Comisión de Justicia de Diputados pedirá al IPS un informe sobre los fondos jubilatorios
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El presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que impulsará un pedido de informe al Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la situación de los fondos previsionales y la denuncia de pagos irregulares de subsidios por cesación laboral durante la pandemia. Así también se convocará al presidente del IPS, Vicente Bataglia, y los demás miembros del consejo administrativo para brindar una información detallada sobre ambos puntos.
La decisión fue tomada tras recibir este martes al abogado Pedro Halley, exgerente de Prestaciones Económicas del IPS, quien alertó de la situación financiera del ente y ratificó su denuncia de estafa al IPS por parte de empresarios que se acogieron a la figura de cesación laboral solo para que sus empleados cobren el subsidio; sin embargo, sus obreros siguieron trabajando normalmente.
“Nosotros recibimos hoy el descargo del exgerente concerniente a las denuncias que se dieron a conocer a través de los medios de difusión masiva. En primer lugar, la preocupación por el fallo de la Corte a favor de los marinos, que claramente viola el tope de remuneración por jubilaciones”, comentó Latorre en contacto con La Nación.
En ese mismo sentido, el legislador manifestó la necesidad de realizar una profunda revisión, buscando una sustentación a largo plazo de la caja de jubilaciones mediante una reforma. “El abogado también habló sobre las determinadas empresas que utilizaron el subsidio por suspensión laboral como un salario, haciendo trabajar a sus funcionarios de forma completamente irregular, lo que se constituía en una estafa a la previsional”, significó.
Pedido de informe
Latorre explicó que la citada comisión asesora resolvió tramitar un pedido de informe para documentar toda la información recibida. Dijo que la solicitud de informe será redactada por el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Tadeo Rojas, y tendrá entrada oficial mañana en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
“También vamos a estar convocando al presidente del IPS, a los miembros del consejo y a los representantes jurídicos para interiorizarnos y escuchar su versión sobre los hechos de las denuncias y las preocupaciones que fueron manifestadas por el abogado Pedro Halley”, concluyó.
La diabetes es una enfermedad invalidante si no es tratada correctamente, por eso entrenan a los especialistas de medicina familiar e interna para llegar a todo el país con la atención protocolizada. Foto: Archivo
IPS: Red Integral de Diabetes atendió a 32.000 pacientes en lo que va del año
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Desde el Instituto de Previsión Social (IPS), desde el año 2018 vienen trabajando con la Red Integral de Diabetes, donde capacitan a los profesionales para tratar la enfermedad para que el mensaje sea igual para todos. En lo que va del año ya llegaron a más 32.000 pacientes con esta enfermedad.
Según la doctora Elizabeth Valinotti Delmas, jefa del servicio de Endocrinología y coordinadora de la Red Integral Diabetes del IPS, antes del 2018, a nivel país, se contaba con muy pocos especialistas que podrían atender a los pacientes con diabetes y el servicio de la previsional creó un posgrados de Diabetología con la Universidad Católica.
“A partir de este posgrado salen los primeros 120 profesionales que trabajan en la red como especialistas reales. En Paraguay hay pocos endocrinólogos, se reciben tres por año, como directora de posgrado de una universidad tengo a mi cargo un solo residente y en el Hospital de Clínicas se reciben dos”, explicó Valinotti en entrevista con La Nación/Nación Media.
Resaltó que la diabetes es una enfermedad invalidante si no es tratada correctamente, por eso entrenan a los especialistas de medicina familiar e interna para llegar a todo el país con la atención protocolizada. “Desde la creación de la red en el 2018 tenemos un registro único de pacientes con diabetes en el IPS”, aseguró.
Afirmó que en una primera etapa atendían a 18.000 pacientes, entonces desde el año pasado se amplió la red. “Ahora de enero a junio llegamos a más de 32.000 pacientes individuales lo que sugiere que vamos a llegar a 64.000 pacientes este año, con capacidad de atención y multidisciplinaria”, señaló.
Doctora Elizabeth Valinotti. Foto: Pánfilo Leguizamón
La profesional indicó que esta red es el resultado del trabajo que se viene realizando desde el 2012, año en el que empezaron a preparar a los profesionales. El año pasado llegaron a más de 57.000 pacientes equivalente a 250.000 consultas médicas con tratamiento y medicaciones.
“Agrandamos la red con el entrenamiento de los médicos distribuidos en los 16 departamentos y diferentes núcleos de atención a la diabetes, llegando a 57.649 pacientes el año pasado, ofreciendo las mejores medicaciones dentro de los protocolos internacionales, pero tenemos un problema financiero y a veces no hay”, señaló a LN.
La doctora dijo que con la red buscan que vayan disminuyendo las complicaciones en los pacientes y que eso hace que disminuyan los gastos en internaciones como complicaciones que tenían los asegurados con la enfermedad. Además, siguen capacitando a médicos, nutricionistas, enfermeras, fisioterapeutas para que todos atiendan de la misma forma.
“La proyección de cantidad de diabéticos asegurados en el IPS es de 100.000 y queremos llegar a todos desde la red integral. Cada núcleo de atención a la diabetes tiene su diabetólogo o su médico especializado en diabetes, nutricionista, psicólogo y si necesitan nefrólogos, cardiólogos. También tenemos una comunicación con ellos para poder derivar en el caso que no haya especialista”, confirmó.
El año pasado llegaron a más de 57.000 pacientes con diabetes. Foto: Archivo
Datos Claves
La diabetes es una enfermedad crónica, con alta prevalencia, mutiles complicaciones y alto costo de tratamiento.
Las personas con factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares con diabetes, haber tenido un bebé con más de 4 kilos, diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico o tener más de 35 años, deben solicitar un chequeo anual para descartar la diabetes.
Los síntomas claros de diabetes pueden ser orinar mucho; comer mucho, pérdida de peso sin ningún motivo; astenia o cansancio generalizado, tener mucha sed.
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
Actividades económicas del coordinador anticorrupción del CIRD que declaró ser trabajador con sueldo mínimo en IPS. Foto: Gentileza
Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.
Cuarta cumbre de Relaciones Laborales se realizará en Asunción
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El portal de Gestión de Personas de Latinoamérica, Comunidad RH, es el encargado de realizar una nueva edición de la mayor cumbre sobre derecho del trabajo del paraguayo“Buenas prácticas y nuevas legislaciones laborales”, donde se espera reunir a más de 150 profesionales de recursos humanos.
El evento se desarrollará este viernes 5 de julio en el Hotel Dazzler de Asunción de 07:50 a 13:30, con una agenda de conferencias de la mano de referentes nacionales, donde desarrollarán las últimas normativas del Ministerio de Trabajo e Instituto de Previsión Social (IPS).
La apertura con la introducción del evento y bienvenida estará a cargo del Dr. Joaquín Irún Grau, socio fundador del estudio Irún & Villamayor, y el CEO de Comunidad RH, Johann Maguiña, para dar luego seguimiento a otras ponencias.
La primera conferencia denominada “Tendencias y nuevas legislaciones laborales”, se enfocará en los temas a tener en cuenta en la aplicación de tecnología en los procesos de recursos humanos, a cargo de la Dra. Pilar Milleres, abogada del estudio Irún & Villamayor.
“Estabilidad laboral y salud mental” será el segundo tema a desarrollar, de la mano del Dr. Félix Villamayor, Socio estudio Irún & Villamayor. Posteriormente, se abordará la “Justificaciones de una desvinculación con causa, los derechos y obligaciones del contrato laboral” y cómo abordar la conversación con el colaborador. Estará a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, abogado del estudio Irún & Villamayor.
Otros aspectos no menos importantes son las “Nuevas formas de trabajo y regulación laboral: teletrabajo, pago a extranjeros y colaboradores en el exterior”, de la mano de la Dra. Jazmín Martínez, abogada del estudio Irún & Villamayor.
La última charla será sobre los “Nuevos procedimientos de inspecciones y fiscalización laboral”, a cargo de la Dra. Cynthia Sánchez, abogada del estudio Irún & Villamayor, para finalmente realizar las conclusiones de todo lo desarrollado.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitan al juzgado penal de Garantías la desestimación de la causa contra Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. Foto: Archivo
Fiscalía solicita la desestimación de la causa contra Montserrat Alliana
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Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron al juzgado penal de Garantías, especializados en Delitos Económicos, la desestimación de la causa penal N.° 3/2024, contra Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros.
En el documento explican que realizaron un análisis de lo denunciado tanto por la abogada Teresa Flecha como por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, que plantearon la posible comisión de los hechos punibles de Administración en Provecho Propio, Tráfico de influencias, Lesión de Confianza y Cobro Indebido de Honorarios.
Menciona además que los agentes fiscales llevaron adelante el proceso técnico analítico de constatación de la relevancia penal de las conductas presumiblemente acontecidas, el proceso de subsunción resultó negativo, por lo que se puede concluir que la conducta es atípica, por no cumplir con los presupuestos de los tipos legales expuestos en el Código Penal.
“Entonces, del caudal fáctico emergente y de las constancias de autos, esta representación pública advierte que la figura procesal de Desestimación de la denuncia se encuentra ajustada a derecho, según los argumentos previamente expuestos. Al respecto de la desestimación, se hace notar que tiene el efecto de cosa juzgada formal no así material”, expresa en la parte conclusiva del documento.
Menciona además que en caso de que varíen las circunstancias conocidas que fundamentan este requerimiento, la resolución que admite la desestimación podrá ser modificada y la investigación reabierta debido a que la presente desestimación no causa estado.
Por tanto, los agentes fiscales señalan en consecuencia, a lo expuesto y en virtud de lo preceptuado en los artículos 301, inciso 1) y 305 del Código Procesal Penal, estando el presente requerimiento acorde a las normas procesales vigentes, este equipo de investigación requiere la desestimación, bajo expresa mención de los alcances establecidos en el artículo 306, primer párrafo del mismo cuerpo legal, por ajustarse a derecho.
La causa penal tiene que ver con la denuncia que se presentó en diciembre del año pasado, contra la hija del vicepresidente de la República Pedro Alliana, que fue contratada como funcionaria en la Cámara de Diputados, en la categoría A37, correspondiente al rubro de Asesor. Dicho nombramiento se dio a través de la resolución n.º 540, firmada por el diputado Raúl Latorre, en su carácter de presidente de dicho órgano legislativo.