La jueza Fabiana Marín advirtió que tanto la compra como la venta de votos son acciones consideradas hechos punibles que son sancionados con penas privativas de libertad, conforme al Código Penal.

“Tanto ofrecer el voto, la coerción, el engaño al elector y la inducción al voto también son delitos electorales, son hechos punibles tipificados tanto en la Ley Electoral como también en el Código Penal”, señaló la magistrada, este sábado en entrevista con los medios de prensa.

Destacó que se está llevando adelante un trabajo coordinado entre la Justicia Electoral y el Ministerio Público -que tiene el ejercicio de la acción penal pública- y la Policía Nacional, que es un órgano de prevención y de ejecución de los mandatos judiciales, conforme expresó.

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Además recordó que los agentes policiales han sido capacitados para este tipo de intervenciones durante la jornada electoral.

“Tenemos que saber la dimensión de estas elecciones, de esta fiesta cívica que incluye no solamente la prevención de hechos punibles, sino que también posteriormente la persecución de los mismos”, refirió.

El apoyo de la Policía Nacional también se da para la seguridad de toda la maquinaria electoral, las documentaciones y el repliegue de todas las actas electorales, para su posterior juzgamiento a instancias del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Consultada sobre las sanciones aplicadas a los delitos electorales (compra o venta de votos), la doctora Marín respondió: “ambas conductas son punibles tipificadas, tenemos casos de pena privativa de libertad, inhabilitación, va variando de acuerdo a la investigación y a la calificación puntual del hecho punible”.

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Estados Unidos anunció el martes un reforzamiento de sus sanciones contra Cuba, que incluye restricciones a las operaciones financieras vinculadas a la isla comunista, incluso para su sector privado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció medidas que prohíben las transacciones financieras “indirectas” con las entidades cubanas sancionadas, en particular con aquellas vinculadas al aparato de seguridad y con Gaesa, el conglomerado económico del ejército cubano.

La OFAC, adscrita al Departamento del Tesoro, también elimina la autorización de las transacciones conocidas como “U-Turn”, que permitían a los bancos estadounidenses procesar desde 2024 los pagos en dólares relacionados con Cuba, siempre que su origen y destino estuvieran fuera de Estados Unidos y no involucraran a ciudadanos estadounidenses.

La nueva normativa también suprime la autorización que permitía a los bancos estadounidenses “abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de un ciudadano cubano que fuera emprendedor independiente del sector privado”. Este acceso al sistema bancario estadounidense para empresarios privados había sido autorizado en 2024 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), como parte de las medidas destinadas a apoyar al incipiente sector privado cubano.

“Con estas nuevas medidas de bloqueo se pretende obstaculizar el proceso de transformaciones económicas en curso”, señaló en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez, refiriéndose a las reformas a favor del libre mercado que el gobierno aprobó en junio para enfrentar la crisis económica.

Estas sanciones atacan “de forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”, añadió.

Oniel Díaz, propietario de una consultora que apoya a los emprendedores privados en la isla, destacó en Facebook que las sanciones anunciadas por Washington crean “obstáculos adicionales” para ese sector, al cerrar “cualquier opción de conexión bancaria por mínima” que sea con Estados Unidos.

Díaz teme que, como consecuencia, los “bancos no americanos” puedan “endurecer” sus procedimientos, lo que podría “generar nuevos obstáculos y dificultades al proceso de pagos por compras internacionales que realiza el sector privado”, incluidos alimentos y combustibles.

La política de máxima presión que Washington aplica sobre la isla coincide con un alza acelerada de las importaciones del sector privado cubano desde Estados Unidos.

Según datos de la oficina del censo estadounidense, Cuba importó mercancías por 149 millones de dólares en julio, el mayor monto mensual registrado desde 1992.

Entre enero y julio de este año, las compras sumaron 674 millones de dólares, casi la totalidad de lo importado durante 2025.

Las nuevas regulaciones también limitan algunas categorías de viajes que fueron permitidos durante el mandato de Barack Obama (2009-2017) para los ciudadanos estadounidenses.

Los viajes de intercambio cultural, conocidos como viajes “de persona a persona”, y las conferencias y reuniones de negocios requerirán autorización.

Desde el regreso de Donald Trump al poder, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han vuelto a tensar considerablemente.

El magnate republicano afirma que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una “amenaza extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos y ha amenazado repetidamente con “tomar el control” de la isla.

Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero de facto a la isla de 9,4 millones de habitantes desde enero, lo que ha sumido al país en una profunda crisis económica y energética.

Fuente: AFP.

El presidente en ejercicio, Pedro Alliana, firmó tres decretos por los cuales autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a modificar y transferir créditos presupuestarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por un monto aproximado de 134.816 millones de guaraníes en su conjunto. Estos recursos serán destinados a financiar obras como hospitales, rutas, caminos e hidrovía.

A través de las redes sociales de la Presidencia de la República, como de su cuenta oficial del propio vicepresidente y jefe de Estado en ejercicio, anunciaron esta tarde la firma de los Decretos N° 6944, 6945 y 6946, con los cuales el Poder Ejecutivo busca garantizar el financiamiento de nuevas obras públicas en todo el país.

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Desde la Presidencia de la República señalaron que estos fondos permitirán la construcción del nuevo Gran Hospital de Barrio Obrero, el asfaltado y mantenimiento de rutas nacionales, el mejoramiento de caminos vecinales en distintos departamentos y el dragado de los ríos Paraguay y Paraná.

“Más recursos para hospitales, rutas, caminos y nuestra hidrovía. Como presidente en ejercicio firmé los Decretos N.º 6944, 6945 y 6946, que permiten destinar recursos para el Gran Hospital General de Barrio Obrero, rutas nacionales, caminos vecinales y distritales en distintos puntos del país, además del dragado y mantenimiento de nuestra hidrovía”, acompañó el anuncio el vicepresidente Alliana a través de sus redes sociales.

Cabe explicar que los decretos firmados autorizan la reestructuración presupuestaria y transferencia de créditos para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dentro del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

De acuerdo al documento, en el Decreto N° 6944/2026, el monto total de la modificación: G. 7.500.000.000, destinado a construcciones de las siguientes obras de uso público:

1. Mantenimiento de Caminos Vecinales y Puentes.
2. Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby
3. Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré.
4. Mejoramiento Quyquyhó-M. Antonia-Ñandu Rugua
5. Mejoramiento de Caminos Distritales de Itauguá.
6. Mejoramiento de Caminos Distritales de Lambaré.
7. Mejoramiento de Tramos Distritales de Presidente Hayes.

Mientras que para el Decreto N° 6945/2026, el monto total de la reprogramación es de G. 9.961.145.785 a fin de contar con créditos presupuestarios para construcciones de las siguientes obras de uso público:

1. Construcción del Gran Hospital General de Barrio Obrero de Asunción.
2. Construcción de la Ruta San Pedro-Belén-Concepción.
3. Rehabilitación Ruta PY10 San Cristóbal, Paso Yobái 79,75 km.

En tanto que en el Decreto N° 6946/2026, el presupuesto reprogramado es de G. 117.354.771.624 que serán utilizados en los siguientes proyectos:

1. Proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta Nacional P12, Tramo Cruce Nanawa-General Bruguez y Accesos.
2. Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero Tramo Ypehú.
3. Proyecto de mejoramiento y pavimentación Ruta PY-15 Tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia.
4. Mejoramiento de la franja de dominio, señalización.
5. Dragado Mantenimiento de Navegabilidad.
6. Mantenimiento de Caminos Vecinales.
7. Proyecto de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y Accesos Colonias Menonitas.
8. Mejoramiento Ruta PY04, Tramo Pilar-Humaitá-Paso de Patria, Dpto. Ñeembucú.
9. Mejoramiento del Tramo Casilla 2-Tembiaporá.
10. Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo, Caazapá.

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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