El senador colorado, Martín Arévalo, consultado sobre suspender o no las elecciones municipales, de manera categórica dijo estar totalmente a favor con que las mismas se lleven a cabo en las fechas programadas; además no descarta que hayan otras intenciones detrás del pedido de prórroga.
“Yo creo que los que presentaron la suspensión tienen una doble intención, que es justamente prorrogar el mandato del presidente Mario Abdo por un año más”, aseguró.
Sobre el supuesto plan de perpetuar a los políticos en sus cargos, sostuvo que “la intención es una de dos: prorrogar el mandato del presidente de la República, Mario Abdo, por un año más y hacer las elecciones municipales en el 2023, o directamente prorrogar todos los mandatos de los intendentes y concejales por 3 años más por encima de su periodo constitucional. Esto sería atentatorio a la democracia”, asegura.
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Busca entorpecer la democracia
Arévalo sostuvo además que se equivocaron al aprobar la prórroga de un año más de mandato a las intendencias el año pasado.
Sobre la propuesta presentada por el diputado “Nano” Galaverna, dijo que evidentemente no se podrán hacer todas las elecciones de manera simultánea (municipales, las legislativas y las presidenciales) por lo que duda del objetivo. “Lo único que se quiere es entorpecer las elecciones”, aseveró respecto al anteproyecto de ley presentado hoy por el diputado colorado.
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Giuzzio y Fernández huyen y con chicanas evitan enfrentar a la justicia
Los abogados de los exministros René Fernández y Arnaldo Giuzzio presentaron sendas chicanas para que sus clientes no tengan que prestar declaración indagatoria ante los fiscales que investigan el esquema de filtración de la Seprelad con fines políticos. Con el argumento que existen varios recursos pendientes de decisión en la Corte, las defensas solicitaron el aplazamiento de las diligencias y siguen eludiendo dar su versión de cómo se dieron las filtraciones.
El exministro Anticorrupción René Fernández y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, ambos imputados por siete delitos en el presente proceso, presentaron la misma chicana, por esa razón los fiscales Fabielo Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria deben volver a fijar una nueva fecha para que los procesados concurran al Ministerio Público.
ANTECEDENTES
Este caso se inició luego de que el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, presentase una denuncia en la que señaló que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se incurrió en las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. Todo esto se hizo a través de la Seprelad.
Tras la denuncia, la Fiscalía investigó los hechos y se comprobó que existían elementos relevantes para sospechar que efectivamente se cometieron los delitos expuestos por Ovelar. Ante esto se imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato a presidente de la República Santiago Peña. Sin embargo, el proceso no puede avanzar por las constantes chicanas que presentan los imputados para frenar el accionar de la Justicia.
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Ovelar desnudó antecedentes de abogados de Abdo y su gavilla
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, realizó una radiografía de los abogados de los imputados en el esquema de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con sus antecedentes y “perlitas”.
En el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, Ovelar cuestionó que mediante un show mediático los letrados de la contraparte pretenden desviar la atención referente a la denuncia presentada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus colaboradores directos por el esquema de persecución política contra los adversarios y la filtración de datos confidenciales, con fines meramente proselitistas.
Indicó que los abogados de la gavilla están empecinados a desmeritar el caso sin siquiera responder si se filtró o no información sensible y si se creó o no un esquema de persecución política durante la administración adbdista. En el afán de influir en la opinión pública, según resaltó, se difundieron chats montados “para embarrar la cancha y desacreditar la investigación”, publicó hoy.com.py.
“Hay que mirar quiénes son y cómo actúan los abogados defensores. Solamente plantean incidentes de nulidad y recusaciones, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso, llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia y en ningún momento discuten sobre si existieron las filtraciones y la creación de oficinas paralelas”, subrayó Ovelar.
LOS DEFENSORES
Sin nombrarlo, pero refiriéndose a Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías, dijo que en el grupo de abogados figura “un exmiembro del Consejo de la Magistratura que llegó al Jurado de Enjuiciamiento y llamativamente asume él la presidencia luego de la destitución del anterior (Jorge Bogarín) tras ser declarado significativamente corrupto”.
“Tenemos también a un asesor jurídico (Carlos César Trapani). Me imagino que todas aquellas maniobras y jugadas que se realizaban dentro de las instituciones eran sometidas al Poder Ejecutivo”, indicó Ovelar. La defensa de Mario Abdo Benítez es ejercida por Carlos César Trapani, quien se desempeñó en el anterior gobierno como asesor jurídico de la Presidencia.
También se refirió a la abogada Cecilia Pérez, representante legal del diputado colorado Mauricio Espínola. “Una exministra de Justicia que tenía nexos formales e informales con grupos criminales porque manejó las cárceles del país”, expresó. El profesional mencionó que en este grupo hay “un abogado que era el encargado permanente de la persecución a Tabesa”. Ovelar consideró que es innegable el activismo de los medios de prensa aliados al abdismo.
CHICANAS
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, así como los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo, Mauricio Espínola, por varios hechos punibles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandatario Horacio Cartes y el entonces candidato presidencial Santiago Peña.
Los abogados defensores Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui; Osvaldo Granada, defensor de René Fernández; Jorge Rolón Luna en representación de los imputados Carmen Pereira y Pereira Cohene; Emilio Fuster defensor de los imputados Arnaldo Giuzzio y Guillermo Preda; y Enrique Kronawetter, quien ejerce la defensa de Daniel Farías, se pasaron presentando chicanas para impedir que el caso avance.
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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Instan a clarificar el nexo de Tío Rico con Senad de Abdo
“Me parece que las instituciones deben funcionar, están funcionando y tienen que cumplir su rol de clarificar”, manifestó el asesor político de la Presidencia, José Alberto Alderete, al referirse sobre la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak, que dejó al descubierto la vinculación del supuesto narco Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución.
A partir del descubrimiento del esquema de complicidad entre Tío Rico y un hombre de confianza de Giuzzio, que ocupada el cargo de director de inteligencia técnica dentro de la entidad que debía luchar contra el tráfico de drogas durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, es propicio investigar los vínculos desde el más bajo cargo hasta el de mayor jerarquía, a criterio de Alderete.
“Es muy bueno que en este momento la Senad o cualquier órgano de control o investigación del Estado paraguayo funcione y que se haga justicia”, dijo en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El también vicepresidente tercero de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acotó: “Esto es importante para que los inversionistas paraguayos como los extranjeros tengan la tranquilidad de que pueden venir a generar fuentes de trabajo en el Paraguay”.
Por otra parte, Alderete consideró importante que los poderes del Estado puedan brindar total respaldo a las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dentro del marco y respeto a la autonomía del órgano extrapoder.
La acusación del Ministerio Público se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Tío Rico se encuentra procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py, la mayor operación contra el crimen organizado en Paraguay, la cual desmanteló una megaorganización de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, en base a la cooperación nacional e internacional.
SEPA MÁS
Arco libre al narcotráfico
“Ahora empiezan a caer las fichas, todo empieza a cerrarse. No hay más que rendirse ante las evidencias”, dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, al referirse sobre el supuesto vínculo entre un hombre de confianza de Arnaldo Giuzzio con Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza Py.
Asimismo, Riera recordó la serie de ataques políticos propiciados durante el gobierno de Mario Abdo contra sus adversarios políticos, a través de la Comisión Bicameral de Investigación, creada desde el Congreso Nacional, lo que a su criterio desvela que estaban desviando la atención para permitir el arco libre al narcotráfico y crimen organizado.