El diputado del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana, presentó un proyecto con la finalidad de transparentar la gestión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el cual tiene como misión velar por la promoción y el respeto de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, sosteniendo que el ente a la vez se encuentra sustentado por el Estado paraguayo.
La propuesta establece que el ente público transmita todas sus sesiones en vivo a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciudadanía; en las sesiones, sus miembros deberán fundamental oralmente sus decisiones, tal como ahora lo realizan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de ministros.
“Es un ente público financiado con recursos del tesoro nacional se toma necesario facilitar a la ciudadanía los medios apropiados para conocer y valorar la gestión realizada por este organismo”, indica la propuesta.
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El documento señala también que existe la necesidad de afianzar la transparencia en las instituciones públicas y en atención a lo que se encuentra establecido en la legislación nacional en concordancia con los principios señalados en la declaración universal de Derechos Humanos.
“Se busca incluirlos entre los organismos y las instituciones obligados a publicar sus deliberaciones. De esta manera se va delimitando la responsabilidad personal de cada miembro. Es importante que todas las instituciones que manejan fondos del Estado y que estén conformados por varios miembros, puedan ser públicas sus sesiones de manera que la ciudadanía conozca el parecer y la postura asumida por cada consejero, ministro, director o miembro”, sostuvo el legislador.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es una institución del Estado paraguayo con autarquía funcional. Fue creado por la Ley 4.288/2011, conforme al mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, para prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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