El senador Fernando Silva Facetti cuestionó este lunes el proyecto del Poder Ejecutivo sobre las multas por violar disposiciones sanitarias y penas carcelarias por vacunación vip contra el COVID-19. Lamentó que se busque instalar un marco jurídico extraordinario con ciertos sesgos autoritarios.
“Realmente es preocupante porque no es la primera vez que pretenden instalar un marco jurídico extraordinario con sesgo autoritario en la redacción de lo que se pretende hacer. Bajo la bandera del supuesto interés general, lo que se busca es coartar el goce y el ejercicio de derechos de los ciudadanos”, criticó el legislador en comunicación con la radio 1000 AM.
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Mencionó que con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo se quieren restringir derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el libre tránsito, la libertad de reunión, la libertad de manifestación y el derecho al trabajo, a través de las restricciones establecidas.
Silva Facetti indicó que el documento tiene vicios de inconstitucionalidad e insistió en que no se pueden limitar los derechos de los ciudadanos, consagrados en la carta magna. A su criterio, la nueva presentación es un reconocimiento de las medidas ilegales que ya se venían aplicando desde el inicio de la pandemia.
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“Eso ya lo hace absolutamente estéril, restringiendo libertades individuales de las personas, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, van a poder salvar vidas. Lo que tienen que hacer acá es vacunar y no pretender con este tipo de jugadas legales esconder bajo la alfombra la incapacidad”, agregó el senador.
El proyecto del Poder Ejecutivo plantea multas hasta 300 jornales por violaciones a disposiciones sanitarias establecidas, también penas carcelarias de hasta cinco años por vacunaciones de forma irregular contra el COVID-19 y la prohibición de ejercer cargos públicos a los funcionarios involucrados.
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Asociación de Asegurados del IPS sentó postura sobre intención del Gobierno de crear frente único de salud
La Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) sentó postura sobre el plan de crear un frente único de salud con la fusión del ente previsional con el Ministerio de Salud Pública.
“No es la primera vez que desde el Gobierno se plantea la intención de una alianza entre estas dos instituciones con el fin de ´coordinar acciones para mejorar el servicio de atención a la salud pública` y una vez más se presenta con total ambigüedad sin exponer claramente los alcances que tendría la propuesta y sin precisar cuál sería específicamente el relacionamiento institucional entre ambos entes”, refiere un comunicado de la asociación.
Al respecto, la agremiación exterioriza su preocupación sobre la crisis sanitaria que enfrentan ambas instituciones que se manifiesta en el desabastecimiento de medicamentos, falta de insumos, falta de profesionales médicos, entre otros.
Viola la Carta Orgánica de IPS y la Constitución
La asociación considera que el punto no tendrá solución “si no se aborda el problema financiero y presupuestario”, insistiendo en que se “requiere de un nuevo enfoque para la salud pública y una lucha frontal contra la corrupción”.
“El IPS y el MSP son instituciones de naturaleza totalmente distintas, el IPS es un ente previsional cuyo presupuesto está sustentado con los aportes de los trabajadores y el MSP es la cartera del Estado encargada de garantizar la salud pública como derecho constitucional del pueblo. Cualquier utilización indebida de los presupuestos será violatoria tanto de la Carta Orgánica de la previsional como de la propia Constitución”, advierte.
Así también, la asociación recuerda que Salud adeuda hasta la fecha las prestaciones médicas que le brindó el IPS en época de pandemia. “El Estado debe saldar sus deudas con el IPS lo cual debe contemplarse en el PGGN”, reclama.
Menciona que en contrapartida el instituto no tiene pendiente ninguna prestación con el Ministerio de Salud en concepto de atención médica y medicamentos a sus asegurados.
“Por estas consideraciones, teniendo en cuenta además que ambas instituciones tienen un historial de irregularidades en su administración, rechazamos esta orientación y exigimos al Gobierno el planteamiento de las medidas estructurales para la solución definitiva del grave problema de la salud pública en nuestro país respetando los límites institucionales tanto del IPS como del MSP”, concluye el manifiesto de la Asociación de Asegurados del IPS.
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IPS apunta a cobrar USD 70 millones que adeuda Salud: “La situación está propicia”
Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.
“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Proyecto de ley de emergencia
A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.
“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.
León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.
No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.
La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.
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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.
“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.
Encuentro con Alliana
Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.
El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.
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Diputados e IPS postergan por 15 días el proyecto de emergencia para analizar alternativas
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, y los diputados, que integran diversas comisiones asesoras de la Cámara Baja, acordaron este martes postergar por dos semanas el tratamiento del proyecto de ley de emergencia para la previsional, que fue aprobado el 27 de agosto por el Senado con varias modificaciones.
“Nos propusieron y accedimos a eso, postergar los estudios de esta ley por los siguientes 15 días. Estamos de acuerdo con posponer porque instruí al equipo de finanzas encontrar también un plan B a la ley en el punto 17”, señaló León a los medios tras la reunión. El punto 17 se refiere la propuesta de flexibilizar el tope de la captación de bonos, que fue incluido por el Senado.
El presidente de la previsional explicó que se accedió a la postergación del proyecto ya que, paralelamente, desde el equipo financiero se está trabajando en un plan y alternativas para incrementar los ingresos para el instituto.
“El viernes y el día de ayer concluyeron los estudios en donde nos dan la posibilidad de acceder a créditos de a la misma tasa del 9 % teniendo nuestras reservas técnicas de garantías, también es un procedimiento que nos va a permitir tener ese oxígeno necesario de aquí a diciembre para poder tener recursos necesarios con los procesos de compra de medicamentos, de pago de deuda, en líneas generales. Esto nos va a permitir también, en estas dos semanas de trabajo con la Cámara de Diputados, tener un punto intermedio”, refirió.
En contrapartida, el presidente del IPS indicó que sí se requiere de uno de los aspectos que aborda el proyecto de emergencia: “En cuanto a recursos humanos, en eso sí nos mantenemos que necesitamos más ágiles para la reposición de las renuncias, incorporar también funcionarios que hoy están jubilados, y otro puntos en cuanto a recursos humanos”.
Finalmente, León sostuvo que no se plantea el rechazo, pero sí volver a estudiar ante este escenario diferente. “Vamos a avaluar si tenemos que modificar eso o buscar otra alternativa. Nos han solicitado tener otros 15 días de estudios con nuestros equipos técnicos, así que lo vamos a revaluar”, sentenció.
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Milei envía al Congreso proyecto para endurecer sanciones por explotación de recursos en Malvinas
El presidente argentino, Javier Milei, envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
El proyecto se inscribe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas en el archipiélago en el Atlántico sur, bajo control británico desde 1833.
La denominada “ley de defensa de la soberanía nacional” prohíbe la explotación de cualquier recurso natural en las Malvinas sin la autorización de Buenos Aires y contempla penas de hasta 20 años de prisión, ampliando las de hasta 15 años que se encuentran vigentes desde 2011.
La proyectada ley tiene por objeto castigar a quienes explotan recursos naturales “de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse”, indica el texto.
También permite a los infractores suspender las acciones penales en su contra si cesan las actividades prohibidas y pagan una multa o se comprometen a invertir en Argentina.
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El miércoles, una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que prevé comenzar a producir crudo en 2028 en aguas próximas a las islas.
El Reino Unido no reconoce la jurisdicción argentina sobre las Malvinas. El propio proyecto admite las dificultades para hacer efectivas las sanciones y propone habilitar juicios en ausencia.
La soberanía sobre las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.
Milei, quien buscará la reelección en 2027, dijo el miércoles que “hay que ser muy estúpido” para suponer que su renovado interés en el tema responde a oportunismo político.
El proyecto de ley remitido por Milei crea también un Consejo de Seguridad Nacional que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas y prevé su utilización para proteger “infraestructuras críticas”, en sectores como energía, salud y centros de datos.
Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que según Buenos Aires los británicos no están cumpliendo.
- Fuente: AFP
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