Desde la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) indicaron que una de las medidas que llevarán adelante es el traslado de funcionarios de la estatal a otras instituciones públicas. Esto con el fin de reducir los gastos de esta empresa que continúa atravesando por una serie de crisis financiera.

“Lo que queremos es unir estas dos necesidades, empleados que no son necesarios en Copaco y las necesidades de otras instituciones para seguir en este proceso de optimizar al funcionariado”, explicó el presidente de Copaco, Óscar Stark, quien indicó que la compañía necesita reducir la cantidad de trabajadores en su nómina.

Stark señaló que existen varias instituciones con necesidad de contar con nuevos trabajadores, ya sea por que algunos se jubilan, otros renuncian o porque se adhirieron nuevas actividades al funcionamiento de las entidades, mientras que Copaco cuenta con una cantidad excesiva de empleados que hacen que el sostenimiento financiero sea casi imposible.

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“Para que cuando soliciten permiso al Ministerio de Economía para hacer esas contrataciones, primero miren la posibilidad de ver si los funcionarios de Copaco reúnen las características del perfil que buscan. Acá tenemos muy buenos técnicos, administrativos, entre otros que pueden ser muy útiles en otras instituciones que buscan funcionarios”, expuso a la 780 AM.

El presidente de Copaco indicó que en primer lugar buscan regularizar la situación de unos 40 funcionarios que están comisionados a otras instituciones desde hace muchos años, pero a los que la compañía les continúa pagando el salario. Pese a que se han realizado acciones para la reducción de egresos, el déficit mensual se mantiene en unos G. 10.000 millones.

“Una de las salidas que tiene Copaco es disminuir la cantidad de empleados y ya empezamos con ese proceso. Desde que yo asumí salieron 350 funcionarios y en la compañía no ingresó ninguno nuevo, eso hizo que ahora tengamos menos funcionarios, lo que representa G. 22.000 millones de ahorro al año”, refirió.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) indicaron que con la nueva ley que universaliza el acceso a la pensión de adultos mayores, se percataron de que la base de datos de ciertas instituciones no estaban actualizadas, por lo cual se ha profundizado el trabajo de cruzamiento de informaciones, de modo a evitar errores en el proceso de inclusión de beneficiarios.

“Vamos a estar depurando nuestro listado y actualizar a la par los registros de las instituciones porque son el Registro Civil y el Ministerio de Salud los que nos dan la información de si están vivos o no. Estamos en ese proceso, para nosotros también todo es nuevo por la nueva ley que hace la universalización de la elegibilidad de adultos mayores que entrarán dentro del programa”, explicó Raúl Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas del MDS.

Ramírez indicó que dado a que la ley es reciente, está previsto que surjan algunos inconvenientes, lo que va a obligar a las instituciones a que actualicen sus respectivas bases de datos. “Este trabajo es conjunto, no es solo del Ministerio de Desarrollo Social”, añadió y mencionó que la inclusión realizada en noviembre, abarcó a las personas de 90 a 106 años.

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“Estamos trabajando directamente con cruzamiento de datos, no existen los intermediarios para incluir a todos. No existen gestores, todo el proceso es gratuito y el adulto mayor no necesita de absolutamente nada para poder ingresar al sistema, ni fotocopia de cédula, vida y residencia o certificado de nacimiento, todo el trabajo se hace de manera informática”, aclaró a la 650 AM.

Sobre la aparición de personas fallecidas dentro de la lista de beneficiarios, indicaron que esto se debió a que la base de datos fue extraída del Departamento de Identificaciones, la cual fue filtrada con los registros de otras instituciones que no tenían asentado que ciertas personas ya se encontraban fallecidas.

“Probablemente no se han registrado en las instituciones que ya fallecieron, no solicitaron su certificado de defunción o no se inscribieron en algún hospital o unidad sanitaria de su distrito, entonces no aparecen como fallecidas en ninguna de las bases de datos”, refirió. No obstante, aseguró que es imposible realizar el desembolso del dinero en estos casos, ya que para la entrega de tarjetas, el adulto mayor debe recibir personalmente su tarjeta y estar con su cédula de identidad en mano. “No hay ninguna posibilidad de que se les acredite la pensión”, sostuvo.

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Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.

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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.

De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.

El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.

Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.

“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.

Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

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“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

Fuente: AFP

El intendente de la ciudad de Itauguá, Horacio Fernández instó a sus colegas del departamento Central a aplicar el consenso en sus respectivos distritos con la finalidad de lograr candidaturas únicas rumbo a las elecciones municipales previstas para el año 2026. Agregó que mantener al Partido Colorado en el poder dependerá en gran parte de la conquista de municipios.

“El hecho de tener las intendencias, es un pulmón y una realidad que todos los dirigentes del departamento Central tienen que entender. Yo le mencioné a intendentes de otros distritos que ellos también traten de replicar el consenso en sus ciudades, sabemos que cada localidad tiene una realidad distinta, pero de las elecciones municipales depende el 70 % la victoria en los comicios presidenciales”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones de Fernández surgen tras mantener el pasado martes un encuentro con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes donde se anunció que nuevamente disputará por la jefatura comunal de Itauguá.

“Itauguá no es un pueblito donde encontrás 2.000 o 3.000 votos, es una ciudad donde se moviliza 15.000 a 20.000 votos para unas presidenciales”, dijo tras recordar que el Partido Colorado logró imponerse por primera vez a los partidos de oposición en las pasadas elecciones generales del 2023 mediante la figura del consenso.

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Fernández señaló que la intención de Cartes se centra en replicar el consenso en la mayoría de las cabeceras departamentales con el principal objetivo de recuperar aquellas intendencias que están en manos de la oposición como Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan Caballero entre otros.

“Él nos dijo que Itauguá es un modelo que quiere replicar en todos los departamentos. Hay ciudades donde estará un poco más complicado ya que hay muchos intereses en juego y muchos autores políticos fuertes, pero nos indicó que la idea es que en la mayoría de los distritos se pueda llegar a un consenso importante, si no es el 100 % por lo menos el 95 %. Entonces el camino es la unidad”, comentó.

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