El diputado Carlos Rejala se manifestó en contra de un posible anuncio de cuarentena total, y en caso de que se diera, espera que se incluya a todos los sectores no solo a un sector privado. “O nos vamos todos o no se va nadie”, escribió en sus redes sociales.
“¿El Ejecutivo quiere cuarentena total? Ok, mi propuesta es la siguiente, si vamos a cuarentena total nos vamos todos, que pare todo, no solo el sector privado”, sostuvo el legislador.
Incluso ironizó sobre la posición asumida por algunas personas. “Cuarentena total para los iluminados que desde su escritorio deciden sobre la vida de la gente, sin goce de sueldo para senadores, diputados, Corte Suprema, ministros, presidente, vicepresidente, directores de binacionales”, añadió.
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Además, recomendó que los altos directivos destinen todo a la salud pública y que trabajen sin goce de sueldo mientras se extienda la cuarentena total.
Por último considera que “la falta de vacunas no es responsabilidad del pueblo, es responsabilidad de los altos ejecutivos que hoy nos quieren meter de vuelta en cuarenta”, dijo. Deberían pagar también el costo de la ineptitud, asegura Rejala.
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Ejecutivo reglamenta Ley de la Función Pública y el Servicio Civil
El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 4230 de fecha 21 de julio, reglamentó la Ley 7445/25 de la Función Pública y el Servicio Civil, cuya implementación se hará en forma gradual y el Ministerio de Economía será el órgano rector de la política salarial en el marco del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN).
Esta ley que entró en vigencia la semana pasada tuvo un amplio debate durante su tratamiento en el Parlamento por parte de ambas cámaras legislativas.
El reglamento de la Ley de Función Pública es fundamental para garantizar un servicio público eficiente, transparente y profesional, que responda a las necesidades de la ciudadanía y contribuya al desarrollo del país.
El MEF, a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, será la autoridad de aplicación para todas las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, con facultad legal para la emisión de disposiciones administrativas y operativas.
Para las instituciones públicas con autonomía constitucional y que no componen el Poder Ejecutivo establece que se constituyen en su propia autoridad de aplicación en materia de la función pública.
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El documento señala que en su artículo tercero, se faculta al MEF a fijar la gradualidad para la aplicación de los aspectos regulados en la normativa, en concordancia con las disposiciones presupuestarias vigentes, mientras las demás autoridades fuera del Poder Ejecutivo, también deben establecer su implementación gradual.
El artículo 4 del decreto dispone que el Ministerio de Economía se constituye como la autoridad rectora en materia de política de remuneraciones para las instituciones incluidas en el PGN.
En la nueva Ley de Servicio Civil se autoriza para el uso de inteligencia artificial (IA), es decir permite a los funcionarios y empleados públicos a utilizar herramientas de IA, siempre que el contenido generado sea asumido en su totalidad por cada uno y sea comunicado previamente el uso.
Se destaca igualmente que la nueva ley hace más estricto el sistema de ingreso de los funcionarios, cuyo fin es evitar el nepotismo, como así también evitar desvinculaciones masivas.
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Eduardo Bolsonaro rechaza renunciar a su escaño de diputado en Brasil
El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado federal por Sao Paulo, Eduardo Bolsonaro, ha afirmado ayer domingo que no va a renunciar a su escaño y que planea “cumplir su mandato” durante tres meses más, pese a estar en el último día de su excedencia, que pidió para marcharse a Estados Unidos alegando persecución política.
"No voy a renunciar de ninguna manera. Si quiero, puedo cumplir mi mandato, al menos, hasta los próximos tres meses", ha declarado durante una retransmisión en YouTube a la que ha tenido acceso el diario brasileño ‘Folha’, al que el pasado jueves concedió una entrevista considerando la posibilidad de dejar su cargo.
La excedencia solicitada por el ultraderechista termina este domingo, aunque el receso del Congreso entre los días 18 y 31 de julio, sumado al límite de ausencias permitidas, debería posponer la decisión sobre la posible pérdida de su escaño. En este sentido, podría faltar a 44 plenos más, ya que sólo entonces acumularía más de un tercio de sesiones ausente del total celebrado, condición bajo la cual entraría en escena la retirada del acta.
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Amenaza a de Moraes
En otro fragmento cotejado por Europa Press de la retransmisión del diputado brasileño, éste ha advertido al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes de que la sanción por la que Estados Unidos ha revocado su visado “es sólo el principio”.
“Lo ideal sería que estuviera fuera del Supremo. Trabajaré para ello también, ¿vale, (De) Moraes? Entonces, cuando decimos que el visado fue solo el comienzo, es porque nuestro objetivo será sacarte de la corte. No eres digno de estar en la cima del poder judicial”, ha afirmado, antes de asegurar estar “dispuesto a sacrificarme” para ello.
“¿No te gusta? Incluye a (el presidente estadounidense, Donald) Trump en la investigación, incluye a toda nuestra pandilla aquí de Marco Rubio, etc., y envía a la Interpol a buscarnos”, ha declarado el hijo del exdirigente ultraderechista retando al magistrado, al que ha calificado como “mediocre” en sus escritos.
El congresista ha llegado también a amenazar a quien de la Policía Federal pudiese estar viendo y registrando su retransmisión como parte de la investigación en su contra: “Vamos, colega de la Policía Federal, perrito de la Policía Federal que me está viendo. No me lo digas, hermano. Si me entero de quién eres, voy a hacer algo al respecto”.
El director general del cuerpo de Policía, Andrei Rodrigues, ha calificado la intervención de Eduardo Bolsonaro como un “cobarde intento de intimidación” y ha pedido que sus declaraciones sean incluidas en el proceso indagatorio abierto en su contra en el Tribunal Supremo. “Ningún investigado intimidará a la Policía Federal. Vamos a instruir la investigación en curso con este nuevo ataque a las instituciones, ahora directamente a la Policía Federal, hecho que se suma a los demás que están siendo investigados”, ha afirmado para el diario ‘Folha’.
Las palabras del diputado residente en Estados Unidos se producen en el marco de las medidas cautelares impuestas contra su padre, Jair Bolsonaro. A raíz de ello, su hijo, ha afirmado De Moraes, “intensificó las conductas ilícitas objeto de esta investigación, mediante diversas publicaciones y ataques al Tribunal Supremo en redes sociales”, según ha recogido la agencia brasil.
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Las acciones de Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos llevaron en mayo a que el Tribunal Supremo brasileño abriese una investigación en su contra por posibles delitos de coacción y obstrucción en el proceso judicial sobre el intento de golpe de Estado en 2023 contra el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que está involucrado su padre, Jair Bolsonaro.
Por su parte, el exmandatario está sujeto a medidas cautelares, impuestas por orden del Tribunal Supremo, que incluyen una tobillera localizadora y la prohibición de salir de casa por la noche, entre las 19.00 y las 6.00, y los fines de semana. Además, tampoco puede hablar con su hijo Eduardo ni con embajadores de otros países, ni acercarse a embajadas o consulados. Asimismo, su oficina en la sede del Partido Liberal y su casa han sido registradas por las autoridades, que han confiscado en esta última una memoria USB escondida en un baño, así como 14.000 dólares (12.000 euros) y 8.000 reales brasileños (1.230 euros) en efectivo.
El expresidente fue acusado de liderar la organización golpista en el alegato final de la Fiscalía el pasado lunes, y se encuentra investigado también por, presuntamente, financiar en Estados Unidos --con la participación de su hijo Eduardo-- una trama para la aplicación de sanciones contra Brasil como el aumento de los aranceles ordenado por Trump.
Fuente: Europa Press.
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Reforma del transporte: “Vamos a colaborar para que sea aplicable”, dice Cetrapam
El presidente del Centro de empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, indicó que su sector aguarda el proyecto del Poder Ejecutivo que plantea una reforma estructural del sistema de transporte público.
“Nosotros vamos a colaborar para que ese proyecto de ley sea aplicable, no solo esperaremos la presentación de la propuesta, veremos qué curso le darán. Si somos consultados vamos a responder, colaborar, ese sería nuestro accionar“, sostuvo este lunes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La iniciativa impulsada por el gobierno del mandatario Santiago Peña tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía un servicio seguro y de calidad. La reforma no busca imponer un cambio repentino, sino avanzar de forma progresiva, tomando como referencia modelos implementados en otros países de la región.
La idea es avanzar por etapas: renovación de flota, mejora de corredores viales, rediseño progresivo de itinerarios. Se aguarda que la propuesta sea presentada en el transcurso de esta semana ante el Congreso Nacional.
Levantamiento del paro
Por otra parte, Ruiz Díaz se refirió sobre el acuerdo alcanzado el pasado 18 de julio con el Gobierno mediante la instalación de una mesa tripartita para el levantamiento de paro de buses que se encontraba previsto para este lunes por un lapso de 72 horas.
“La medida fue levantada por haber congeniado, consensuado los tres puntos que eran nuestros reclamos. Como primera medida, el Gobierno nos presenta el contrato firmado con la ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos, de Brasil), una empresa de primer nivel contratada para generar la estructuración tarifaria; se honró el subsidio del mes de mayo y se cuenta con el compromiso de que el de junio será honrado antes de culminar el mes de julio; se convocó a la comisión de tarifa para el martes o miércoles“, dijo.
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Ruiz Díaz siguió sosteniendo que “como último punto se generará una mesa para poder analizar o diagramar cuál sería la mecánica para el traslado del subsidio a la tarjeta de los pasajeros“.
Con relación al primer punto, el empresario del transporte explicó que la ANTP (Asociación Nacional de Transporte Público) es una empresa sin fines de lucro del Brasil, que es la responsable de la estructuración tarifaria de más del 80 % de las ciudades del vecino país.
Agregó que cúmulo firmando un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para generar la “capacitación y evangelización en la estructuración tarifaria, tropicalizada a la realidad paraguaya. Es una empresa de mucho prestigio, dentro de sus asociados lo tiene al Banco Mundial, al Banco Nacional de Desarrollo Social del Brasil, un cumulo de profesionales que han hecho una reestructuración tarifaria del Brasil que les permite tener los niveles del servicio con que cuentan hoy”.
Detalló que el trabajo de la ANTP en Paraguay abarcaría como plazo 5 meses y que la contratación de la empresa internacional fue a solicitud del gremio. “Presentaron su esquema de trabajo y dejarán como legado un manual de procedimiento para evitar esa discusión bizantina de los criterios de los coeficientes. Será un manual serio y responsable. Esto tendrá su costo, pero no sabemos cuánto costará al gobierno. Ya se firmó el convenio y estarán arribando esta semana para realizar los primeros análisis de campo”, dijo.
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“El transporte público no puede ser rehén de quienes lucran con el caos”, cuestiona diputado
El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.
“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.
En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.
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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.
Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.
El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.