El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.

Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.

Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.

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En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.

“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.

Agrega además que el proyecto no fue canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que “no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 (recursos del Tesoro)”.

Indica a la vez que “diversas provisiones normativas contenidas en el proyecto de ley supondrán un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos con la competencia normativa y de instancia técnica”.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica la Ley n.º 4457/12, “Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Esta iniciativa presentada por varios senadores plantea la modificación de 43 artículos.

Durante su estudio, las comi­siones de Legislación, Econo­mía, Industria y Comercio, así como Ciencias y Tecno­logía recomendaron la apro­bación con modificaciones; y luego de su tratamiento el pleno aprobó por mayoría. El documento pasa a Diputados.

Al respecto, el senador Luis Pettengill, uno de los pro­yectistas, explicó que lo que se busca es la formalización de las mipymes, el acceso a créditos favorables, la flexi­bilización laboral y un régi­men especial en el IPS para la cobertura de salud. Res­pecto a la formalización, señaló que se busca simplifi­car los trámites e idealmente eliminar costos. Además, la modificación de la legislación incluirá otros beneficios para las mipymes.

“Realmente estamos ante una ley que va a beneficiar a muchísimos compatriotas, ya existe la ley que es de 2012, pero realmente tiene mucha carga y mucha burocracia”, explicó.

El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.

“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.

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En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.

Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.

“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.

Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.

Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.

“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.

El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.

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