El director paraguayo interino de Itaipú Binacional, Federico González, abogó por la estabilidad política en el país ante el planteamiento del juicio político por parte del sector opositor contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el segundo del Ejecutivo, Hugo Velázquez. Alegó que de la calma dependerá la sustentabilidad y el desarrollo de Paraguay mediante las inversiones.
“Lógicamente está el escenario político, bajo ningún concepto puede ser descuidado porque representa la continuidad o no de un Gobierno. La estabilidad política siempre es sumamente importante no solo a nivel interno, sino externo, para las propias inversiones que puedan llegar a sustentar e impulsar el desarrollo económico del país”, mencionó.
Actualmente, en la Cámara de Diputados continúa el planteamiento de enjuiciar a ambas autoridades. Legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se encuentran en busca de los votos necesarios para alcanzar la mayoría requerida de 53 votos, a la par de elaborar el libelo acusatorio, cuyas causales principales estarán basadas en los hechos de corrupción, según habían anunciado.
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Por otra parte, González manifestó que, además de salvar la situación sanitaria, es preciso superar la crisis económica, que se profundizó con la pandemia del COVID-19. Esto a pesar de que Paraguay fue uno de los países que no sufrió mayores daños en su sistema financiero.
“La prioridad siempre es y será la salud de la población, puesto que estamos en una situación de crisis no solo como país y como región, sino todos los países del mundo están atravesando. Nosotros queremos ir salvando esta situación primero epidemiológica, la situación económica, que no es poca cosa, a pesar de que en la región es el que menos efecto tuvo, pero tenemos que mantener esa línea porque esto no culminó”, refirió en comunicación con la radio 1080 Am.
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Itaipú: 52 años del tratado que evitó otro conflicto bélico
- Por Lourdes Torres
- lourdes.torres@nacionmedia.com
Se cumplieron 52 años del mayor éxito diplomático del gobierno paraguayo, la firma del Tratado de Itaipú, que no solo sellaba el pacto de amistad y cooperación con Brasil, sino que ponía punto final a un largo conflicto de límites con el vecino país que incluso se arrastraba desde la época colonial. Historiadores destacan que este tratado también evitó que Paraguay y Brasil se volvieran a levantar en armas a casi 100 años de culminada la Guerra de la Triple Alianza.
El 26 de abril de 1973 se firmaba el Tratado de Itaipú, más allá de la colosal hidroeléctrica que es una de los más grandes del mundo, existe por detrás una historia intrincada, previa a su construcción que muy poco es recordada y cuyos orígenes datan de la época colonial y que, en la década de los años 60, volvió a generar un grave conflicto entre ambas naciones al punto de casi desatar una nueva guerra por los límites fronterizos.
El profesor e investigador histórico Eduardo Ortiz Mereles señaló a LN/NM que la falta de una definitiva demarcación de límites entre lo que fueron las posesiones españolas y portuguesas en la época colonial arrastró más de un siglo y medio después, un serio problema diplomático entre Paraguay y Brasil.
“En efecto, los límites entre Brasil y Paraguay fueron tratados ya por España y Portugal, a lo largo del siglo XVIII. Tras la Guerra de la Triple Alianza, ambas naciones firmaron el Tratado de Paz (Loizaga–Cotegipe) se estableció que los límites entre ambos países será el cauce del río Paraná, desde el río Yguazú hasta el Salto Grande de las Siete Caídas (Saltos del Guairá). El problema es que la palabra “hasta”, no incluye ni excluye el salto para ninguno de los dos países. En consecuencia, se llegó al siglo XX y los Saltos del Guairá quedaron en tierra de nadie", comentó.
Este problema llegó a los años 1960 donde se agravó el conflicto con el Brasil. Para esa época, ya habían estudiado el potencial hídrico que tenía el río Paraná. Desde siempre el Gobierno brasileño se caracterizó por el desarrollo de su país pensando en el futuro de su nación.
LOGRO DIPLOMÁTICO
El historiador Claudio Velázquez señaló que la firma del Tratado de Itaipú fue un gran logro diplomático para ambos países que arrastraban un largo conflicto por los límites, que luego se sumó el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Paraná.
Coincidió con Ortiz que en octubre de 1965, el conflicto se agravó cuando Brasil ocupó militarmente con la fuerza una zona de Puerto Renato, que le correspondía al Paraguay, apresando a una Comisión Nacional de Demarcación de Límites en la zona de Saltos del Guairá, entre los apresados recordó que estuvo Conrado Pappalardo.
“Este fue el punto tenso que se llegó y casi lleva a ambos países a levantarse nuevamente en armas. No obstante, hay que decirlo, que en ese momento el Gobierno paraguayo supo sacar provecho de la hegemonía estadounidense, apoyándose en eso es que se logra decir al Brasil que se siente a negociar con Paraguay de manera diplomática y no en armas”, remarcó Velázquez.
En esta época coincidió con la Guerra Fría, donde Paraguay y Brasil eran aliados estratégicos de EE. UU., a quien no le convenía tener a dos aliados enfrentados. Es así que en junio de 1966 se firmó el acta de Foz de Yguazú que es el antecedente más importante del Tratado de Itaipú.
Más allá de las controversias que existen con respecto al pago de la energía y las cesiones con respecto al Anexo C, así como las críticas a la sobrefacturación de la construcción de la hidroeléctrica que terminó siendo más caro de lo presupuestado, pero fue un logro importante para el país.
“En el caso de la obra de Itaipú de 2.033 millones de dólares, pasó a costar un aproximado de 20.000 millones de dólares, hablamos de mucho dinero más de lo previsto y la deuda que significó para el Paraguay. La construcción dinamizó la economía del país, todo ese dinero, pero no se invirtió suficientemente en infraestructura y desarrollo industrial, sino que fueron unos recursos no muy bien administrados”, agregó.
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Abren licitación para la construcción del Hospital General del Chaco
Oficialmente, se dio inicio al llamado a licitación del Gobierno del Paraguay, a través de la Itaipú Binacional, que seleccionará la oferta para la contratación de servicios de elaboración del anteproyecto, proyecto ejecutivo y construcción del Hospital General del Chaco en la ciudad de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón.
El proyecto de la construcción del Hospital General del Chaco fue anunciado en febrero pasado por el presidente de la República, Santiago Peña. El centro asistencial estará ubicado en el corazón del Chaco paraguayo y será financiado con los recursos obtenidos tras el acuerdo tarifario de Itaipú con Brasil.
La convocatoria incluye la provisión de todos los equipos, mano de obra y materiales para la ejecución de los trabajos, en el marco de la misión de responsabilidad social de Itaipú y de la cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
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El futuro hospital contará con una superficie construida de 11.617 metros cuadrados y demandará una inversión estimada de 20.000.000 de dólares. El plazo de ejecución previsto es de 21 meses.
Para la aplicación de este proyecto de manera efectiva, existe un cronograma con fechas clave, como la visita técnica obligatoria que está prevista para el 8 de mayo, la charla informativa para el 6 de mayo en el salón auditorio de la avenida España, Asunción, y la recepción de ofertas será el 28 de mayo en la sede de Itaipú en Hernandarias.
Proyecto
El complejo del centro asistencial incluirá consultorios, quirófanos para cirugías generales y de maternidad, estacionamientos diferenciados, áreas verdes, un helipuerto, una planta de tratamiento de efluentes y un sistema automatizado contra incendios.
Actualmente, el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia carece de servicios esenciales como terapia intensiva para adultos, pediátrica y neonatal. La nueva infraestructura tendrá 65 camas censables y áreas de internación, además de servicios de urgencias, ginecología, laboratorio, diagnóstico por imágenes, diálisis y farmacia.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza otra chicana de abdistas
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
ANTECEDENTES
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.