El diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna, hijo del senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, se ratificó en su proyecto de ley para postergar las elecciones municipales y, además, añadirá la polémica prohibición del rekutu, es decir la reelección de intendentes. A pesar de la rotunda negativa de la Justicia Electoral, el diputado dice entender la posición de Jaime Bestard, presidente del TSJE, pero que se reafirma en su iniciativa.
“Respeto profundamente la opinión de Jaime Bestard, no la comparto. Todo se puede subsanar”, dijo a la 1020 AM. Sostuvo que si bien la propuesta normativa está en pleno desarrollo, indicó que ya se reunió con la bancada de Añetete. Sobre Honor Colorado, dijo que aún no conversaron. Presentaría el documento una vez escrito, la próxima semana a más tardar.
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“Estoy cumpliendo con mi conciencia”
En ese sentido, Galaverna sostiene que lo principal es proteger la salud y que teniendo en cuenta que varios intendentes son cuestionados por sus gestiones, el proyecto prohibirá la reelección de los jefes comunales, cuyos mandatos se prolongarían hasta el 2023. “Hay varios intendentes cuestionados y para la tranquilidad a la gente vamos incluir el articulado que prohibe el rekutu”, dijo.
Consultado acerca del estado de la redacción del proyecto, el diputado dijo que primero lo publicó en sus redes sociales y que a partir de mañana se reunirá con los asesores para estudiar el proyecto. “Mañana tengo una reunión con asesores municipalistas (...). La próxima semana tendremos novedades”, expresó el diputado. Finalmente, indicó que este proyecto es en respuesta a sus valores. “Estoy cumpliendo con mi conciencia”, concluyó.
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Proyecto de reforma del transporte público sería presentado este mes al Ejecutivo
El Viceministerio de Transporte afirmó que se lleva adelante una serie de trabajos con miras a reformar el sistema de transporte. Algunas de las medidas darán resultados al corto plazo, mientras que otras tomarán tiempo, pero son parte importante del cambio estructural que se quiere realizar para el beneficio de los ciudadanos.
“El objetivo es presentar en este mes al presidente de la República el borrador del proyecto de la reforma para que luego pueda ser socializado y estudiado en el Congreso Nacional, es uno de los desafíos que tenemos. La ley de reforma del sistema de transporte público nos va a dar la ventana jurídica para hacer más óptimo y eficiente todo el servicio al ciudadano”, expresó el viceministro Emiliano Fernández.
En comunicación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el explicó que esta ley tendrá un fuerte impacto en el área metropolitana y en Asunción. Además de la iniciativa legislativa, a la par se están apuntando a otras acciones como la implementación de 250 paradas.
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“Van a estar distribuidas por los troncales de Acceso Sur, por la Ruta 3 - Transchaco, Mariscal Estigarribia y Mariscal López comenzando desde Calle Última, eso significa construir lugares donde la gente espera los buses para que tenga mayor luz y sean lugares certeros para esperar. Estamos en el proceso de la planificación, diseño y elaboración del pliego de bases y condiciones para llamar a licitación y luego viene la implementación”, detalló.
Paradas y carril único
El proyecto de las 250 paradas también incluye la adecuación de unidades que se encuentran en mal estado, señaló Fernández. Asimismo, otras de las medidas es la puesta en marcha del carril único para buses, dado que esto acelera la travesía del ciudadano. El objetivo es dar preferencia y jerarquía al recorrido que se hace en bus, manifestó.
“Hay varias acciones que se vienen haciendo en el marco de la reforma del transporte público, quiero trabajar para la implementación con más fuerza de la frecuencia nocturna, la gente no tiene eso, hoy la ciudad tiene una dinámica 24 horas los siete días de la semana y el transporte público debe acompañar esta dinámica”, expuso.
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Fernández recordó que también está prevista la incorporación de 1.000 buses durante este periodo de gobierno, esto es muy importante puesto que existe una flota de buses muy deteriorada, refirió el viceministro, quien indicó que también hay una flota insuficiente que motiva la falta de frecuencia de las unidades y las famosas reguladas.
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Prohibir criptominería podría fomentar clandestinidad, sostiene Conacom
La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) realizó un informe técnico sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la criptominería en Paraguay. Bajo el criterio de la comisión, esta propuesta legislativa, que se encuentra en la Cámara de Senadores, podría fomentar la clandestinidad porque restringe la competencia de ese mercado.
“Empresarios de la industria nos manifestaron su preocupación sobre el proyecto y la Conacom emitió una opinión, que es como un dictamen. Si bien no es un elemento vinculante, expresa un informe técnico. A nuestro criterio, este proyecto restringe la competencia de ese mercado y podría fomentar la clandestinidad”, expresó Eduardo Barros, directivo de la comisión, a la 780 AM.
En detalles, este proyecto lo que pretende es prohibir la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de los activos virtuales o criptoactivos. En este caso, es jurisdicción de la Conacom analizar el proyecto porque se trata de una regulación del mercado.
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El documento también prevé suspender todo tipo de actividad de criptominería por 180 días (poco más de 6 meses) o hasta que exista una regulación. “Eso significa que hasta que exista una ley que lo regule, esto podría ser por tiempo indeterminado. Y para nosotros es uno de los aspectos donde se restringe injustificadamente la competencia”, acotó.
Expuso que en el ánimo de evitar la clandestinidad, con este proyecto se haría todo lo contrario, ya que hay otras formas de hacerlo sin incurrir en la prohibición de una actividad económica. En el informe técnico hay una serie de puntos adicionales donde se habla del riesgo de la protección del consumidor, la estabilidad y consumo de energía.
“Lo que planteamos nosotros en nuestra opinión, es que se busquen alternativas a esas preocupaciones y que no sea la prohibición o la suspensión de la actividad económica, en este caso, para lograr ese objetivo”, finalizó Barros.
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Ley de búsqueda y localización de desaparecidos apunta a la creación de centro de evaluación de casos
El viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, dio detalles de lo que esta cartera de Estado propuso al Senado como modificaciones al proyecto de ley “que establece el marco legal para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas y crea su registro”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Esta semana, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, se reunió con senadores para presentar la propuesta, de crear una Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dependiente de la Policía Nacional.
“Este es un anteproyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, nosotros lo que buscamos con esto es, proponer enriquecer y darle una dinámica más operativa”, explicó el viceministro en entrevista a la 780 AM.
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Señaló que, si bien, se trata de un proyecto muy loable, el ministerio plantea que esta normativa sea más operativa. “Lo que tenía el anteproyecto, muy loable de por sí, un proyecto muy necesario, pero lo que vimos es que, creaba un comité, una comisión, pero quedaba otra vez en lo macro, no tenía mucha operatividad”, indicó.
Agregó que esta iniciativa se dio por instrucciones del propio ministro Gutiérrez. “Entonces desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por instrucciones del ministro Walter Gutiérrez, le dimos ese marco de operatividad, incluso proponemos la elevación a Dirección del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. Ya existe una dependencia de la Policía Nacional que trabaja sobre estos casos”, manifestó.
Explicó que el objetivo es la creación de una dependencia o un centro de evaluación de cada uno de los casos, ateniendo a la complejidad con que cuenta cada situación en torno a la desaparición de un niño, niña o adolescente.
“Todos los casos de desaparición son graves, pero hay que delimitar la naturaleza, muchas veces se produce que niños y adolescentes, que hay problemas conductuales, por ejemplo, pero también tenemos los casos graves que puede ser que el niño puede ser víctima de abuso sexual, de maltrato, de trata”, expresó.
Esta situación es la que pretende corregir esta nueva normativa, de ser sancionada por el Congreso. “Nosotros no sabemos las circunstancias y esa subclasificación de los motivos es lo que no tenemos de una forma precisa. Esto es lo que viene a corregir este proyecto de ley”, puntualizó.
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Diputados aprueba con modificaciones proyecto que eleva penas por sustraer energía eléctrica
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, este miércoles se aprobó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 173 de la Ley Nº 1.160/1997 - Código Penal”, que refiere al hecho punible de sustracción de energía eléctrica. La propuesta que cuenta con media sanción fue resultado de una fusión de dos proyectos provenientes del Senado, el documento que fue modificado vuelve a la cámara de origen.
En comunicación con el programa Así son las Cosas, que se emite por Universo 970 y GEN de Nación Media, el diputado Derlis Rodríguez explicó las modificaciones que planteó a sus colegas y que fueron aprobadas por el plenario.
Indicó que las modificaciones que se pretende en el artículo 173 establecen que la conducta de sustracción de energía eléctrica, tipificada ya con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, será castigada con esta nueva ley con pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto.
“Bajo el acompañamiento técnico de la Ande, se propuso una nueva redacción que vino del Ejecutivo, en su momento el Senado, pero ahí cercenaron principalmente lo de la sustracción para poder disminuir la pena. Y toda la parte fundamental de todo este proyecto fue dejado de lado. Sobre lo que hace a la incautación de las máquinas que hoy no se está haciendo”, indicó.
Volver a la propuesta original
Cuando se analizó en comisiones de la Cámara Baja, previo a su estudio en el plenario, el legislador Rodríguez planteó volver a tener en cuenta la propuesta original. Indicó que la ley vigente planteaba sanciones de manera genérica, con penas que iban de 6 meses a 3 años con penas privativas de libertad.
Ahora, indicó que con la modificación aprobada por Diputados, se estableció pena carcelaria de entre dos y diez años, más el comiso de los elementos o dispositivos utilizados para el efecto. Teniendo en cuenta que actualmente las granjas de criptominería están en locales alquilados y como las máquinas no son propiedad del arrendatario, por tanto no se puede incautar.
“La sustracción de la energía eléctrica se hace a través de una cuenta corriente que tiene cada persona que solicita a la Ande. Entonces, se le procesa al que es titular y supuestamente el que trae las máquinas e instala esas granjas son como un alojamiento nada más y cuando se hace el procedimiento de intervención, no se incautan las máquinas, porque son del dueño del local”, indicó.
Agregó que se busca desalentar que la gente que se embarque en esta travesía de instalar granjas de criptominería, ya que la legislación actual no contempla sanciones severas o en todo caso se exponen a un riesgo mínimo.
“Con esta ley que ya tiene media sanción, cuando se allana e incautan entregando a la Ande, buscamos desalentar y también buscamos que el Estado deje de perder, porque hoy la pérdida es de casi 100 millones de dólares”, comentó.