El senador liberal Amado Florentín fue contundente al mencionar que no cree que se adopte, desde el Poder Ejecutivo, una cuarentena total para disminuir la expansión de los contagios y consecuentes muertes por COVID-19. Esto porque asegura que el gobierno de Mario Abdo “ya no tiene recursos, fuerza ni credibilidad”.
Consultado acerca de la decisión de la bancada B del PLRA con respecto a la elección de la mesa directiva, manifestó que la postura es no apoyar a un candidato oficialista para la presidencia del Senado. Dijo que las reuniones continuarán y mientras tanto sigue en pie las candidaturas liberales de Blas Llano y Víctor Ríos.
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El Gobierno ya no tiene fondos
“En nuestro país el problema principal es que el Gobierno ya no cuenta con fondos para cubrir gastos sociales para los programas que puedan tener el efecto económico de esa cuarentena. El Gobierno no lo tiene y no creo que tome la decisión de llevar otra vez a la gente a cuarentena total”, expresó sobre la falta de recursos económicos y la poca credibilidad del Gobierno.
“Bofetada y balde de agua fría”
Consultado sobre su opinión a cerca de la acción de inconstitucionalidad presentada por el director de Itaipú para evitar que la Contraloría audite sus cuentas, dijo que es una “bofetada y un balde de agua fría” para el Senado. Señaló también que hace menos de un mes le dieron el voto de confianza y el acuerdo constitucional a Manuel María Cáceres.
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Covid-19: el 99,7% de los fallecidos este año no estaban vacunados, recordó profesional
Los casos de covid-19 continúan presentándose y con las bajas temperaturas el riesgo de contraer una infección por coronavirus aumenta. De ahí la importancia de acudir a los centros de vacunación para recibir las inmunizaciones correspondientes, tanto la antigripal como la de covid-19.
El doctor Hernán Rodríguez, coordinador del Comité de Vacunas de la Asociación Panamericana de Infectología, informó que el 99,7% de los fallecidos por covid-19 no estaban vacunados, mientras que el 52% tenía 60 años en adelante.
El profesional tomó los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay de todo el 2023 y lo que va de 2024, tiempo en que se registraron 385 fallecidos por covid-19 e instó a la población a inmunizarse contra el coronavirus.
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El doctor Rodríguez se refirió a la importancia de la vacunación contra el covid-19, indicando que los efectos adversos atribuibles a las vacunas son escasos, incluso insignificantes comparado con el enorme beneficio logrado en la prevención de cuadros graves y muertes.
Insistió en la necesidad de seguir construyendo evidencia científica y respaldarse en ella para determinar las recomendaciones de los esquemas de vacunación que se actualizan periódicamente.
Asimismo, se refirió también al covid prolongado, explicando que se trata de un proceso caracterizado por una serie de signos y síntomas que pueden afectar a diversos órganos, aparecen algunas semanas después de haber padecido la enfermedad.
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Agregó que el riesgo de desarrollar covid prolongado es mayor en personas con antecedente de reinfecciones por el SARS-CoV-2 o con cuadros graves de coronavirus. Según estudios actuales, las personas vacunadas tienen menos incidencia de covid prolongado en comparación con las no vacunadas.
Las personas con dos o más episodios de la enfermedad tienen más de 3 veces la probabilidad de desarrollar problemas pulmonares o cardíacos, y más de 1,5 veces más probabilidades de padecer un trastorno neurológico, por ejemplo: niebla mental o accidentes cerebrovasculares.
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Gobierno Abdo carga con el peso de filtraciones al crimen organizado
Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtraciones que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.
El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoexportación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos vínculos con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefacientes que le han generado al país.
La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descubierto un esquema prácticamente de protección por parte de las mismas instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Las investigaciones revelan una verdadera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de informantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y procedimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.
La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho aislado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera narcoexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.
Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fiscalizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.
Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las transcripciones de las conversaciones telefónicas, ostentaban la sumisión de esta institución, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confirmaron que las cabezas de estos ministerios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.
Todo indica que traicionaron la lucha contra el crimen organizado; de hecho, la conducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcionarios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el primer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.
Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las atenciones a las situaciones de emergencia sanitaria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millones, según el informe que había socializado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.
El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe profundizar el análisis para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la credibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.
El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabilidades.
La herencia del gobierno Abdo de instituciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.
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ARP confía en que Senado de EE. UU. reconocerá credibilidad del USDA
El presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Balmelli, destacó las acciones que se vienen realizando desde el Gobierno para intentar revocar la decisión del Senado de los Estados Unidos, que busca frenar la importación de la carne paraguaya.
Celebró la reunión mantenida con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con quienes el sector cárnico abordó la situación de la exportación de la proteína roja local al mercado estadounidense.
“Queremos confiar en que las autoridades y senadores de los Estados Unidos reconozcan la credibilidad de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en cuanto a la sanidad e inocuidad de la carne paraguaya”, expresó Balmelli.
CAUSA NACIONAL
Es así que transmitió su satisfacción por las gestiones encaradas por las autoridades nacionales, al tiempo de poner en contexto su preocupación por el juzgamiento de la carne paraguaya en el Senado norteamericano sin sustento científico, dijo.
Ramírez Lezcano informó sobre la misión reciente a los Estados Unidos junto al Departamento de Estado y congresistas, y manifestó que existe una cooperación conjunta y armónica respecto a la situación. En tanto que el titular de la Cámara Baja remarcó que la exportación de carne paraguaya trasciende las banderías políticas y es una causa nacional, por lo que asumieron una posición conjunta. Esbozaron una declaración que rechaza la decisión del Senado de los Estados Unidos, e insta a la Cámara de Representantes de ese país a revertir la decisión.
Como parte de las gestiones, mantuvieron igualmente conversaciones con diferentes aliados del Paraguay en el mundo, incluyendo un importante lobby de la República de China (Taiwán) para permitir las exportaciones de carne a los Estados Unidos.
ENVÍOS EN DICIEMBRE
El 20 de diciembre de 2023 partió la primera carga de 25.3 toneladas de cortes congelados sin hueso a Estados Unidos de la mano de Frigomerc SA, de la compañía Minerva Foods. Este logro del sector público-privado se dio luego de 7 años de trabajo y negociaciones y 25 años después de la última vez que Paraguay exportó carne procesada al mercado estadounidense.
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ARP confía que Senado de EE. UU. reconocerá credibilidad del USDA
El presidente de la Comisión de la Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Balmelli, destacó las acciones que se vienen realizando desde el Gobierno para intentar revocar la decisión del Senado de los Estados Unidos, que busca frenar la importación de la carne paraguaya.
Celebró la reunión mantenida ayer con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, con quienes el sector cárnico abordó la situación de la exportación de la proteína roja local al mercado estadounidense.
“Queremos confiar en que las autoridades y senadores de los Estados Unidos reconozcan la credibilidad de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en cuanto a la sanidad e inocuidad de la carne paraguaya”, expresó Balmelli.
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Causa nacional
Es así que transmitió su satisfacción por las gestiones encaradas por las autoridades nacionales, al tiempo de poner en contexto su preocupación por el juzgamiento de la carne paraguaya en el Senado norteamericano sin sustento científico, dijo.
El ministro Ramírez Lezcano informó sobre la misión reciente a los Estados Unidos junto al Departamento de Estado y congresistas, y manifestó que existe una cooperación conjunta y armónica respecto a la situación.
En tanto que el titular de la Cámara Baja remarcó que la exportación de carne paraguaya trasciende las banderías políticas y es una causa nacional, por lo que asumieron una posición conjunta. Esbozaron una declaración que rechaza la decisión del Senado de los Estados Unidos, e insta a la Cámara de Representantes de ese país a revertir la decisión.
Como parte de las gestiones, mantuvieron igualmente conversaciones con diferentes aliados del Paraguay en el mundo, incluyendo un importante lobby de la República de China (Taiwán) para permitir las exportaciones de carne a los Estados Unidos.
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