Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtracio­nes que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.

El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoex­portación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos víncu­los con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefa­cientes que le han generado al país.

La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descu­bierto un esquema prácticamente de pro­tección por parte de las mismas institu­ciones encargadas de combatir al crimen organizado.

Las investigaciones revelan una verda­dera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de infor­mantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y proce­dimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.

La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho ais­lado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera nar­coexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.

Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fis­calizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.

Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las trans­cripciones de las conversaciones telefóni­cas, ostentaban la sumisión de esta institu­ción, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confir­maron que las cabezas de estos ministe­rios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.

Todo indica que traicionaron la lucha con­tra el crimen organizado; de hecho, la con­ducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcio­narios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el pri­mer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.

Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las aten­ciones a las situaciones de emergencia sani­taria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millo­nes, según el informe que había sociali­zado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.

El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe pro­fundizar el análisis para que los responsa­bles asuman las consecuencias de sus actos.

Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la cre­dibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.

El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabi­lidades.

La herencia del gobierno Abdo de institu­ciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El esperado asfalto del tramo que une los distritos de Juan E. O´Leary y San Cristóbal, del departamento de Alto Paraná, finalmente no comenzó este año 2023, tal como prometieron, el gobierno anterior de Mario Abdo Benítez y las autoridades municipales. Se trata de un trayecto de 62 kilómetros, camino de tierra en gran parte, utilizada por sectores productivos pequeños, medios y grandes de la zona.

No existe presupuesto para la obra y así como están las cosas, no tendrá fondos este año, por todos los compromisos que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la situación en la que se encontró la cartera ministerial. Es lo que dijo a La Nación/Nación Media, el intendente de San Cristóbal, Valcir Peliza.

Explicó que junto a su colega de Juan E. O´Leary, Everaldo Acosta, mantuvieron una reunión con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y la misma les informó sobre la realidad en cuanto al presupuesto en el MOPC. La reunión fue en la intendencia municipal de O´Leary, en ocasión de la visita de la titular del MOPC al Alto Paraná y mantuvo encuentros con los jefes comunales.

“En una reunión con la Ministra del MOPC donde también estuvieron el intendente de O´Leary (Everaldo Acosta) y el gobernador César Landy Torres, ella fue sincera con nosotros y nos dijo que no cree que pueda tenerse presupuesto para el asfalto en el año 2024″, dijo Pelizza. Agregó que prefiere la realidad, “antes que recibir información falsa y luego somos nosotros, como autoridades locales, los que quedamos como los que engañamos al pueblo”.

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Asimismo, mencionó que el gobernador César Landy Torres, también les dijo que es mejor tener la información exacta y en base a eso seguir trabajando. “Yo voy a continuar insistiendo en que esa obra sea una realidad y que esperamos hace 70 años”, refirió Pelizza.

Cabe recordar que las autoridades municipales de ambos municipios y el senador Javier Zacarías Irún habían anunciado y festejado, en el periodo anterior, que el proyecto ya tenía presupuesto y que la obra iba a ser una realidad finalmente. Desde el MOPC llegaron a informar que existía una remota posibilidad de que antes de finalizar el 2022 se llamará a licitación para la construcción.

Por resolución municipal de Juan E. O´Leary, el 16 de setiembre de 2022, fue declarado asueto por el acto previsto en el polideportivo municipal, con la presencia del entonces presidente Mario Abdo, para que se oficialice la ejecución de tan prometida obra. La presencia de topógrafos en el tramo vial ilusionó a la población. Abdo no llegó al acto y la obra nunca se licitó.

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Este martes se realizó una multitudinaria movilización frente a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en reclamo a las fallas del sistema Marangatu, ante esto, Nora Ruoti, contadora y conocida celebrity, animó a los manifestantes con una samba al ritmo de la murga.

Nora deslumbró en la vía pública, donde fue captada mientras improvisaba los pasos con la música de la batucada. Los manifestantes también la alentaron mientras ella bailaba con pasos de samba, hay que mencionar que la contadora fue parte de una comparsa en el Carnaval de Río de Janeiro, Brasil, semanas atrás, la paraguaya acompañó a la escuela de samba Salgueiro.

Tras la presentación improvisada de Nora frente a la SET esta mañana, se publicó un video en el que se la ve moviendo sus caderas, el material se volvió popular en la red social Twitter, sumando diversas reacciones. “Ídola, mi admiración total”, “Genial, apoyamos a Nora Ruoti”, “Genia total”, fueron algunos de los comentarios.

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La contadora y abogada lució en la protesta un enterizo negro; en la parte del abdomen la prenda tenía una abertura dejando ver su tonificada figura, el outfit lo acompañó con unas gafas oscuras, además de accesorios como gargantillas y pulseras.

Con respecto a la manifestación frente a la SET, Nora Ruoti dijo que el titular de la institución, el viceministro Óscar Orué aún no brindó una solución a la problemática. “El sistema no permite realizar rectificativas, no permite incluir facturas que son derechos del contribuyente, no permite tampoco realizar notas de crédito”, acotó Ruoti.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La diputada Roya Torres explicó que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) ya emitió su resolución y están oficializadas las candidaturas de la concertación, por lo cual no cree que la judicialización por los fraudes denunciados, pueda prosperar. No obstante, manifestó estar indignada por lo ocurrido y dijo que se dieron elementos muy evidentes de carga de votos.

“Con respecto a las denuncias, yo también estoy muy indignada, muy molesta, creo que se evidenció bastante en varios distritos la carga de votos; Tavapy es un caso que no podemos dejar pasar, se completaron mil votos en dos mesas, es algo alevoso”, refirió a La Nación/Nación Media la diputada Torres.

Agregó que “se perjudicó la voluntad popular, también a los candidatos, porque el posicionamiento de los mismos no fue real, no creo que haya sido lo que la ciudadanía estuvo esperando. Para nosotros fue sorprendente la cantidad de votos que se levantó en algunos distritos, cosa que nunca se pudo lograr, ni siquiera en elecciones municipales, teniendo un intendente liberal (Aníbal Fidabel). Con eso te digo todo, fue alevoso y evidente”.

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La diputada del PLRA, que quedó en segundo lugar, detrás de Carlos Portillo, destituido como diputado en este periodo por tráfico de influencia, mencionó que en Tavapy se triplicaron lo votos cuando nunca pasaron de mil votos y habló de una posible responsabilidad del exintendente Aníbal Fidabel, quien encabeza la lista para la Junta Departamental. También mencionó otros distritos con números llamativos, como Minga Pora y Domingo Martínez de Irala. Fidabel y Carlos Portillo postularon por la Lista 9 de Efraín Alegre.

“Este escenario va a cambiar en las elecciones generales porque los mesarios ya serán de partidos distintos y habrá mejor custodia de los votos. Esperamos que se respete la voluntad popular porque esta vez, fue alevosa la forma en que se manipularon los votos y la voluntad popular”, manifestó.

Remarcó que muchos en el partido están confiando en que las generales serán la radiografía de lo que la ciudadanía quiere en realidad. Con respecto a la presencia de Carlos Portillo en la lista de candidatos a diputados por la Concertación, en Alto Paraná, Torres señaló que tiene una gran ventaja porque el voto es nominal, es de preferencia al candidato y “la gente va a elegir a las personas que realmente le va a representan y por quien se siente representada, allí conoceremos lo que realmente quiere la ciudadanía.

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Consultada sobre cómo ve las perspectivas para las generales, teniendo en cuenta que mientras en la alianza opositora hay acusaciones mutuas y denuncias de fraude, en la ANR la unidad está encaminada, la diputada Roya Torres dijo que “todo es muy prematuro, hay heridas por sanarse, la campaña nos llevará la unidad”.

Mencionó que en Alto Paraná hay un respaldo unánime al candidato a gobernador elegido, Óscar González Drákeford, y dijo que se le pidió firmeza para mantenerse hasta el final y no declinar a favor de otro candidato.