ocho armas blancas de fabricación casera. Tras culminar el procedimiento, la fiscal indicó que el hombre negó los hechos.

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También se realizó una constitución, en el marco del allanamiento de la casa donde reside el niño, buscando a sus hermanos para tratar de resguardarlos, considerando que también podrían ser víctimas. Sin embargo, no se pudo dar con ellos, ya que se tuvo conocimiento de que los niños, junto a su madre, abandonaron la casa poco antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, que estuvo acompañado de la Defensoría de la Niñez e incluso del Minna.

La Fiscalía está buscando a los demás hermanos del niño abusado, debido a que existe presunción de que los otros hermanos también podrían ser víctimas, ya sea de maltrato o de abuso. En total son siete hermanos, pero no fueron encontrados en la casa, explicó la fiscal al término de la intervención.

“La familia es oriunda de Ciudad del Este, pero hace 5 años residen en el lugar. Se presume que serían 7 hermanos, de los cuales dos serían hijos del sindicado”, aseguró la fiscal del caso. Sobre el estado de salud del niño, la fiscala se interiorizará con los médicos, indicó.

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Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que la casa allanada pertenece a la madre del niño. Si bien eran de Ciudad del Este, la familia se mudó para que la señora pueda visitar s su pareja en la penitenciaría.

Un grupo de 40 personas aproximadamente, convocados por el movimiento ciudadano “CDE Libre”, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Rogelio Núñez, uno de los convocantes.

Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego marcharon por la avenida Pioneros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, situada sobre la misma avenida.

“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innumerables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría General puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.

Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renuncia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a presentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.

Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipalidad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.

Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Rogelio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene como salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.

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Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que pretenden realizar, con tal de conseguir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últimas intervenciones, Prieto volvió a decir que no renunciaría.

Por su parte, el concejal de Honor Colorado, Richard Alfonso, refirió a La Nación/Nación Media que “es una teoría descabellada la que plantean, no se de dónde sacaron una cuestión conspirativa así, quizás quieren desprestigiarme, no tiene ningún sustento lo que dicen”.

Mencionó que no habla con el intendente Miguel Prieto, “todos saben que con él (Miguel Prieto) no se habla, es todo a través de nuestra gestión legislativa, es imposible hablar con él y, se supone que si estoy en algún plan, yo debería saber”.

Alfonso agregó que, hoy no existen condiciones para construir una mayoría en la Junta Municipal y la única que puede pedir la intervención es la Contraloría General de la República.

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El sector del Movimiento al Socialismo (MAS), afín al expresidente de Bolivia Evo Morales, ratificó su candidatura para las elecciones de 2025, a pesar de no estar habilitado para ello de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y reclamó la liberación de los más de cien detenidos durante las últimas protestas.

Fue el propio Morales quien presentó ambas propuestas junto con la de pedir a su vez la renuncia de los magistrados que se “autoprorrogaron” en sus cargos tras cancelar las elecciones judiciales, en un acto celebrado este domingo en la localidad de Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba.

“Jurídicamente se ha demostrado que Evo está habilitado para las elecciones 2025 y ratificaron nuevamente que es el único candidato del MAS”, defendió el expresidente boliviano, dirigiéndose a sí mismo en tercera personas.

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Morales argumentó que las decisiones que han tomado los jueces “autoprorrogados” del sistema judicial boliviano, incluido el Tribunal Constitucional, no son legales y por tanto “sus actos son nulos de pleno derecho”.

Asimismo, acusó al Gobierno de utilizar la Justicia para desmotivar y fragmentar el voto del tradicional electorado del MAS. “Va a intentar sacar de esto algún candidato para dividirnos, mucho ojo y mucha reflexión”, alertó.

Por otro lado, Morales ha reclamado la liberación de los 104 detenidos durante las protestas y bloqueos que han mantenido paralizado una parte del país durante casi un mes. “Vamos a movilizarnos para liberar a nuestros hermanos”, dijo.

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Por último, el llamado Estado Mayor del Pueblo pidió al Gobierno acción frente a la crisis económica, así como el reconocimiento del congreso del MAS de octubre de 2023, en el que los afines a Morales expulsaron al presidente Luis Arce del partido hasta que el Tribunal Superior Electoral lo anuló.

Fuente: Europa Press