La Cámara de Diputados aprobó en la fecha el proyecto de resolución que insta a los gobernadores e intendentes de todo el país a redireccionar recursos para el apoyo financiero a los diferentes hospitales y centros asistenciales con pacientes respiratorios en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19.
El documento menciona que “es de conocimiento público la situación que está atravesando la salud pública en nuestro país a causa del COVID-19. En ese sentido, es justo reconocer la gran labor que viene realizando el personal de blanco de toda la República, a pesar de las múltiples necesidades que sufren los diferentes establecimientos de Salud Pública”.
El proyecto de ley argumenta que a la solicitud se suma actualmente la escasez de oxígeno a nivel nacional y pone en peligro “la vida de miles de compatriotas por lo que se vuelve imperiosa las necesidad de que las diferentes gobernaciones así como municipalidades del país apoyen financieramente la gestión de los establecimientos de salud”.
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La propuesta fue presentada por el liberal Emilio Pavón, quien mencionó que a través de los recursos que se dispongan a través de las normas legales, se podrán instalar las plantas productoras de oxígeno medicinal, balones, tanques así como otros equipamientos para enfrentar la letal enfermedad.
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Urge establecer una legislación para plataformas de movilidad y de entregas
El diputado Pedro Gómez, uno de los proyectistas de la propuesta “que regula el trabajo de las empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”, sostuvo que urge la necesidad de regular estos servicios a través de plataformas digitales. Este proyecto de ley se encontraba en el punto 13 del orden del día de la sesión del pasado miércoles, sin embargo, no fue tratado por falta de quórum.
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“Es un tema muy complejo, porque esto surgió hace poco y hay muchos países que todavía no tienen legislado también, si nosotros logramos esto, en la región vamos a ser uno de los tres o cuatro países que tenga esta legislación. Urge la necesidad de regular, sobre todo en el tema de la seguridad que la gente necesita”, expresó el diputado en entrevista para La Nación/Nación Media.
El legislador refirió que, actualmente, las empresas de plataformas se rigen por sus propias regulaciones internas, y el objetivo es establecer una normativa única para la operatividad de estas.
“Las seis o siete empresas que tenemos en el país, cada uno se rige de acuerdo a lo que ellos les parezca y no a lo que la ley se expida o el ente regulador expida porque no existe una ley reguladora de estas plataformas, sin embargo, si existe una ley todos van a hacer lo mismo, apuntó.
Proyecto divido
Explicó que se trata de un proyecto de ley que ya lleva un largo debate en el Congreso Nacional, ya que inicialmente, el proyecto también incluía el seguro social para los trabajadores de estas plataformas, y también la seguridad con la identificación real tanto de los conductores como de los usuarios.
“Hay un debate un poco largo ya, con el tema laboral, en principio en el proyecto se había presentado con una pequeña relación laboral existente entre las plataformas y los trabajadores, pero luego entendimos que estos son prestadores de servicios, no una relación laboral directa. Lo que buscamos es que IPS le de una posibilidad de abonar un seguro social, en el largo debate no pudimos llegar tampoco a un acuerdo con IPS”, indicó para LN.
Sin embargo, en el transcurso del debate, se dividió en dos enfoques. “Se había presentado ya el proyecto con varias modificaciones, y lo que hicimos ahora fue dividir en dos el dictamen de la Comisión de Legislación, lo que toca directamente lo que es la seguridad de la plataforma, registro de conductores y usuarios de las plataformas, donde se le incluye también al Mitic”, refirió.
En cuánto a seguridad, esta ley busca que todos los conductores y los usuarios que van a utilizar, carguen varios documentos, el conductor; su registro, su habilitación, su cédula verde, y sus antecedentes judiciales y policiales a la empresa que va prestar servicio. En cuánto al usuario cargue su cédula de identidad, a fin de buscar que no se puedan doblegar los perfiles.
“Hoy la ley se dividió en dos, a falta de un consenso con lo laboral, ya hace rato se presentó las modificaciones de seguridad solamente, no se trató en varias ocasiones, seguramente vamos a tratar de meter otra vez el miércoles”, sentenció.
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Salud interviene clínica sin permiso para operar
La Dirección General de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud de la cartera sanitaria realizó un sumario al local denominado Instituto de Genética y Medicina Oropallo luego de una inspección, en la que se detectó que el responsable del lugar no tiene registro profesional en Paraguay; además, las instalaciones tampoco cuentan con el permiso para operar.
“Con base en un pedido de informe que llegó por el portal de acceso a la información pública, tomamos aviso de la existencia de una persona de nombre Líbero Antonio Oropallo, que sería supuestamente médico italiano y que estaría atendiendo en una clínica cercana a un shopping capitalino”, comentó el Abg. Luis Velázquez, director general de la mencionada dependencia del Ministerio de Salud.
Agregó que, ante la información, un equipo de la Dirección General de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud fue hasta el local. “Efectivamente se constata la existencia de este establecimiento. La comitiva fue atendida por una persona que decía ser simplemente secretario, el que manejaba las redes sociales. Esta persona dijo que hace dos semanas estaba este señor (Líbero Oropallo) en el país, pero que en ese momento no se encontraba en el edificio, sino que estaba en otro lugar. Le solicitamos al señor Oropallo que se acerque al local, pero no vino”, relató Velázquez.
Detalló que el edificio visitado tiene muchos consultorios, más allá de los ocupados por Oropallo. Este edificio está constituido por consultorios. Algunos estaban habilitados; el más grande es una clínica odontológica que está habilitada, pero uno de los sectores, aparentemente el alquilado a Oropallo, que aglutina tres consultorios y no mostraba aún movimientos de pacientes, no está habilitado ni tiene trámites para su habilitación ante el Ministerio de Salud”, explicó el director general.
Aseguró además que la persona, identificada como Líbero Antonio Oropallo, tampoco figura en el registro como profesional. “Todo esto va a ser enviado a la asesoría jurídica de la cartera sanitaria para un sumario, las averiguaciones y demás”, explicó.
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Salud garantiza suministro de insulina para pacientes
El Ministerio de Salud ha implementado medidas para asegurar la distribución de insulina a los pacientes con diabetes tipo 1. A pesar de los recientes desafíos para su adquisición por problemas de producción y suministro de las proveedoras, las autoridades sanitarias trabajan para garantizar un suministro continuo de este medicamento vital.
“Nuestra prioridad es la salud y el bienestar de los pacientes”, afirmó el Dr. Víctor Arias, director del Programa Nacional de Diabetes. “Hemos adoptado medidas proactivas para asegurar que todos los pacientes con diabetes tipo 1 reciban la insulina que necesitan sin interrupciones”.
Entre las acciones destacadas se encuentran la revisión de los procesos de licitación y la búsqueda de nuevos acuerdos con proveedores nacionales e internacionales, debido a que los últimos llamados a licitación fueron declarados desiertos.
La insulina, fundamental para el control de los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 1, se distribuye principalmente en dos formatos: frascos y lapiceras de administración. Aunque las lapiceras han sido las preferidas por su facilidad de uso, el Ministerio de Salud ha garantizado la adquisición de 3.500 unidades a finales de junio y espera recibir otras
“Contamos actualmente con 3.500 unidades de insulina y esperamos la llegada de otras 4.000 en julio”, añadió Arias. “Estamos mejorando el mecanismo de distribución para asegurar que las farmacias y centros médicos no se queden sin stock en ningún momento”.
MESA DE TRABAJO
Para abordar el problema de forma integral, se ha establecido una mesa de trabajo con todos los proveedores para garantizar un mecanismo de suministro que se ajuste a las capacidades de cada uno. Este enfoque colaborativo asegura que las entregas sean puntuales y suficientes para cubrir la demanda nacional.
“Sabemos lo crucial que es la insulina para la vida de estos pacientes”, concluyó Arias. “Estamos trabajando incansablemente para solucionar esta situación”.
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Diputados sancionan ley que viabiliza construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas
La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria de este miércoles, aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley por el cual se amplia y modifican varios artículos de la Ley Nº3.009/2006, De la producción y transporte independiente de energía eléctrica (PTIEE). El documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
De acuerdo con la exposición de motivos, el presente proyecto de ley sancionado pretende viabilizar los proyectos de construcción y funcionamiento de generación hidroeléctrica menor, también conocido como “Pequeñas Centrales Hidroeléctricas” (PCH).
La iniciativa parlamentaria se había presentado en el anterior periodo legislativo por los diputados liberales, Jorge Ávalos Mariño, Emilio Pavón, y sus excolegas Celso Kennedy y Fernando Oreggioni.
Durante el debate el diputado Ávalos Mariño abogó por la aprobación de la iniciativa, y explicó que la misma tiene como objetivo paliar las deficiencias existentes en la actual Ley 3009, la cual, según explicó, presenta ciertos artículos que generan confusión y falta de seguridad jurídica para las partes involucradas
“Desde su promulgación en el año 2006, hasta la fecha, la ley no adquirió efectividad, ya que no existen inversiones que apuesten a la generación y transmisión de energía hidroeléctrica, por lo que estas modificaciones pretenden otorgar viabilidad a los proyectos de inversión en ese sector energético”, explicó el legislador.
Acotó que la versión Senadores diferencia, claramente, las inversiones que serán autorizadas a operar mediante licencia a las que serán otorgadas por licitación pública internacional. A su vez extienden las exigencias para el transportador de electricidad, con el objetivo de que se haga cargo de los gastos administrativos y legales por expropiación; así como de las obras de mitigación y protección del medio ambiente.
Al mismo tiempo, los cambios obligan a que ciertos recursos percibidos sean destinados a la gestión, protección y conservación de los recursos hídricos. En cuanto a la solución de controversias del Art. 33, la Cámara de Senadores establece que las disputas que no puedan ser resueltas por el MOPC, a través del Viceministerio de Minas y Energía, serán sometidas a la competencia civil y comercial de los tribunales de la capital de la República del Paraguay.
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