La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja resaltó la importancia de Che Róga Porâ, como política pública que representa una oportunidad real para que las familias accedan a una vivienda propia.

Este programa emblemático del Gobierno de Santiago Peña está a pocos días de cumplir el primer año de implementación que ya tiene más de 1.022 créditos aprobados y que equivalen a unos USD 28 millones.

Durante una visita a los estudios del Canal GEN y Universo 970Am/Nación Media, en el programa Arriba Hoy, el secretario de Estado destacó que el programa Che Róga Porâ cumplirá un año el próximo 12 de julio.

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El ministro Baruja afirmó que existe en proceso de estudio otros 800 solicitudes de créditos, que están siendo analizadas en las distintas entidades financieras.

“Muy probable que estas 800 solicitudes se irán aprobando. Esto va creciendo día a día, más aún con el Che Róga Porâ que suma 4 nuevas modalidades disponibles para la gente”, indicó.

Al respecto, resaltó que hoy el ciudadano que cuenta con su propio terreno, puede solicitar la financiación para construir en su propio terreno. La otra opción es que si el ciudadano que quiera comprar el terreno más la casa construida, también lo puede hacer.

“Sí quiere comprar ya una casa terminada, ya sea un departamento o un dúplex también lo puede hacer. O bien, aquellas familias que ya tienen una vivienda pero lo quiere ampliar, reformar o mejorar también se le puede financiar con Che Róga Porâ hasta la suma de 500 millones de guaraníes, con una tasa de interés del 6,5 % en guaraníes, y hasta un plazo de 30 años”, precisó.

Baruja resaltó que la tasa del 6,5 %, no solo es la mejor en el país sino en toda la región. “Esto demuestra claramente que esta política de gobierno del presidente Santiago Peña, apunta a dar respuesta a un sector importante de la sociedad que es la clase media trabajadora que no tenía ninguna posibilidad de acceder a una vivienda propia en otras condiciones”, acotó.

En ese sentido, el ministro recordó que en el año 2003, las tasas de interés de los préstamos bancarios estaban en el orden del 40 %, y el plazo máximo era de 5 años. “Un crédito de 100 millones de guaraníes en el 2003, con esa tasa y ese plazo la cuota era de G. 6.900.000. Hoy ese mismo monto, de G. 100 millones, a una tasa del 6,5 % y a 30 años de plazo la cuota es de G. 680.000″, indicó.

Remarcó además que la cuota de la financiación del programa ya es fija por todo el plazo que se emita el crédito. Mientras que la cuota de un alquiler normal, aumenta año tras año, debido a variación de la tasa de inflación.

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El abogado Pedro Ove­lar, representante legal del expresidente de la República Horacio Car­tes, sostuvo que la desesti­mación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denun­cia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las ins­tituciones fueron instrumen­talizadas para la persecu­ción política y el terrorismo de Estado hacia sus adversa­rios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a engro­sar los elementos probato­rios en contra de los acusa­dos de persecución política contra Cartes. Todos los ele­mentos probatorios y el aná­lisis realizados por la Fisca­lía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestima­ción de la falsa denuncia impul­sada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, eva­sión de impuestos y contra­bando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encon­traron sustento para los argu­mentos lanzados por el exmi­nistro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un con­cierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que deses­timó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referen­cia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carác­ter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativa­mente, la acusación se pro­dujo en medio de las recientes elecciones internas colora­das del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Car­tes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Aso­ciación Nacional Republi­cana (ANR) y contaban con sus respectivos precandi­datos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

El 31 de julio de 2023, Car­tes había denunciado que fue víctima de una perse­cución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fue­ron acusados los exfuncio­narios abdistas Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de trata­miento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mau­ricio Espínola, actual dipu­tado. Pese a que el exmanda­tario alegó públicamente que se sometería a la Justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finali­dad de paralizar y entorpecer la acción de la Justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de Justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanis­mos procesales, así termina­ron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal”, refirió Ovelar.

El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.

“La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

En la mañana de este jueves, los intendentes que se encontraban en la zona de conflicto entre Israel e Irán llegaron a Paraguay. De acuerdo con las informaciones, alrededor de las 06:40, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el avión que traía de retorno a los jefes comunales. Las autoridades fueron recibidas por el embajador de Israel en Paraguay, Amet Mekel, además de sus familiares y amigos.

La delegación paraguaya que participó de una capacitación invitada por el gobierno de Israel está compuesta por Felipe Salomón, intendente de San Lorenzo; Cinthia Cabañas, de Paso Horqueta; Fernando Ramírez, de Pilar; José Resquín, de Independencia, y Claudio González, miembro de la Junta Municipal de Salto del Guairá. Durante la permanencia de estas autoridades se dio un intenso ataque en escalada por parte de Irán a Israel.

El presidente de la República, Santiago Peña, ratificó su confianza en la doctora María Teresa Barán al frente del Ministerio de Salud Pública, aunque aclaró que no está satisfecho con la gestión en la cartera sanitaria.

El senador Silvio Ovelar arremetió contra la ministra de Salud, a quien no le perdonó su ausencia en la reunión de la Comisión de Presupuestos el martes. Peña fue consultado sobre la posición de Ovelar y consideró que la opinión del legislador refleja la de varios parlamentarios. “Yo tampoco estoy satisfecho, lo digo públicamente siempre queremos más”, advirtió.

Un ataque con misiles iraníes hirió al menos 32 personas personas, dos de ellas graves, y golpeó un hospital en el sur de Israel, señalaron las autoridades del país hebreo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí reportó en la red social X de “un impacto directo (...) en el Hospital Soroka de Beersheba, en el sur de Israel”. “Es el principal centro médico de toda la región del Néguev en Israel”, subrayó la vicecanciller israelí Sharren Haskel, que consideró el ataque como “deliberado” y “criminal”.

El ministro Javier Giménez, titular de Industria y Comercio (MIC), y miembro del Consejo de Administración de Itaipú en el marco de las negociaciones del Anexo C, indicó que Paraguay sostiene el pedido de aclaración al Gobierno de Brasil sobre el esquema de espionaje contra autoridades paraguayas, develado por la prensa brasileña.

El secretario de Estado adelantó que la respuesta ya se podría dar en unas dos semanas más. “Yo confío mucho que Itamaraty va a resolver esto en dos semanas, pero personalmente, está tardando más de la cuenta”, dijo Giménez, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al nombre del palacio que funciona como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, formó parte de la comitiva de exautoridades nacionales que participaron del acto de conmemoración por los 181 aniversario de creación del Regimiento Escolta Presidencial y Comando en Jefe.

“Recordamos 181 años de historia del Regimiento Escolta Presidencial, símbolo de disciplina, honor, lealtad y servicio a la Patria. Mi respeto y admiración a quienes día a día entregan su vida al resguardo de nuestras instituciones y autoridades", indicó el titular del Partido Colorado a través de redes sociales, invitado al evento en su carácter de expresidente de la República.