La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

El consejero de Instituto de Previsión Social (IPS), Víctor Insfrán, opinó que en el caso Braulio Vázquez puede hablarse incluso de negligencia médica y operativa. Anunció que el martes que viene analizarán en el Consejo la auditoría de la Superintendencia de Salud que será comparada con una auditoría interna de la previsional.

“Estoy enterado que llegó el informe a la institución y se va a alzar ahora a Gobernanza, que para nosotros significa recibir todos los consejeros para su tratamiento el día martes que tenemos sesión”, expresó en declaraciones a la 1080 AM.

Dijo, asimismo, que de confirmarse irregularidades, se ordenará un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Si el Consejo tiene responsabilidad, los consejeros deberían renunciar, afirmó. “Me enteré de algunos puntos por la prensa, y nuestra posición es revisar puntualmente todos los informes y una vez que tengamos, tanto la auditoría interna y de la Superintendencia de Salud, nosotros vamos a tomar la decisión de disponer un sumario administrativo a fin de deslindar todas las responsabilidades”, acotó.

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Añadió que luego, el caso será derivado a la instancia correspondiente de acuerdo a los alcances de la medida. “Si el Consejo tiene responsabilidad, no tiene otro camino que renunciar. En caso de que un paciente tenga código verde significa que no hay ningún apuro, que puede esperar. Pero una persona infartada, definitivamente, no puede”, subrayó el directivo.

En esos casos, debe entrar inmediatamente a un código rojo de atención prioritaria, manifestó. “El personal médico o de enfermería de urgencia que le recibió a este paciente, determinado con código verde, teniendo un infarto, definitivamente hay un error profesional garrafal”, apuntó.

La Superintendencia de Salud investigó durante un mes las causas que rodearon a la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero en el Hospital Central del IPS. Los familiares denunciaron que gastaron casi G. 11 millones y que hubo retrasos en la cirugía para el cateterismo.

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Autoridades técnicas de la Justicia Electoral realizaron este viernes una conferencia de prensa donde reafirmaron el compromiso y la garantía de transparencia en el proceso de auditoría de las máquinas de votación que serán utilizadas para las Elecciones Municipales 2026.

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, cuestionó que se pretenda instalar desinformación contra este proceso electoral. “Estamos viendo que sistemáticamente se está queriendo instalar cierto relato, que pretende desacreditar el proceso de auditoría que realizó la Justicia Electoral y por extensión las máquinas de votación, y yendo un poco más allá, tratar de afectar el sistema de desbloqueo de listas, utilizando o tratando de insertar relatos sobre base de mentiras, sobre la base de medias verdades”, expresó Ruiz Díaz en conferencia de prensa.

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En el marco del calendario electoral, la auditoría de las máquinas de votaciones se realizó entre el 2 al 27 de febrero con la participación de auditores técnicos que fueron designados por los diferentes partidos y movimientos políticos registrados para estos comicios, las internas del 7 de junio y las generales del 9 de octubre. Para esta auditoría se utilizaron las máquinas de votación que fueron enviadas por el consorsio Comitia-SA como muestras para este proceso.

Durante la conferencia, el director de Informática del TSJE, Fausto von Streber fue el encargado de desarrollar todo el proceso de control junto con los auditores técnicos acreditados.

La auditoría se desarrolló en dos etapas, la primera, demostraciones técnicas que fueron realizadas por los propios representantes del consorcio proveedor, en lo que tiene que ver con el funcionamiento del hardware y software, el sistema operativo, la arquitectura del software, como así también los mecanismos de seguridad de estas máquinas.

En la segunda etapa se realizaron las pruebas técnicas, esto por parte de los auditores técnicos de las agrupaciones políticas, con varias pruebas, desde el desmantelamiento de hardware y el control de las papeletas utilizadas en las máquinas.

Por su parte, el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, se refirió al proceso licitatorio para el arrendamiento de estas máquinas, asegurando que se cumplieron con todos los requisitos y controles previos para la adjudicación del consorcio Comitia-SA. Aseguró que incluso se acudió en cuatro ocasiones a la Cámara de Senadores, donde explicaron todo el proceso.

También se refirió al impedimento de la apertura del “sobre 4”, que algunos sectores políticos utilizan como cuestionamientos hacia el sistema electoral. “Estamos explicando el por qué no se pude abrir el sobre 4 y se basa en la ley, el artículo 118 de la Constitución Nacional establece claramente que el escrutinio es público y fiscalizado. La ley electoral dice que el escrutinio se realiza en el mismo lugar donde se realizó la votación en un solo acto ininterrumpido, por lo tanto, no se puede hacer el escrutinio en un lugar extraño a la mesa de votación”, explicó.

Agregó que la ley claramente establece las funciones de los Tribunales Electorales que hacen el cómputo, y que la ley explica que el cómputo “consiste en la suma de los resultados emanados en las actas de escrutinio, no de los boletines de votos”, que claramente que la ley determina que “como causal de nulidad de las elecciones es realizar el escrutinio fuera de lugar indicado. Todo eso hace que la Justicia Electoral sea imposibilitada de abrir el sobre 4“, concluyó.

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El gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, requirió a las instituciones de fiscalización y control del Estado que realicen una verificación, auditoría o revisión de la administración y ejecución del programa Hambre Cero en su departamento ante la decisión del Senado de retirarle la gestión de la alimentación escolar.

Mediante un comunicado, Torres afirmó que el pedido surge con el fin de resguardar la transparencia de la gestión pública. “La administración departamental a mi cargo reafirma que dicho programa constituye una política pública de alto impacto social, orientada a garantizar la alimentación escolar de miles de niños, niñas y adolescentes del departamento, contribuyendo al fortalecimiento del proceso al proceso educativo y al bienestar de la comunidad educativa”, refiere.

“Corresponde señalar que la provisión y distribución de los alimentos en las instituciones educativas se ha desarrollado desde su inicio con absoluta normalidad, garantizando que los estudiantes beneficiarios reciban oportunamente la alimentación prevista dentro del programa", puntualiza la nota.

Agrega que “esta gobernación se pone a plena disposición de todas las instituciones de fiscalización y control del Estado, a fin de facilitar cualquier verificación, auditoría o revisión administrativa que corresponda, proporcionando la información y documentación necesarias en resguardo a la transparencia de la gestión pública".

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“Reiteramos que circunstancias políticas coyunturales no deben afectar el normal desarrollo de un programa social destinado al bienestar de miles de estudiantes del departamento de Alto Paraná, cuyo interés superior debe prevalecer por encima de cualquier debate circunstancial", señala el texto del gobierno departamental.

La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

“Desde el primer día trabajamos de manera coordinada con la dirección departamental de Educación, supervisores, con los 22 intendentes y me sorprende de sobremanera la forma y los argumentos que se presentaron que no son sólidos para avalar la toma de esa decisión”, dijo el gobernador de Alto Paraná, este viernes, una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres solicitó a la vez a la Cámara de Diputados la posibilidad de presentar su defensa. “Espero que ellos puedan recabar la mayor información posible para que de esta manera se pueda tomar la decisión correcta”, dijo.

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