El doctor Roque Silva López, quien ocupa el cargo de director de la XI Región Sanitaria, manifestó que fue obligado a presentar su renuncia en medio de las denuncias por vacunaciones vip. El profesional de la salud difundió también en sus redes sociales un mensaje de texto en el que alertó al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, que “le están haciendo la cama”.
“El lunes presentaré mi renuncia al cargo. Yo dije que tenía dignidad y lo sigo manteniendo. Gracias, Mario Abdo Benítez y Julio Mazzoleni, por haber confiado en mí. Volveré a los hospitales donde seguiré ayudando a la gente como me dijo mi papá: Che ra’y, no vayas más a defender lo indefendible, nadie te va a reconocer nada”, sostuvo en su cuenta personal en la red social Twitter.
“Marito no me pidió la renuncia”
La dimisión del médico surgiría debido a que las funciones que esta mañana le habían designado le fueron quitadas esta misma tarde, según mencionó en sus publicaciones. Detalló también que ya no hablará de temas políticos ni dirá groserías.
“Marito no me pidió la renuncia. Por favor a los medios de prensa, respeten mi dolor. Son 3 años de abandonar mi familia por trabajar por mi país, duele. La familia siempre será lo más importante, no me merecía que por un mensaje de Whatsapp me destituyan. Aclaro, yo no renuncié, me hicieron renunciar por un mensaje de Whatsapp”, manifestó.
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“Te están haciendo la cama, presidente”
El mensaje que envió Silva López al jefe de Estado refiere lo siguiente: “Te están haciendo la cama, presidente. Yo me alejo, pero desde donde esté para mi siempre serás el mejor presidente”.
Al mensaje enviado mediante la red social Whatsapp, también se puede observar enlaces de publicaciones sobre sus afirmaciones brindadas en los medios de comunicación en donde se detalla que considera al diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna como un “hermano” y al padre del mismo, el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, como “intachable”.
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Denuncia de Giuzzio: “Fue un show montado”, calificó gerente de Tabesa
El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.
“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.
Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.
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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.
Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.
Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.
“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Fallido tren de molienda: “Hay que apuntar a las cabezas del gobierno anterior”
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que el gobierno de Santiago Peña se encuentra avanzando sin inconvenientes en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo tren de molienda en la localidad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.
“Es un proyecto bastante interesante y cumplirá con las expectativas que ellos quieren y el gobierno puede“, mencionó. La iniciativa deberá ser presentada y socializada con los cañeros en junio.
Por otra parte, el titular de la petrolera estatal se refirió sobre la fallida obra encarada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debió estar operativa en el 2023 y que tenía como finalidad aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.
“Acá hay culpables, se debe apuntar a las cabezas del gobierno anterior, contra el uno y el dos directamente. Yo no apunto tanto a la gente que estuvo en Petropar, se le prometió a los cañicultores cosas de cumplimiento imposible“, lamentó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
El requerimiento de Jara surge teniendo en cuenta que su institución presentó el 7 de mayo pasado una una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras durante el gobierno de Abdo Benítez.
“Los proveedores de la fallida obra también se encuentran desesperados. Los cañeros son gente laburadora y estaban pasando mal, por eso hicimos lo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el sector", remarcó Jara.
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De acuerdo con las denuncias, el tren de molienda impulsado por Abdo Benítez fue paralizado debido a la existencia de una sobrefacturación gigantesca. La obra también presentó problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos.
La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.
“Es importante ver de dónde viene este problema de la obra fallida, esto fue del período anterior, en la época del presidente Abdo, en la que trabajaron sin ninguna planificación”, sostuvo el gobernador del Guairá, César Sosa, quien apoyó el requerimiento de Jara, consistente en que el caso no quede impune.
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Paralización de las obras del tren de molienda: “¿Dónde están los culpables?“, reclama Sosa
El gobernador del Guairá, César Sosa, se refirió acerca del tractorazo que impulsan los cañicultores como medida de fuerza en reclamo a la falta de culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar), en Mauricio José Troche. La obra debía estar operativa en el 2023.
“En el gobierno de Mario Abdo Benítez hubo una sobrefacturación gigantesca, esto no lo digo yo, sino las auditorías y todos los controles que se hicieron en el nuevo gobierno. La obra no se puede tocar sin antes tener un veredicto en la parte judicial. Necesitamos desempolvar para ver quién es el culpable y contra quién apuntaremos. Yo les entiendo a los cañicultores, pero necesitamos saber si fue la empresa encargada de la obra o las autoridades que estaban de turno”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando llegue el presidente Peña de Estados Unidos tendremos una mesa de trabajo ¿Dónde están los culpables de este error?“, reclamó el jefe departamental. Los 2.000 cañicultores movilizados pertenecen a los distritos de Guairá, Caazapá y Caaguazú. Más de 300 camiones y tractores avanzan hacia la ciudad de Asunción como medida de fuerza. Esperan que sus reclamos sean atendidos para evitar mayores conflictos en el sector.
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“Esta es una situación difícil. Nuestra responsabilidad es buscar una solución y golpearemos todas las puertas posibles para eso, no podemos salir en contra de este sector. Se necesita reactivar la obra, necesitamos sacar a la luz quién es el culpable. La gente tiene memoria corta y quiere culpar al gobierno entrante sobre lo que pasó en el anterior gobierno", sostuvo.
Nueva maquinaria
La actual planta de molienda tiene más de 40 años y trabaja apenas dos o tres meses al año debido a constantes fallas mecánicas. La nueva maquinaria permitiría triplicar la capacidad de procesamiento, pasando de 2.400 a más de 6.000 toneladas diarias.
Entre los requerimiento de los cañicultores también figura el ajuste de precio de la caña de azúcar, teniendo en cuenta que llevan 4 años cobrando la misma tarifa, pese a las pérdidas sufridas a raíz de la sequía. Otro pedido guarda relación con el comienzo de la zafra 2025, cuya fecha ha sido postergada constantemente.
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